CIUDAD DE MÉXICO — Cuando la clase media mexicana escucha que en 2021 habrá una reforma fiscal se imagina pagando más impuestos. El temor es justificado.

Alrededor del 42 por ciento de los impuestos recaudados en México provienen de los estratos medios de ingreso. Esto se debe a que existen varios impuestos en los que las personas de clase media pagan más que los ricos (quienes ganan en promedio 189.000 pesos o más al mes).

El ejemplo más obvio es el impuesto al valor agregado (IVA), el segundo gravamen más grande de México. Las clases medias pagan en promedio el 7,2 por ciento de su ingreso en IVA, mientras que la clase alta solo el 6,8 por ciento.

El caso de la seguridad social es particularmente grave. Los estratos medios no solo pagan la mayoría de las cuotas, sino que son víctimas de reducciones a sus salarios como resultado de ellas. Estudios han mostrado que las cuotas de seguridad social reducen los salarios de los trabajadores, incluidos los de clase media, hasta en un 67 por ciento porque los empleadores ajustan las remuneraciones a la baja para cubrirlas.

Está claro: el sistema fiscal mexicano es profundamente injusto con la clase media. Y, sin embargo, no hay muchos intentos de esta para pedir una reforma más equitativa

Muchas veces parece que las clases medias son víctimas de una especie de síndrome de Estocolmo: operan políticamente como si estuvieran prendadas de los sectores ricos —sus captores— y defienden que los impuestos no suban para nadie, aún si un incremento de impuestos para los más ricos podría beneficiarlos a ellos.

El primero es que el Estado mexicano despilfarra y que, por ello, no se le pueden dar más recursos hasta que aprenda a gastar bien. El Tren Maya y la refinería de Dos Bocas se ven como ejemplos icónicos de este despilfarro y como razones suficientes para no querer darle más dinero al gobierno.

La realidad, sin embargo, es otra. No alcanza el dinero estatal para hacer despilfarros.

México es un Estado anémico. El país recauda menos impuestos que las Bahamas, un paraíso fiscal, y tiene un gasto en salud pública comparable con el de la África subsahariana. El Tren Maya y la refinería Dos Bocas, cuestan aproximadamente el 1,01 por ciento del presupuesto anual del gobierno mexicano durante el sexenio de López Obrador. Así que se trata de dos proyectos pequeños en la escala presupuestaria. El gasto más grande del gobierno mexicano, en realidad, son las prestaciones y seguridad social de los trabajadores formales, que se llevan aproximadamente el 23 por ciento del presupuesto.

El Estado mexicano no es un niño privilegiado que malgasta su dinero en frivolidades, sino un niño anémico que no puede operar bien, y que ocasionalmente comete el error de comprarse un dulce.

Sin recursos, el Estado no puede gastar bien porque no alcanza para fiscalizar, para pagarle buenos sueldos a quienes trabajan en él ni para tener instituciones profesionales que capaciten a los servidores públicos. Los estados y municipios ofrecen salarios muy bajos y ello les impide atraer talento. Los entes fiscalizadores no tienen suficientes inspectores y auditores para hacer el trabajo. La policía, los paramédicos y los bomberos no tienen capacitación ni equipo suficiente.

Decir que el Estado no debe recibir más recursos hasta que se profesionalice y gaste bien es como pedirle a ese niño desnutrido que sea un deportista de alto rendimiento sin que se le dé mejor alimentación.

El segundo mito del que las clases medias parecen convencidas es que México recauda poco porque hay mucho trabajo informal, algo que también es incorrecto. El malentendido se explica por la definición de “informalidad”. En México se considera informal a toda persona que no paga seguridad social, aunque sí pague impuestos. Una persona puede pagar el 52 por ciento de sus ingresos en impuestos y aún así ser clasificado como informal. La realidad es que los últimos datos disponibles muestran que, de un total de 52 millones de personas que trabajaron en 2015, todas pagaron al menos el 5,4 por ciento de su ingreso en IVA y, además, el 62 por ciento pagó impuestos al ingreso.

Estos malentendidos que comparten muchas personas de clase media benefician sobre todo a los ricos: les permite seguir pagando pocos impuestos, protegidos por una clase media que hace el trabajo de rechazar cualquier intento de los políticos de aumentar los impuestos.

Así, los ricos mexicanos viven en un paraíso: pagan menos impuestos que los ricos de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y la República Dominicana. Esto no se debe necesariamente a que las tasas de impuesto sean menores en México sino a que hay múltiples formas de evadir el pago de impuestos para los ultraricos. En México, según una investigación que pronto publicaré sobre el tema con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las personas que ganan, en promedio, entre 22 y 65 millones de pesos al mes pagan la misma tasa efectiva de impuesto que alguien que gana 23.000 pesos al mes. (Esto se calcula a partir de datos abiertos suministrados por el Sistema de Administración Tributaria mexicano y estimaciones de ingreso ajustadas por evasión fiscal).

La falta de recursos estatales hace que la clase media no encuentre espacio en las pocas escuelas y hospitales públicos de alta calidad, y por ello terminan pagando por servicios privados. Y así, la clase media termina subsidiando los ahorros fiscales de los más ricos al pagar por servicios privados.

Es momento de que la clase media abandere una agenda política que de verdad les beneficie. Esta agenda deberá demandar mayores impuestos a los estratos más altos de ingreso, la eliminación de las cuotas de seguridad social y de deducciones fiscales que solo utilizan los más ricos, así como el cobro del predial —el impuesto a las propiedades inmobiliarias— a las posesiones de alto valor y la eliminación de los boquetes legales que permiten que las grandes empresas reduzcan su pago de impuestos.

Un impuesto a las herencias y donativos mayores de un millón de dólares también podría recaudar una buena cantidad de impuestos si se fiscaliza bien.

El cobro más justo de impuestos debe dar pie a un México donde los más ricos subsidien servicios de calidad para las clases medias y las bajas. Para lograrlo, la clase media debe dejar de aliarse con los ricos y comprender que lo que les conviene es demandarles que paguen más.