La Misión Internacional de Observación (MIO-Perú) sobre la elección de la Junta Nacional de Justicia del Perú expresó preocupación por el deterioro de su institucionalidad, a través de “distintas formas de interferencia” del Congreso en su funcionamiento.
En un informe preliminar, señaló que “llama la atención el uso reiterado del juicio político dirigido contra todos los integrantes de la JNJ, sin la debida fundamentación” por la comisión de presuntos hechos graves sin que se encuentren establecidos de manera clara.
La misión también alertó sobre la intención de querer llenar las vacantes en la JNJ con mecanismos que van en contra de principios meritocráticos. Se refiere al proyecto que propone que los postulantes a la JNJ que quedaron rezagados en el cuadro de méritos puedan ser considerados suplentes y, de ser necesario, convertirse en titulares. La iniciativa, aprobada en primera votación, es del defensor del Pueblo, José Gutiérrez. Los dos suplentes convocados por la JNJ, Mónica Rosell Medina y Abraham Siles Vallejos, declinaron de asumir las funciones como titulares luego de la inhabilitación de los exmagistrados Inés Tello y Aldo Vásquez. Argumentaron razones de principios.
Además, la misión advirtió que es “preocupante” el avance de proyectos de reforma constitucional sin la debida fundamentación y discusión técnica, que buscan disolver a la Junta. De hecho, en la Comisión de Constitución se aprobó el proyecto que desaparece a la JNJ.
Observaciones de fondo
La misión ha establecido cuatro observaciones. La primera es que el uso reiterado del juicio político contra los integrantes de la JNJ “sin el establecimiento previo y acreditación de causales estrictas” no solamente atenta contra la independencia y autonomía de la institución y del sistema de justicia, sino que incluso pone en riesgo la integridad de las elecciones. Entre sus funciones, la JNJ nombra y ratifica a jueces, fiscales y a los jefes de los organismos electorales, como la ONPE y el Reniec.
Análisis. McFarland estuvo en Lima en el mes de mayo. Foto: difusión
“La información recabada hasta este momento inclina a esta misión a considerar que los procedimientos de juicio político seguidos en contra de integrantes de la JNJ y las decisiones adoptadas en dichos procedimientos han estado lejos de satisfacer las garantías constitucionales de legalidad de la acusación, de un debido proceso y de una decisión fundada en derecho”, dice el informe.
En segundo lugar, estimó que la propuesta de eliminar a la JNJ y reemplazarla con un organismo nuevo es “inconveniente” y que el procedimiento decisorio “es débil desde un punto de vista técnico y democrático”. El informe recordó que la creación de la JNJ se ratificó con una alta votación en un referéndum que tuvo una amplia participación ciudadana y que no tiene sustento que una institución que nació con esa legitimidad sea desaparecida por una decisión parlamentaria.
Tercero, la misión llamó la atención sobre la reforma legal por la cual la Secretaría Técnica de la Comisión Especial ya no será un cargo definido mediante concurso público, sino que será un cargo de confianza del defensor del Pueblo.
Y cuarto, encontró preocupante que se haya alterado la composición de la JNJ antes de decisiones relevantes. Mencionó lo que ocurrió con la no ratificación de Piero Corvetto en la ONPE y la decisión sobre la exfiscal de la Nació Patricia Benavides y su hermana, la jueza Enma Benavides.
La clave
Cuidado. La misión en el Perú estuvo liderada por el exembajador Stephen McFarland. En una entrevista con La República dijo que el caso de Guatemala podía ser una advertencia para el Perú y otros países.
Fuente: La República
