El magistrado Jorge Salas Arenas replicó a la lideresa de Fuerza Popular por deslizar que el JNE participó de una “operación política” que evitó su triunfo electoral en 2021
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, replicó este lunes a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por revivir el discurso del fraude durante la segunda vuelta electoral de 2021, a raíz de unas declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva.
“Esta deber la quinta o sexta versión que tiene la señora sobre esta materia. Son cuestiones de su entera idea o criterio, pero […] sería absolutamente falso [lo dicho por Villanueva] porque jamás he complotado ni me he puesto de acuerdo para perjudicar o beneficiar a alguien”, dijo el magistrado en una entrevista difundida en Canal N.
Según un informe de Punto Final, el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, declaró que hubo una “estrategia” para evitar que Fujimori ganara los comicios en los que se enfrentó a Pedro Castillo. “Rafael Vela [coordinador del equipo Lava Jato] me daba las noticias de lo que se dice desde dentro del JNE, y también me hablaba de la estrategia del JNE estaba diseñando para que no salga [elegida la lideresa naranja]”, dijo ante el Ministerio Público.
La opositora consideró “gravísimo” lo expuesto por Villanueva e indicó que se trata de una “nueva evidencia de que Vela y su equipo habrían formado parte de una operación política” en su contra “que también incluiría al JNE”, una versión que fue rechazada por Salas Arenas.
“Aquí hay varias cosas que están salidas de tono y que, probablemente, se las ha inventado el señor Villanueva, no sé con qué finalidad. Lo que es auténtica e inobjetablemente cierto es que las elecciones fueron auditadas por la observación internacional especializada, que concluyó que fueron limpias y transparentes. Más allá que eso, ya no hay”, remarcó.
El jefe de JNE negó ser un allegado de Vela, como mencionó en su testimonio el exasesor. “Al doctor lo conozco desde que vine a Lima, muy esporádicamente. Alguna vez dirigí un programa en Justicia TV [canal producido por la Suprema Corte de Justicia] e invitaba a especialistas sobre temas penales. Alguna vez lo invité. No hay una cercanía, pues. [Eso] es mucha fantasía”, dijo.
En otro momento, además, le recordó a la lideresa naranja que en el siglo pasado fue detenido el extitular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Portillo, quien organizó los comicios que permitieron en 2000 la segunda reelección de su padre, el exdictador Alberto Fujimori. Portillo fue implicado en la falsificación de más de un millón de firmas del Frente Independiente Perú 2000, que formó la alianza política de Fujimori para su inscripción ante el JNE.
El exautócrata, condenado a prisión por crímenes de lesa humanidad, pretendía gobernar por cinco años más, con lo que completaría 15 consecutivos como presidente, algo inédito en el país. “No es posible, hoy en día, hacer fraudes electorales. El último fraude del que tenemos noticia fue el de la re-reelección en el que participó el que entonces representaba a la ONPE. Además, estuvieron procesados los miembros del JNE que se sometieron a Vladimiro Montesinos [exnúmero dos del régimen]. Esos son fraudes, los que se hacen desde el aparato del poder”, apuntó.
Previamente, en diálogo con RPP, Salas Arenas ya había indicado que “algo se debe estar preparando con la finalidad de distraer, ya que no hay ninguna acción que pudiera ser calificada como ilegal en el proceder del organismo electoral y sus autoridades”.
“No ha habido confabulaciones, ni maquinaciones, ni ningún otro truco, ni trampa con la finalidad de favorecer o perjudicar a nadie, ese no es el estilo de trabajo, ni de quien habla, ni de los miembros del JNE […] Nosotros damos la legitimidad de origen, no damos legitimidad de desempeño a nadie. Los congresistas y los miembros del Ejecutivo que fueron elegidos lo fueron porque el pueblo votó por ellos”, zanjó.
En septiembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acogió la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otorgó medidas provisionales de protección para el jefe del JNE y su entorno familiar, debido a la “situación de riesgo extremo” en que se encuentran.