El texto señala que el Ministerio de Energía y Minas, a través del Viceministerio de Hidrocarburos, se encuentra identificando y estructurando la información de los activos susceptibles para la realización de procesos de contratación para el sector hidrocarburífero a través de licitaciones públicas.
Estas licitaciones son la vía para adjudicar áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, y son reguladas por el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH).
«En el contexto de los procesos de licitación y adjudicación de bloques hidrocarburíferos previstos para 2025, se plantea un escenario en el cual el Estado ecuatoriano establece, dentro de las condiciones contractuales, el cobro de un pago inicial (“upfront payment”) de la inversión total comprometida por cada concesión. Por este concepto se estima una recaudación de USD 3.986,3821 millones».
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El pasado 15 de agosto de 2025, autoridades del sector hidrocarburífero mostraron, a puerta cerrada a expertos y líderes de la industria, una hoja de ruta con un ambicioso plan compuesto por 49 proyectos en el sector petrolero, que demandará una inversión de USD 47.367 millones.
Dentro de esa presentación, se detalla que los bloques a concesionar, por parte de Petroecuador, bajo la modalidad de «Servicios Específicos Integrados con Financiamiento», son el 31, 12, 48, 7, 21 y 15
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Los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento son aquellos en los que una petrolera privada invierte en el campo y, a cambio, recibe el pago de una tarifa por barril extraído. En este tipo de contratos, el Estado no pierde la propiedad del campo petrolero.
Además, en este tipo de contratos de servicios, usualmente, las contratistas privadas pagan un bono anticipado al Estado por su decisión de dejarlas entrar al campo petrolero.
No es la primera vez que el Estado usa esta figura. En 2015, la administración de Rafael Correa firmó un contrato de servicios específicos integrados con financiamiento con la empresa Schlumberger para el campo Auca que incluyó un bono anticipado de USD 1.500 millones.
El Gobierno de Daniel Noboa también buscó delegar el campo petrolero Sacha, el más producto de Ecuador, a un consorcio chino-canadiense, Sinopetrol. El contrato que se planteaba para Sacha era de participación, con el que Estado pierde la propiedad del campo y solo participa de una parte de la producción, que en el caso de Sacha era de entre el 12,5% al 20%.
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