La Corte Suprema de Chile resolvió ampliar la extradición del exmandatario por el caso de esterilizaciones forzadas, además de otros cuatro referidos a secuestro agravado, homicidio calificado y lesiones graves seguidas de muerte.
La solicitud de ampliación de extradición de Alberto Fujimori por parte del Estado peruano data de septiembre de 2021
La jueza Andrea Muñoz Sánchez, ministra de la Corte Suprema de Chile, aprobó, en primera instancia, ampliar la extradición del exmandatario Alberto Fujimori para que sea procesado por la justicia peruana por el caso de esterilizaciones forzadas y otros cuatro más referidos a secuestro agravado, homicidio calificado y lesiones graves seguidas de muerte.
En ese sentido, la judicatura chilena dispuso acceder a las solicitudes de ampliación de extradición que formuló la embajada peruana en dicho país en septiembre del 2021 para que Fujimori Fujimori pueda afrontar los respectivos procesos penales referidos a la comisión de los presuntos delitos señalados en el Poder Judicial nacional.
¿Por qué casos podría ser procesado Fujimori tras la ampliación de extradición?
Según resolvió la Corte Suprema de Chile, el expresidente será procesado por su presunta responsabilidad en la comisión de “lesiones graves seguidas de muerte” en agravio de María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Aucapiña (…), Reynalda Betalleluz Aguilar, María Genoveva Espínola Otiniano y Celia Ramos Durand, y por lesiones graves en agravio de Victoria Vigo Espinoza y otras en el caso “esterilizaciones forzadas”.
Además, por el presunto delito de secuestro agravado y homicidios calificados contra Mariano Ventocilla Rojas, Rafael Ventocilla Rojas, Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla Castillo, Paulino Ventocilla Castillo y Rubén Ventocilla León. Estos habrían sido llevados a cabo por el grupo Colina en Huaura, en junio de 1992.
También por homicidios calificados en agravio del emerretista Nicolás Cruz Sánchez y otros, por las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el operativo de rescate de rehenes en la casa del embajador de Japón, ocurrido en abril de 1997.
Asimismo, por el homicidio calificado de Jorge Bardales Rengifo y otras 39 personas y lesiones graves contra Margot Liendo Gil, Victoria Trujillo Agurto, Aydé Chumpitaz Luyo, Marcela Ríos Vera, Gertrudis Beuer y Julián Ronceros Solano. Esto por el caso penal Castro Castro, hechos que ocurrieron en mayo de 1992, durante el traslado de dicha penitenciaria de sentenciados y procesados por su vinculación a la organización terrorista Sendero Luminoso.
Finalmente, Alberto Fujimori también sería procesado por el secuestro agravado de Arturo Moreno Alcántara y otros por el caso Los Cabitos.
No obstante, la judicatura chilena rechazó el requerimiento del Estado peruano para que se amplie la extradición de Alberto Fujimori para que pueda ser juzgado en nuestro país por los casos de suministro ilegal de armas de fuego para la guerrilla colombiana de las FARC, un caso de asociación ilícita para delinquir y peculado por encontrarse prescrito estos delitos y por lo referente a “revelación de secretos de interés nacional en agravio del estado peruano” por “no configurar los hechos denunciados al tipo penal investigado”.
Cabe resaltar que de presentarse una apelación por parte de la Estado peruano o de la defensa legal del expresidente Fujimori frente a lo resuelto por la ministra Andrea Muñoz Sánchez, originará que la resolución emitida por dicha magistrada sea remitida a una de las salas de la Corte Suprema de Chile para que la revise, a fin de que emita una decisión final respecto a la situación legal del exmandatario respecto a estos procesos.
CIDH urgió a Perú tomar medidas por esterilizaciones forzadas
Cabe resaltar que en diciembre del 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Perú a tomar “medidas urgentes” para las víctimas que sufrieron esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori.
A través de un mensaje en la red social X, la CIDH dijo estar preocupada por la “decisión de sala de la Corte Suprema de Justicia que anuló el Auto de Apertura de Instrucción contra Alberto Fujimori y otras autoridades por las esterilizaciones forzadas contra mujeres cometidas en contexto de graves violaciones de derechos humanos”.
“Preocupa los efectos en la celeridad, debida diligencia reforzada que se debe observar en casos de violencia de género y y acceso a la justicia de las víctimas. La CIDH urge al Estado adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres”, señaló la entidad supranacional.
Esta exhortación de la CIDH se realizó en el contexto en que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia nacional resolvió que el proceso penal por las esterilizaciones forzadas vuelva a la Fiscalía Supraprovincial de Casos de Violación de Derechos Humanos para que formule una nueva denuncia penal.
Esta decisión fue tomada por el Poder Judicial tras la demanda de acción de amparo presentada ante la Segunda Sala Civil de Lambayeque por el exministro de Salud del gobierno fujimorista y actual congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, para dejar sin efecto la resolución que dispone que sea investigado judicialmente en este caso.
En ese sentido, la justicia peruana indicó que la Fiscalía debía presentar una nueva denuncia por este caso, tal como hizo en octubre del 2018, tras 16 años de investigaciones preliminares.
Vale resaltar que, según datos oficiales del Registro oficial de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Estado peruano registra y reconoce, hasta la fecha, a 5 097 mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, entre 1995 y el 2001.
Fuente: RPP
