Salas Arenas indicó que desde 2021 hay más de 3 mil publicaciones en redes sociales contra el JNE, desde cuentas “troll” y personales. Los congresistas Jorge Montoya y Rosselli Amuruz serían algunos de los autores
Salas Arenas indicó que “los congresistas, que son más o menos 40, adelantan su opinión sin problema y luego van a querer ser jueces de los jueces electorales”
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, indicó que tras realizar un “mapeo” en redes sociales, ha detectado que desde cuentas trolls y personales, desde el 2021, se han hecho más de 3 mil publicaciones con discursos de odio en contra de él y de su institución.
Lo más preocupantes de esto es que, según dijo, habría congresistas que se dedican a esta labor.
“Hemos mapeado a un grupo de doce atacantes con cuentas personales y 35 cuentas troll desde mayo del 2021. Estos últimos han producido 3 088 publicaciones con ofensas, ataques, amenazas, estigmatizaciones diversas”, señaló.
“(Hay) 12 cuentas personales (que) también tienen publicaciones violentas, con discursos de odio y estigmatización. Algunas son cuentas personales de congresistas, pero no solo de ellos sino de personas que dedican su tiempo porque han producido 783 publicaciones desde mayo del 2021. Esta gente seguramente trabaja en alguna cosa, salvo que sean personas contratadas para atacar y acosar”, añadió.
Dentro de estas cuentas personales que se dedicarían a propalar esos mensajes, Salas Arenas mencionó a las de Jorge Montoya (Renovación Popular) y Rosselli Amuruz (Avanza País).
“Más que bancadas, hay congresistas que atacan con mucha frecuencia. ¿Cómo cuáles? Es público y notorio que se trata del señor (Jorge) Montoya, también la señora vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, que se dedica a eso, tiene buen tiempo dedicado al tema”, precisó.
“La señorita Amuruz no es muy clara en sus ataques, pero lo hace. Estaba también el señor congresista que ha fallecido, Hernando Guerra García, y hay otros”, agregó.
Cabe resaltar que Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, presentó una denuncia contra el presidente del JNE ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en febrero de este año, en la que lo acusó de infringir la Carta Magna al haber contratado a Fernando Tuesta Soldevilla, supuestamente, vulnerando la Ley de Contrataciones del Estado.
“Se pronuncian adelantando opinión”
Asimismo, Salas Arenas señaló que “un poco más de 40 congresistas han presentado distintos proyectos de ley para afectar la funcionabilidad del JNE, cambiando la Constitución y en contra de los intereses de la democracia”.
Sin embargo, apuntó que estos parlamentarios promueven acusaciones constitucionales en su contra, adelantando opinión y vulnerando abiertamente el debido proceso.
“El Parlamento es el lugar donde los políticos están reunidos y ahora quieren hacer un juicio político contra lo que la CIDH ha señalado: que los jueces no deben ser objeto de juicios políticos”, resaltó.
“Los señores congresistas (…) adelantan su opinión sin problema y luego van a querer ser jueces de los jueces electorales. Eso es una clara violación al principio del debido proceso: los jueces no pueden ser parte del problema, el juez no puede juzgar a sus enemigos, a sus parientes, a sus deudores o acreedores. Estas personas están descalificadas, por sus ataques, para juzgar a los jueces electorales”, sostuvo.
Por otro lado, el presidente del JNE se pronunció acerca de la cantidad de efectivos policiales que están encargados de su seguridad personal. En ese sentido, explicó que 18 agentes están destacados a esta labor actualmente, cifra que aumentó tras la recomendación de la Corte IDH.
“Aquí hay una leyenda negra, promovida, entre otros, por el señor Montoya. Cuando quien habla ingresó al JNE, le correspondían 11 policías de resguardo (…) Luego sobrevinieron los ataques que merecieron mi intervención en la Corte IDH. Entonces, esta seguridad se elevó a 18, que son 9 por día. Cuando eran 11, eran 5 por día, más un encargado”, explicó.
“Esta leyenda que ha tejido alguna gente interesada tiene la finalidad de desarmar el dispositivo de seguridad personal (…) porque ha habido un historial de ataques registrados que la PNP ha mal investigado y que el Ministerio Público estuvo mal investigando (…) y que a raíz de la intervención de la Corte IDH es que se han puesto a mirar las cosas con más prudencia”, puntualizó.
