Un miembro de la Armada de EE.UU. intercambia armas con un militar peruano durante un evento de capacitación en Ancón, Perú, 3 de septiembre de 2016.
El Gobierno de Perú refrenda la decisión del Congreso y autoriza la presencia de más de 1000 militares de Estados Unidos en el territorio del país suramericano.
Por medio de dos resoluciones suscritas este miércoles por la presidenta Dina Boluarte, y el ministro del Interior, Vicente Romero, el Ejecutivo peruano ha anunciado el ingreso de las fuerzas norteamericanas en distintas fechas comprendidas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año para realizar “actividades de cooperación de entrenamiento”.
Según lo estipulado en la primera resolución, el primer grupo, compuesto por 25 miembros de las Fuerzas Especiales de EE.UU., llegarán al país suramericano con fusiles, pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, cañones cortos, morteros y escopetas para entrenar a las Fuerzas Armadas de Perú, mientras otro equipo de cinco especialistas en asuntos civiles y un planificador de asuntos civiles estadounidense ofrecerán asistencia en operaciones especiales a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En la segunda resolución, el Gobierno permite el ingreso de “medios aéreos, medios náuticos y personal militar” de Estados Unidos para entrenar a los efectivos en las actividades asociadas con el llamado Ejercicio Militar Internacional “Resolute Sentinel 2023”.
Dos grupos separados, integrados por 42 y 160 militares estadounidenses —este último contará con 9 aeronaves— llegan a Perú para entrenar a sus uniformados en diferentes unidades.
Según los informes, unos 970 efectivos de la Fuerza Aérea, Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales de Estados Unidos participarán con su armamento, aviones, camiones y botes de respuesta rápida en el ejercicio “Resolute Sentinel 2023”.
El aval del Gobierno peruano se produce mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había presentado al principio del mes en curso un informe documentado sobre las “graves violaciones, por parte de militares y policías”, durante las protestas en contra del Congreso y de la presidenta interina.
Para la CIDH, el uso “desproporcionado, indiscriminado y letal” quedó confirmado por el alto número de muertes, de las cuales la mayoría, casi 50, según el organismo, se dieron tras choques con las fuerzas de seguridad pública.
