Carlos Rodas Quintana, exmilitante de APP y secretario académico en una universidad fundada por César Acuña, fue nombrado por la Defensoría del Pueblo en importante puesto en Lambayeque.
Con la firma del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, Carlos Andreé Rodas Quintana fue designado como nuevo jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque. El proceso podría parecer rutinario, pero hay un detalle relevante: Rodas Quintana ha estado vinculado a César Acuña a través de su militancia en el partido Alianza para el Progreso. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), ha estado afiliado a APP desde 2006 y solo dejó de estarlo hace unas pocas semanas.
“El Dr. César Acuña está luchando contra todos los políticos que tuvieron la oportunidad de trabajar por nuestra gente, pero no hicieron nada. Estimado Dr. César Acuña, vamos a apoyarlo para que logre el objetivo de ser el nuevo presidente del Perú y devuelva la esperanza a los peruanos más necesitados, pues lo que necesita nuestro país son más acciones que palabras”, publicó Rodas Quintana en sus redes sociales, en un claro respaldo al actual gobernador regional durante su campaña presidencial de 2021.
La trayectoria académica de Rodas Quintana también guarda relación con César Acuña. Obtuvo su título de abogado y su grado de maestría en la Universidad Señor de Sipán (USS), institución en la que actualmente se desempeña como secretario académico, según coloca en sus redes sociales. Como se sabe, la USS fue fundada por César Acuña, quien mantiene una influencia directa en esta casa de estudios.
Intrigados por el caso de Rodas Quintana, intentamos comunicarnos con Josué Gutiérrez para consultarle si tenía conocimiento de los vínculos entre el funcionario designado y Alianza para el Progreso. Al cierre de esta nota, el defensor del pueblo no respondió a nuestros llamados.
Designación de Rodas Quintana como jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque.
Sería la segunda oficina de Defensoría con injerencias de APP
Un informe emitido por la Contraloría General de la República reveló que la Defensoría del Pueblo, dirigida por Josué Gutiérrez, realizó contrataciones irregulares al incorporar a dos funcionarios con vínculos políticos con Alianza para el Progreso. Se trata de Juan José Canales Durand, exjefe de Gabinete, y María del Carmen Olórtegui, actual responsable de la Oficina Defensorial en La Libertad. Según el documento, ambos fueron designados sin acreditar plenamente los requisitos exigidos para los cargos que asumieron, lo que representa una transgresión a las normas que rigen el acceso a la función pública.
Además, la Contraloría señaló que tanto Canales como Olórtegui mantenían activa su afiliación a APP mientras ejercían funciones dentro de la Defensoría, contraviniendo el principio de neutralidad exigido a quienes ocupan cargos de confianza en el Estado. En el caso de Olórtegui, su vínculo partidario se mantuvo desde julio de 2023 hasta marzo de 2024. En paralelo, el informe también advierte que la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano no tomó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la directiva que prohíbe la afiliación política en estos casos.
Consultado por La República en su momento, Josué Gutiérrez afirmó que aún no había revisado el informe, aunque prometió evaluarlo con seriedad y tomar decisiones oportunas si fuera necesario.
