a Comisión Europea ha dado luz verde este viernes a la revisión del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia con una inversión de más de 1.240 millones. El montante se recoge a través de un nuevo capítulo destinado a mejorar la situación económica de las zonas gravemente afectadas por la gota fría que asoló el pasado octubre algunas zonas de Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, lo ha avanzado en Copenhague (Dinamarca) al término de la reunión entre los ministro de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo). «Buenas noticias con la luz verde por parte de la Comisión de más de 1.200 millones que podremos canalizar para la zona afectada», ha destacado.
La revisión tiene por objetivo cubrir los gastos tras la activación de las ayudas urgentes para reconstruir los municipios afectados y abrirá una fase orientada a su resiliencia y modernización económica. El montante irá destinado a infraestructuras de transporte sostenible, hidráulicas o medioambientales, así como a brindar apoyo al despliegue de una red satelital que permita monitorizar catástrofes naturales, apoyo para la internacionalización de las empresas con un refuerzo del ICEX o de la línea ICO para avanzar en la recuperación económica de Valencia.
En concreto, de esos 1.240 millones, 160 irán a transporte sostenible; 433 a restaurar infraestructuras hídricas, medioambientales y agrícolas; 81 a programas de empleo y dinamización socioeconómica de las zonas afectadas y 325 millones a la prevención mediante la constelación atlántica de satélites-ESCA+. Otros 61 millones irán a parar a los programas del ICEX y otros 181 millones a la línea ICO especial con un componente no reembolsable. De forma paralela, el Gobierno está elaborando un análisis detallado sobre la situación económica de la Comunidad Valenciana once meses después de la tragedia para evaluar la situación y valorar las posibles futuras necesidades.
Asimismo, Cuerpo también ha abordado la propuesta de adelantar las sanciones al gas ruso a enero de 2027, un año antes de lo previsto, situación ante la que confía en minimizar el impacto sobre las empresas españolas. Compañías como Naturgy o Repsol tiene contratos con compañías rusas hasta 2038. «Venimos trabajando con ellas tanto desde la Comisión como desde el Gobierno español para poder ajustar esos calendarios y minimizar sus consecuencias», ha dicho.
El Ejecutivo comunitario ha solicitado acelerar el veto a las compras de gas natural licuado y ampliar las sanciones financieras, incluido el sector de las criptomonedas y el pago con tarjetas en aras de impedir que el Kremlin se financie con métodos de elusión de terceros países. «Este paquete supone un paso más en nuestro paquete de sanciones, en el que vamos coordinados con los principales socios del G7 para elevar la presión sobre Rusia», ha puntualizado para añadir que las organizaciones españolas ya están realizando un esfuerzo adicional para diversificar sus importaciones con la vista puesta en Estados Unidos. Pese a ello, ha pedido esperar a tener encima de la mesa el calendario antes de tomar las precauciones necesarias para que las empresas afectadas puedan avanzar y ajustar todos sus planes.
