Cuando el poder comienza a trazar una línea entre quienes están de su lado y quienes supuestamente están contra el país, el debate democrático corre el riesgo de convertirse en una confrontación de lealtades. La lucha contra la delincuencia exige firmeza, pero también respeto, tolerancia y responsabilidad política.
Por Mudo Social
La presidenta Keiko Fujimori ha expresado su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, tras el altercado protagonizado por este y el senador Iber Maraví durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado. En sus declaraciones, la mandataria calificó lo ocurrido como una agresión verbal y aprovechó la ocasión para plantear una disyuntiva: estar del lado de la violencia o de la paz, de los agresores o de las víctimas, de Sendero Luminoso o de las Fuerzas Armadas.
La lucha contra la criminalidad constituye, sin duda, una de las principales preocupaciones de los peruanos. Ningún gobierno puede desentenderse de la obligación de proteger la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, cuando corresponda conforme a sus competencias, y las instituciones de justicia necesitan respaldo para cumplir sus funciones dentro del marco constitucional.
Sin embargo, precisamente porque la seguridad ciudadana es un asunto de enorme importancia, merece un debate público que no quede reducido a una división entre quienes respaldan al Gobierno y quienes son presentados como adversarios de sus objetivos.
Una democracia no funciona mediante la obligación de pensar de una misma manera. Funciona reconociendo que personas con distintas ideas, posiciones políticas y concepciones del país pueden discrepar, cuestionar decisiones oficiales y exigir explicaciones sin que, por ello, deban ser colocadas automáticamente en el campo de los enemigos.
La tentación de dividir a la sociedad
En la historia política, la construcción de un adversario interno o externo ha sido utilizada en distintas circunstancias para simplificar problemas complejos y reunir apoyos alrededor del poder. Frente al miedo, la inseguridad o la incertidumbre, presentar una división entre los buenos y los malos puede resultar políticamente eficaz: ofrece respuestas sencillas, identifica responsables y plantea la necesidad de cerrar filas.
Pero que una fórmula retórica pueda generar adhesiones no significa que sea la más conveniente para la democracia.
La delincuencia organizada, la extorsión, los asesinatos y las amenazas requieren políticas públicas eficaces, inteligencia policial, investigación criminal, coordinación entre instituciones, fiscales y jueces que puedan actuar con independencia, y un sistema penitenciario capaz de impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
Ninguno de estos desafíos se resuelve únicamente mediante discursos de confrontación. Tampoco se debilita la lucha contra el delito por el hecho de que un parlamentario cuestione a un ministro o exija explicaciones sobre una política gubernamental.
La discusión política puede ser áspera y, en ocasiones, incómoda. Lo importante es distinguir entre una conducta efectivamente violenta, una ofensa personal y el ejercicio legítimo de la crítica. No son situaciones equivalentes y no deberían recibir el mismo tratamiento.
Por supuesto, la libertad de expresión no convierte cualquier insulto o amenaza en una conducta aceptable. Las autoridades tienen derecho a reclamar respeto, al igual que los ciudadanos y sus representantes. Pero ese respeto debe ser recíproco y no puede transformarse en una exigencia de silencio frente al poder.
«Los perros ladran»: una frase que merece reflexión
Al respaldar al ministro Astudillo, la presidenta recurrió a una expresión conocida: «Los perros ladran, esa es una señal de que estamos avanzando».
La frase, empleada para responder a las críticas, puede interpretarse como una forma de expresar determinación frente a los cuestionamientos. Sin embargo, también plantea una cuestión importante sobre la relación entre el poder y sus críticos.
En una sociedad democrática, las voces discrepantes no deben ser tratadas como ruido que el Gobierno puede ignorar ni como obstáculos que necesariamente deben ser apartados. La crítica puede ser injusta, exagerada o equivocada; también puede revelar errores, abusos o deficiencias que el poder no ha advertido o no desea reconocer.
Por eso, una autoridad democrática necesita algo más que convicción. Necesita capacidad para escuchar, responder con argumentos y aceptar que sus decisiones sean sometidas al escrutinio público.
Cuando las discrepancias se descalifican en lugar de responderse, se pierde una oportunidad para fortalecer las instituciones. Y cuando quienes ejercen el poder interpretan toda crítica como una señal de hostilidad, se corre el riesgo de confundir el respaldo ciudadano con la ausencia de cuestionamientos.
La fortaleza de una autoridad no se demuestra únicamente por su capacidad para confrontar a sus adversarios. También se demuestra por su disposición a explicar sus decisiones y respetar a quienes no comparten sus posiciones.
No podemos olvidar el pasado reciente
La política peruana ofrece numerosas lecciones sobre los riesgos de la confrontación permanente. Durante años, las mayorías parlamentarias y los gobiernos mantuvieron relaciones marcadas por disputas, bloqueos, acusaciones y enfrentamientos que debilitaron la confianza ciudadana en las instituciones.
Las fuerzas políticas que han contado con una posición mayoritaria en el Congreso han tenido una responsabilidad especial en el funcionamiento de ese poder del Estado. La mayoría permite aprobar iniciativas y orientar decisiones, pero no concede un derecho ilimitado a imponer criterios ni elimina la obligación de escuchar a las minorías.
Este principio debe aplicarse a todos, independientemente del partido que gobierne o de la bancada que tenga mayor representación.
Quienes ayer reclamaban respeto a sus posiciones frente a una mayoría adversa no deberían considerar hoy que la discrepancia constituye una deslealtad. Del mismo modo, quienes cuestionan actualmente al Gobierno deben reconocer que el debate democrático exige argumentos, responsabilidad y respeto por las personas.
No se trata de afirmar que todas las fuerzas políticas actúan de la misma manera ni de ignorar las diferencias entre sus decisiones. Se trata de recordar que las reglas democráticas deben conservar su validez incluso cuando cambian las mayorías y los protagonistas del poder.
La democracia no puede convertirse en una herramienta que se defiende cuando favorece a unos y se relativiza cuando beneficia a otros.
Combatir el terrorismo y la delincuencia sin deslegitimar la discrepancia
La referencia al Movadef y a Sendero Luminoso introduce una cuestión particularmente delicada. La sociedad peruana conoce las graves consecuencias de la violencia terrorista y tiene razones para rechazarla. La memoria de sus víctimas exige verdad, justicia y respeto.
Pero precisamente por la gravedad de esa historia, las acusaciones de vinculación con organizaciones terroristas deben formularse con responsabilidad y sustentarse en hechos verificables.
No es lo mismo defender una organización terrorista que cuestionar a un ministro, discrepar de una política de seguridad o fiscalizar al Poder Ejecutivo. Confundir estas categorías puede perjudicar el debate público y desviar la atención de las responsabilidades concretas que deben investigarse.
La lucha contra el terrorismo y la criminalidad necesita instituciones sólidas, información confiable y actuaciones ajustadas a la ley. No requiere que todos los ciudadanos compartan una misma posición política.
En democracia, el Estado debe perseguir los delitos y proteger a las víctimas sin convertir la discrepancia legítima en motivo de sospecha. La responsabilidad penal no puede establecerse por afinidades supuestas, etiquetas políticas o diferencias ideológicas, sino mediante los procedimientos y las pruebas que correspondan.
La defensa de la seguridad y la defensa de las libertades no son objetivos incompatibles. Por el contrario, ambas forman parte de las obligaciones de un Estado democrático.
El respeto debe comenzar por quienes ejercen el poder
La tolerancia política no consiste en aceptar pasivamente todas las conductas ni en renunciar a las convicciones personales. Consiste en reconocer que los demás tienen derecho a pensar de manera diferente y que las diferencias deben procesarse mediante reglas compartidas.
Quien gobierna tiene una responsabilidad particular en esa tarea. Sus palabras poseen una influencia pública que no es equivalente a la de cualquier ciudadano, porque contribuyen a establecer el tono de la conversación nacional y pueden influir en la manera en que sus seguidores interpretan a quienes discrepan.
Por ello, una presidenta puede respaldar a su ministro, defender la labor de las fuerzas del orden y reclamar respeto para los funcionarios públicos. Al mismo tiempo, debe preservar un espacio para la crítica, la fiscalización y el desacuerdo parlamentario.
Del mismo modo, los representantes de la oposición tienen la obligación de ejercer su función sin recurrir a amenazas, insultos ni descalificaciones personales. La libertad de expresión no elimina la responsabilidad por la forma en que se ejerce.
La exigencia debe ser la misma para todos: respeto a las personas, argumentos para las ideas, pruebas para las acusaciones y responsabilidad por los actos.
Un país necesita acuerdos, no unanimidad
El Perú necesita construir acuerdos básicos para enfrentar la inseguridad ciudadana. Es posible discrepar sobre el alcance de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, sobre las estrategias policiales o sobre el papel de las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo coincidir en que la extorsión debe ser investigada, las víctimas necesitan protección y los responsables deben responder ante la justicia.
La pluralidad no impide alcanzar objetivos comunes. Por el contrario, permite examinar las propuestas desde distintas perspectivas, identificar errores y corregir decisiones antes de que sus consecuencias sean irreversibles.
La unanimidad, además de ser innecesaria, puede resultar peligrosa cuando se convierte en una exigencia política. Si todos deben pensar igual para ser considerados patriotas, cualquier diferencia corre el riesgo de interpretarse como una traición. Y si el debate se organiza exclusivamente alrededor de lealtades personales o partidarias, los problemas concretos de los ciudadanos pueden quedar relegados.
La seguridad no debería ser una bandera para dividir a los peruanos, sino una responsabilidad compartida que permita evaluar resultados, exigir explicaciones y corregir lo que no funciona.
El país necesita firmeza contra el delito, pero también prudencia en el discurso público. Necesita autoridades capaces de actuar y ciudadanos libres para cuestionarlas. Necesita instituciones que no dependan de la unanimidad, sino de la ley, la rendición de cuentas y el respeto a las diferencias.
Una democracia madura no es aquella en la que todos están de acuerdo con el Gobierno, sino aquella en la que quienes discrepan pueden expresar sus ideas sin ser convertidos, por ese solo hecho, en enemigos de la nación.
El desafío de la política peruana no consiste en conseguir que todos se ubiquen en un mismo bando. Consiste en demostrar que, a pesar de nuestras diferencias, podemos compartir un país, defender la seguridad de sus ciudadanos y resolver nuestras controversias sin renunciar a la tolerancia ni a las libertades democráticas.
Porque la paz no se construye obligando a todos a pensar igual. Se construye aprendiendo a convivir, incluso cuando pensamos distinto.
