El país necesita una respuesta firme, coordinada e inteligente contra el crimen organizado. La impunidad, la corrupción y la falta de resultados han debilitado la confianza ciudadana, pero el Estado todavía tiene herramientas para recuperar el control.
La propuesta del exministro Mariano González de convocar al Consejo de Estado para comprometer a todas las instituciones en la lucha contra la inseguridad ciudadana pone sobre la mesa una cuestión fundamental: el combate contra la delincuencia no puede ser responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo ni limitarse a la actuación policial. Se requiere una respuesta articulada de todas las instituciones que conforman el Estado.
Sin embargo, el Perú necesita algo más que reuniones de alto nivel, declaraciones solemnes o discursos que anuncien una guerra contra el crimen. Necesita una estrategia que produzca resultados verificables y permita que los ciudadanos recuperen la confianza en sus autoridades.
Una delincuencia que puede ser combatida
La sociedad peruana ha mantenido históricamente formas de convivencia en las que la violencia extrema no ha constituido una característica generalizada de la vida cotidiana. Esto no significa desconocer la existencia de organizaciones criminales violentas en nuestro país, ni idealizar el pasado. Significa reconocer que el crecimiento de determinadas modalidades de extorsión, sicariato y crimen organizado plantea un desafío que exige respuestas específicas y urgentes.
En los últimos años, la presencia de organizaciones criminales transnacionales y la expansión de economías ilegales han contribuido a modificar el panorama de la inseguridad. En determinados territorios, estas redes han introducido métodos de intimidación y violencia que amenazan a comerciantes, transportistas, empresarios y ciudadanos comunes.
No obstante, sería un error atribuir la delincuencia a una nacionalidad determinada. La criminalidad no tiene pasaporte: existen organizaciones peruanas y extranjeras, así como alianzas entre ellas. El problema debe abordarse identificando a los responsables, sus redes financieras, sus conexiones y sus estructuras de protección, sin convertir la procedencia de las personas en un criterio de sospecha colectiva.
La cuestión central es otra: ¿por qué determinadas organizaciones criminales consiguen operar durante tanto tiempo, amenazar a la población y continuar actuando pese a que sus integrantes y sus actividades pueden ser conocidos por las autoridades?
La impunidad: el principal enemigo de la tranquilidad
Una política eficaz de seguridad debe comenzar por recuperar la certeza de que cometer delitos tiene consecuencias. Cuando una persona denuncia una extorsión y no obtiene protección; cuando una investigación no avanza; cuando una organización criminal continúa amenazando a sus víctimas, o cuando un procedimiento judicial se prolonga sin resultados, la ciudadanía comienza a percibir que el Estado ha perdido capacidad de respuesta.
Esta sensación de impunidad es devastadora. No solamente favorece la expansión del delito: también deteriora la confianza en las instituciones y empuja a las personas a resolver sus problemas por vías que pueden poner en riesgo la convivencia democrática.
Por eso, el país necesita concentrar sus esfuerzos en identificar y capturar a los cabecillas de las principales organizaciones criminales, desarticular sus redes operativas y financieras, recuperar los bienes provenientes del delito y llevar a los responsables ante la justicia con investigaciones sólidas y pruebas suficientes.
No basta con detener a quienes ejecutan las amenazas o cometen los ataques. Las organizaciones criminales pueden reemplazar rápidamente a sus integrantes de menor nivel si sus dirigentes, sus fuentes de financiamiento y sus mecanismos de protección permanecen intactos.
El objetivo debe ser desarticular las estructuras, no producir estadísticas de detenciones que luego no se traduzcan en una reducción efectiva de la criminalidad.
Inteligencia policial y depuración institucional
El Perú necesita fortalecer su capacidad de inteligencia criminal. Las organizaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato, la minería ilegal y el narcotráfico no actúan necesariamente de manera improvisada. Disponen de información, recursos, contactos y mecanismos para identificar a sus víctimas y eludir la acción de las autoridades.
Frente a ello, la Policía Nacional debe contar con equipos especializados capaces de investigar las redes criminales, identificar a sus dirigentes, rastrear sus comunicaciones conforme a la ley, seguir los movimientos financieros y coordinar operaciones que permitan intervenir de manera simultánea sobre los distintos componentes de estas organizaciones.
Pero existe un problema que no puede ser ignorado: la posible infiltración del crimen organizado en las propias instituciones encargadas de combatirlo.
La corrupción policial, cuando existe, puede proporcionar información reservada a los delincuentes, facilitar su fuga, frustrar investigaciones o permitir que determinadas actividades ilegales continúen funcionando bajo protección. Por ello, la lucha contra el crimen debe incluir mecanismos efectivos de control interno, investigación patrimonial, supervisión de actuaciones y sanción de los funcionarios que colaboren con organizaciones criminales.
Esta tarea también debe alcanzar a cualquier funcionario, autoridad o agente público que facilite las operaciones delictivas. No puede haber protección política, administrativa ni institucional para quienes utilizan sus cargos al servicio de intereses criminales.
El Estado no puede exigirle a la ciudadanía que confíe en sus instituciones si no demuestra que está dispuesto a investigar y sancionar la corrupción dentro de sus propias filas.
Cada institución debe cumplir su función
La propuesta de Mariano González de convocar al Consejo de Estado puede contribuir a establecer una dirección común. Pero esa coordinación debe respetar las competencias constitucionales de cada institución y traducirse en responsabilidades concretas.
El Poder Ejecutivo debe establecer prioridades, proporcionar recursos y evaluar los resultados de la política de seguridad. La Policía Nacional debe desarrollar las labores de prevención, inteligencia e investigación que le corresponden. El Ministerio Público debe conducir las investigaciones dentro de sus atribuciones y formular acusaciones sustentadas. El Poder Judicial debe resolver los procesos con independencia, celeridad y respeto al debido proceso.
El Congreso, por su parte, debe contribuir con normas eficaces, fiscalización y una evaluación seria de las políticas públicas, sin convertir la inseguridad en un instrumento de confrontación partidaria.
También corresponde al sistema penitenciario impedir que las cárceles se conviertan en centros de dirección de operaciones criminales, así como garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
En este esquema, la coordinación no significa que una institución deba sustituir a otra ni que las garantías constitucionales deban ser sacrificadas. Significa que cada organismo debe cumplir su función con profesionalismo, oportunidad y responsabilidad, evitando que las fallas de articulación permitan que los delincuentes se beneficien de las debilidades del sistema.
Una estrategia concreta, con plazos y resultados
El país necesita pasar de los anuncios a un programa operativo que establezca objetivos verificables.
Primero, identificar y priorizar las organizaciones responsables de las extorsiones, los asesinatos por encargo y las principales redes criminales, concentrando los recursos en sus dirigentes y estructuras de apoyo.
Segundo, crear equipos especializados de inteligencia e investigación que trabajen coordinadamente, con objetivos definidos, supervisión y evaluación periódica.
Tercero, fortalecer la protección de denunciantes y víctimas de extorsión, porque ninguna estrategia tendrá éxito si los ciudadanos temen denunciar por las represalias que pueden sufrir.
Cuarto, investigar las redes de corrupción que puedan proporcionar protección a los delincuentes, con mecanismos de control independientes y sanciones cuando se acrediten responsabilidades.
Quinto, mejorar la coordinación entre Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y sistema penitenciario, para que las detenciones se sustenten en investigaciones consistentes y los procesos avancen dentro de los plazos legales.
Sexto, evaluar los resultados mediante indicadores públicos: reducción de extorsiones, esclarecimiento de homicidios, desarticulación de organizaciones, condenas firmes, recuperación de activos ilícitos y disminución de la reincidencia.
Estas medidas deben complementarse con prevención social, recuperación de espacios públicos y oportunidades para los jóvenes, pues una política de seguridad sostenible requiere tanto capacidad de sanción como acciones que reduzcan las condiciones que favorecen el reclutamiento criminal.
Recuperar la tranquilidad es recuperar el Estado
El Perú no está condenado a convivir permanentemente con la extorsión, el sicariato y el temor. Pero tampoco recuperará la tranquilidad mediante declaraciones que no vayan acompañadas de decisiones, recursos y responsabilidades.
Si las principales organizaciones criminales mantienen sus redes intactas, si la corrupción les proporciona protección y si las instituciones no consiguen convertir sus intervenciones en investigaciones y sanciones efectivas, la ciudadanía seguirá sintiéndose desamparada.
La respuesta debe ser firme, pero también inteligente. Debe perseguir a los responsables por sus actos y no por su nacionalidad; combatir a las organizaciones y no estigmatizar a comunidades enteras; y actuar con autoridad sin abandonar la legalidad.
La convocatoria de un Consejo de Estado puede ser un punto de partida si permite construir una política nacional sostenida, con objetivos precisos y rendición de cuentas. Lo que el país necesita es que cada institución asuma su responsabilidad y que ninguna pueda esconder sus omisiones detrás de las deficiencias de las demás.
La tranquilidad pública no se recuperará de un día para otro. Pero una estrategia seria, sostenida y libre de complicidades puede debilitar progresivamente a las organizaciones criminales y devolver a los peruanos algo que hoy reclaman con urgencia: la posibilidad de trabajar, emprender y vivir sin miedo.
La seguridad ciudadana no se demuestra con la intensidad de los discursos, sino con la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y hacer cumplir la ley.
