La empresa estatal necesita una tercera vía: gestión profesional, eficiencia y rentabilidad
Durante años, Petroperú ha sido presentada como un asunto ideológico antes que como lo que realmente debería ser: una empresa que administra activos estratégicos del Estado y que, como cualquier empresa, debe ser capaz de generar resultados.
Por eso, la decisión del actual Gobierno de renovar su directorio y, al menos por ahora, descartar la privatización merece ser analizada con serenidad. El ministro de Economía, Elmer Cuba, ha señalado que el nuevo directorio cuenta con el respaldo del Ejecutivo y que el objetivo es recuperar la empresa, generar flujo de caja positivo y enfrentar la enorme deuda acumulada. También ha descartado que el propósito del nuevo directorio sea preparar una privatización.
Es una decisión que puede ser sensata.
Pero solamente será sensata si se convierte en resultados.
Ni “Petroperú no se toca” ni “hay que venderla”
En el debate político peruano aparecen con frecuencia dos posiciones aparentemente irreconciliables.
De un lado están quienes sostienen que Petroperú es una empresa estratégica del Estado y que, por tanto, no debe privatizarse bajo ninguna circunstancia.
Del otro están quienes consideran que el Estado no debería administrar empresas y que la solución consiste simplemente en venderlas.
Ambas posiciones tienen un problema: parten de una conclusión ideológica antes de analizar el problema empresarial.
Una empresa no debería ser defendida porque sea estatal.
Pero tampoco debería ser vendida simplemente porque haya sido mal administrada.
La pregunta correcta es otra:
¿Puede Petroperú convertirse en una empresa eficiente, rentable y financieramente sostenible, capaz de generar valor para el Estado peruano?
Si la respuesta es sí, entonces el país tiene una razón para conservarla.
Si la respuesta fuera no, después de una gestión profesional y de un proceso serio de reestructuración, entonces habría que analizar otras alternativas.
Pero primero hay que demostrar qué puede hacer una buena administración con los activos que posee.
El verdadero problema nunca fue solamente Petroperú
El problema de fondo ha sido la manera como el Estado peruano ha administrado sus empresas.
Una empresa puede tener buenos activos, operar en un sector estratégico y encontrarse en una actividad con demanda permanente y, sin embargo, producir pérdidas si está mal dirigida.
Eso ocurre en cualquier parte del mundo.
Y el petróleo, la refinación, la comercialización de combustibles y las actividades vinculadas a la energía no son actividades pequeñas ni marginales.
Por eso resulta difícil aceptar que una empresa con la importancia estratégica de Petroperú pueda convertirse indefinidamente en una fuente de pérdidas para el Estado.
El país no necesita una empresa estatal que sobreviva gracias al Tesoro.
Necesita una empresa estatal que genere recursos para el país.
El nuevo directorio tiene una enorme responsabilidad
El Gobierno ha apostado por un nuevo directorio encabezado nuevamente por Oliver Stark, acompañado por César Burga Rivera, Daniel Cabrera Ortega, Víctor Belaúnde Gutiérrez y Carlos Linares Peñaloza. El Ejecutivo ha señalado que se trata de un directorio seleccionado para enfrentar problemas empresariales, financieros, legales y comerciales.
La composición anunciada parece responder, precisamente, a esa necesidad: experiencia empresarial, conocimientos financieros, banca de inversión, asuntos jurídicos vinculados a hidrocarburos y experiencia comercial.
Ahora viene lo difícil.
Hay que dejarlos trabajar.
Pero también hay que exigirles resultados.
El respaldo político no puede convertirse en un cheque en blanco.
El nuevo directorio debería ser evaluado por indicadores concretos: reducción de pérdidas, generación de caja, disminución de deuda, eficiencia operativa, recuperación de mercado, transparencia en las contrataciones y rentabilidad de las inversiones.
No por discursos.
No por declaraciones patrióticas.
No por simpatías políticas.
Una empresa pública también debe ganar dinero
Aquí está quizá el punto más importante.
Existe una idea equivocada según la cual una empresa estatal puede justificar permanentemente sus pérdidas porque cumple una “función estratégica”.
Eso puede ser válido en determinadas actividades donde existe un claro objetivo de servicio público.
Pero una empresa dedicada a actividades comerciales debe tener una disciplina empresarial.
Petroperú puede cumplir una función estratégica y, al mismo tiempo, ser rentable.
Una cosa no elimina la otra.
Más aún: si Petroperú logra generar utilidades, el Estado podrá disponer de mayores recursos para educación, salud, infraestructura, seguridad, agua, vivienda y otras necesidades nacionales.
Ese debería ser el verdadero sentido de una empresa pública.
No ser una bolsa de empleos.
No ser un instrumento político.
No ser una fuente permanente de endeudamiento.
No ser una empresa que necesita que el Estado cubra cada crisis.
El petróleo no puede convertirse en una excusa para perder dinero
La actividad petrolera está sometida a riesgos enormes: precios internacionales, tipo de cambio, costos de financiamiento, competencia, inventarios, logística y decisiones de inversión.
Pero precisamente por eso necesita gerentes de primer nivel.
La experiencia internacional demuestra que tener recursos naturales no garantiza riqueza. Lo que importa es cómo se administran.
Perú no puede darse el lujo de tener activos estratégicos administrados con criterios políticos.
Si Petroperú debe permanecer en manos del Estado, entonces tiene que funcionar con estándares empresariales comparables con los mejores operadores privados.
Y si algún día necesita capital privado para fortalecer determinadas operaciones, esa posibilidad tampoco debería convertirse automáticamente en un pecado ideológico.
Lo importante sería establecer qué gana el Estado y qué gana el país.
La verdadera prueba empieza ahora
El anuncio del nuevo directorio no significa que Petroperú esté salvada.
Significa que el Gobierno ha decidido darle una nueva oportunidad.
Y esa oportunidad tiene que ser acompañada por una exigencia muy clara:
Petroperú tiene que demostrar que puede ser una empresa pública rentable.
No dentro de diez años.
No después de otro rescate financiero.
No después de seguir acumulando deuda.
Tiene que demostrarlo mediante resultados verificables.
El Estado debería establecer metas públicas para la empresa y publicar periódicamente sus avances.
¿Cuánto debe?
¿Cuánto vende?
¿Cuánto gana?
¿Cuánto pierde?
¿Cuánto paga en intereses?
¿Cuánto cuesta operar cada unidad?
¿Cuánto aporta al Estado?
¿Cuánto necesita del Estado?
Esas son las preguntas que deberían importar.
El color de los anteojos no puede decidir el futuro de Petroperú
Quizá esta sea la lección más importante.
Durante demasiado tiempo hemos discutido los grandes problemas nacionales mirando primero el color político de quien propone una solución.
Si la propuesta viene de la izquierda, algunos la rechazan.
Si viene de la derecha, otros la rechazan.
Así no se administra un país.
Las decisiones económicas deberían juzgarse por sus resultados.
Si una empresa pública puede ser eficiente y rentable, ¿por qué habría que venderla?
Pero si una empresa pública demuestra que no puede funcionar después de una administración profesional y de una reestructuración seria, tampoco debería mantenerse indefinidamente por razones sentimentales o ideológicas.
Por eso, la decisión de mantener Petroperú en manos del Estado no debería ser entendida como una victoria de la izquierda sobre la derecha.
Tampoco como una derrota de los privatizadores.
Debe ser entendida como una apuesta que ahora tiene que ser probada con resultados.
El Gobierno ha puesto un nuevo directorio.
Le ha otorgado respaldo.
Le ha dado autoridad para cambiar el rumbo.
Ahora corresponde observar.
Y exigir.
Porque Petroperú no pertenece a un partido político, ni a un sindicato, ni a un gobierno de turno.
Petroperú pertenece al Estado peruano y, en última instancia, a todos los peruanos.
Y si los peruanos vamos a conservar una empresa petrolera estatal, lo mínimo que podemos exigir es que sea eficiente, transparente, profesional y rentable.
Ese sería el verdadero triunfo.
No del estatismo.
No del privatismo.
Del sentido común.
