La carrera profesional será una realidad para todos los funcionarios de la Comunidad de Madrid a partir de 2026. Con el objetivo de «promover la excelencia en la atención al ciudadano», el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso implantará por primera vez en su historia un nuevo sistema de evaluación del desempeño para cerca de 40.000 empleados públicos desde el próximo año, que ‘premiará’ con un complemento extra en la nomina la productividad de los trabajadores.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado este miércoles el Decreto que regula esta nueva normativa con la que el Ejecutivo regional busca «incentivar el talento y el esfuerzo de los trabajadores públicos», según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.
De este modo, Madrid ha desarrollado un procedimiento pionero en la región mediante el cual medirá con carácter anual y preceptivo el rendimiento de sus trabajadores públicos, que irán ascendiendo en la carrera profesional en función de los méritos que vayan acumulando.
Este desempeño anual, ha detallado García Martín, no solo tendrá efectos en su progresión en la carrera profesional, si no también en la movilidad y la promoción interna, al tiempo que permitirá cobrar un complemento de productividad en la nómina. No obstante, en el caso de que se acumulen repetidas evaluaciones «insuficientes o inadecuadas», también puede provocar el cese o la remoción de su puesto.
En concreto, según consta en el borrador del Decreto, cuando un empleado en un periodo de cinco años consecutivos acumule tres o más evaluaciones del desempeño insuficientes, se iniciará de oficio un proceso de remoción del puesto de trabajo obtenido por concurso de méritos, en el caso del personal funcionario, o se procederá necesariamente al cese si el puesto es de libre designación.
«El procedimiento de remoción en el puesto obtenido por concurso o de cese en el caso de puestos de libre designación se ajustará a lo que al respecto esté establecido en el ordenamiento vigente respecto de estas dos figuras, y el funcionario afectado tendrá las garantías de puesto de trabajo previstas en dicha normativa«, aclara el documento.
