En lo que ya es el peor año en cuanto a incendios de las últimas tres décadas, y con hasta 350.000 hectáreas quemadas en lo que llevamos de ejercicio (unas 200.000 en los últimos 4 días) según estimaciones de Copernicus, el debate sobre la gestión de los bosques está más vivo que nunca. Incluso, en este contexto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez propuso el domingo un «Pacto de Estado» para responder a la «emergencia climática». Sin embargo, todavía en los despachos nadie le ha puesto el cascabel al gato (al menos públicamente): cuánto va a costar mantener de forma eficiente los bosques y montes, para evitar episodios como el actual. Desde la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) estiman que, si las administraciones públicas quieren gestionar eficazmente los bosques y montes, tendrán que gastarse al menos 1.000 millones de euros al año. «Sin eso, todo el esfuerzo de las personas quedará en cenizas», subrayan.
Desde la Confederación se muestran convencidos de que «los incendios se ‘apagan’ cuando se negocian los presupuestos y se ejecutan las inversiones: ese es el momento dónde se ve el interés real por implantar políticas activas de gestión forestal y dinamización del medio rural que vayan más allá de las políticas de extinción del fuego». En este sentido, sostienen que la inversión pública en la lucha contra los incendios forestales es de «difícil» acceso así como conocer lo que se destina exactamente a la extinción o a la prevención «por la cantidad de competencias repartidas y la escasa claridad de algunas partidas». En este sentido, aseguran que solo Galicia, Extremadura, Castilla – La Mancha y Baleares disponen de suficientes cifras para hacer una estimación aunque imposible a nivel estatal, tal y como informó Ingrid Gutiérrez en este medio hace unos días.Al respecto, hablan de un mayor gasto en prevención a partir de 2019 en Castilla-La Mancha y, en Galicia, desde el siguiente año.
En delaraciones a este medio, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), Miguel Ángel Duralde, también apostaba «por centrar el debate en la gestión de las masas forestales, que de forma mayoritaria tienen déficit de gestión. Están asalvajadas». A estas les atribuía un mayor peligro de incendio y menores servicios sociales, así como menos captura de CO2 y agua de calidad entre otras variables. En este sentido, instaba a «gestionar» y consideraba que se trataba de una solución a medio/largo plazo. A su juicio, «el monteo necesita más dinero» y admite que no entiende por qué «no sé mantiene la cifra de inversión de 2009 que era de unos 1.700 millones de euros».
Por todo lo anterior, y al alimón de la actual ola de incendios, desde la confederación que agrupa a los selvicultores españoles instan a doblar la actual inversión pública en gestión forestal para mantener los bosques y montes españoles. Además de «ayudas y medidas específicas» para prevenir incedios como mejorar el acceso a financiación y ayudas a través de incentivos fiscales o instrumentos comunitarios como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), que es el segundo pilar de la Política Agraria Común (PAC). Los sevicultores también piden incentivos fiscales para aquelos propietaros de bosques o montes, que realicen actuaciones preventivas o cedan el uso de sus parcelas para la gestión con ganado e incluir a este colectivo dentro de ls planes autonómicos de prevención contra incendios, entre otras propuestas.
Según estimaciones de ASEMFO, que se nutre de datos de los ministerios y comunidades autónomas, el presupuesto público en prevención alcanzaba los 175,80 millones de euros en 2022 (último ejercicio del que se tienen datos) mientras que el de extinción superó los 417 millones aquel año. Esta última cifra igual la del ejercicio de 2009, el anterior a los primeros ajustes por la Gran Recesión, y es notoriamente inferior en cuanto a prevención: 364,14 millones de euros se gastaron en este concepto hace 16 años mientras que, en 2022, la cantidad fue de 175,80 millones. Al respecto, desde COSE, lamentan que la ratio de inversión pública en el sector forestal fue de solo el 3,2% respecto al total de la inversión pública: 1.978 millones de euros frente a 33.830 millones.
¿Y los Fondos de Recuperación? Tampoco desde la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) ven suficiente el esfuerzo económico contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuya aplicación concluye en julio del próximo año. Una hoja de ruta que cuenta con 27.948 millones de euros para la transición ecológica. En concreto, apuntan desde esta asociación, el componente (apartado) dedicada a la ‘Gestión Forestal Sostenible’ apenas asciende a un total de 401 millones de euros. A los que se suman otros 32 millones adicionales para este año, aprobados por el Consejo de Minsitros el pasado mes de julio. De ellos, estiman, ya se han transferido algo más de la mitad (entre 200 y 250 millones de euros). Todo ello, para una masa forestal que supone el 55% del suelo en España. Esto son más de 28 millones de hectáreas .
Por su parte, Duralde (ASEMFO) apunta que «gran parte de los ‘Next Generation’ han llegado» aunque lamenta que » a veces» se ha apostado por lo público «para ahorrarse pasos» y señala que la entrada de estas ayudas europeas ya empezaban a engordar las cifras de inversión en 2022 (hasta 1.295, 63 millones) aunque todavía están lejos del presupuesto que se manejaba en 2009 cuando el gasto total incluyendo los dedicados a prevención (364,14 millones) y extinción (417,46 millones) alcanzaba los 1.742 millones de euros. El último ejercicio antes de que las recetas de austeridad de Bruselas recortaran el gasto público. En cualquier caso, Duralde critica que la actividad forestal este siendo «minusvalorada» y asegura que lo idel es que el sector agrario y el forestal fueran de la mano en este tipo de debates.
