Estoy ligado al sector minero energético desde 1989 como investigador universitario y asesor laboral, por ello soy testigo de excepción de las consecuencias de las políticas privatizadoras, en especial de empresas estratégicas como PetroPerú, que por su posición en el mercado de combustibles y productividad de sus trabajadores obtiene una rentabilidad superior a la competencia expresada por Repsol/La Pampilla.
En los años duros de la dictadura fujimorista formé parte con un grupo de demócratas el “Frente Cívico en Defensa del Petróleo” conjuntamente con Gustavo Mohme Llona, Javier Diez Canseco, Manuel Dammert, Pocho Tantaleán, César Lévano y tantos otros que la memoria histórica debe recuperarlos, pues la defensa de la soberanía sobre nuestros recursos naturales como el petróleo y el gas natural, pasan y están identificados en la defensa de PetroPerú.
Por tanto, mi identificación con la petrolera estatal es de vieja data, pues se trata de la defensa del interés público expresado en una empresa estratégica, rentable que tiene como objetivo fundamental el abastecimiento oportuno y eficiente de combustibles al mercado interno. Entiéndase todo el territorio nacional incluso llega a los lugares geográficos que no son tan rentables para los privados.
Por ello, resulta destacable el rol fiscalizador de los medios de comunicación respecto a las decisiones de compra de combustibles en especial del biodiesel como ha sido el caso del “escándalo” que pretende involucrar al presidente de la república en una negociación incompatible, al gerente de PetroPerú y a un empresario privado proveedor recurrente de la petrolera estatal.
Toda investigación de la fiscalía y contraloría es positiva. Sea por el buen gobierno corporativo y transparencia que debiera existir en PetroPerú, en otras empresas y entidades públicas. Por ello, se exige la necesaria objetividad y una investigación profunda en un debido proceso sin abuso en la aplicación de la ley.
Es más, debiera estar en discusión en la agenda de un nuevo gobierno y política económica, la conveniencia o no de priorizar a los productores nacionales, en este caso del biodiesel a partir del aceite de palma si los precios son más competitivos en relación al producto importado al margen de los volúmenes por comprar.
CON CRUDO PROPIO
En el período 2021 al 2026 se terminan los plazos por los contratos de los lotes privatizados en los años 90 del siglo pasado. Así, como hemos celebrado el 28 de diciembre pasado la transferencia del lote I (ex Graña y Montero Petrolera) a PetroPerú, debemos estar preparados para recibir en las mejores condiciones los Lotes VI/VII, V, II, el lote X, los lotes III y IV, más el Lote Z-2B del Zócalo Continental, todos ubicados en Piura. Sin contar con la producción del Lote 192 y 64 de la Selva Nororiental.
Siempre hemos sostenido que la importancia del Lote I (Talara) está en relación a las reservas gasíferas por más de 32 billones de pies cúbicos que serán de suma importancia para garantizar el abastecimiento en la generación de energía de la modernizada Refinería de Talara.
Con mas de 4.5 millones de barriles de reservas probadas de un petróleo ligero, desde 1995 al 2021 se han extraído de dicho lote más de 8.5 millones de barriles y se justificó su privatización con el argumento que resultaba de “altos costos de producción” su explotación.
Desde el 2015 sin mayores inversiones el lote I cuyo contrato vencía el 28 de diciembre del 2021 tenía una producción promedio de 500 barriles diarios, 4 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y 300 barriles diarios de gas licuado de petróleo (GLP) al margen de la nafta.
Los escépticos y “espadachines a sueldo” de las empresas privadas señalan que la refinería de Talara tendrá una capacidad de refino de 95 mil barriles diarios de petróleo. En tal sentido, se interrogan ¿qué efecto positivo puede haber para la nueva refinería con una producción marginal de 500 barriles diarios del lote I?
Sin embargo, se guardan de señalar que este pequeño lote puede satisfacer más del 50 % de los requerimientos de gas natural de la refinería. Ese lote pequeño puede producir 9 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y la moderna refinería de Talara demandaría por lo menos 15 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.
Una cuestión aparte es comprar el gas natural a una empresa privada a “precios de mercado” por encima de los US $ 10 dólares el millón de BTU como si el gas se importara de los Estados Unidos y otra cuestión es pagar el precio al costo de producción. ¡Esto lo permite la integración vertical!
Al margen de ello en función de los líquidos extraídos del Lote I puede procesar 200 a 300 barriles diarios de gas licuado de petróleo (GLP) el cual seguirá siendo un negocio privado que utiliza la Planta de Fraccionamiento de Graña y Montero.
En verdad, la nueva administración de PetroPerú encontró prácticamente a la empresa en un “estado hacia la quiebra” para luego privatizarla. Con una pérdida injustificable de participación en el mercado de combustibles inferior al 36% cuando históricamente ha sido del 50 % y hasta más.
MEJOR GESTIÓN
Se han recortado gastos de asesorías y consultorías más otros gastos no necesarios por más de S/ 598 millones de soles en el 2021 y sobre todo se ha iniciado un proceso de compras directas de combustibles a los grandes productores como la Shell, Mobil, BP, Texaco dejando de lado a los intermediarios, los conocidos “traders” que cobran su comisión elevando el precio del crudo importado.
PetroPerú debe generar en los próximos quince años utilidades anuales superiores a los US $ 300 millones de dólares para poder repagar el capital y los intereses de la deuda externa contraída. ¡Ello se financia con los propios excedentes de la empresa sin comprometer recursos fiscales!
Es más, se ha podido acortar el tiempo de término de las obras auxiliares y complementarias en la Refinería de Talara en más de cinco meses. Esta será inaugurada en abril del 2002 ahorita, con ahorros importantes pues como afirmara un ex presidente de PetroPerú, (Paredes dixit) cada día sin operar la refinería tiene un “costo de oportunidad” de US $ 2 millones diarios.
Sin embargo, la campaña contra los intereses de PetroPerú aumentarán contra la integración vertical, para que la petrolera pueda acceder a una producción propia de crudo y gas natural.
De allí la propuesta legislativa Nº 804 presentada por el propio presidente de la Comisión de Energía y Minas de las filas de Acción Popular en el Congreso de la República. Esta sería una secuela de la “Página Once” un proyecto que favorece a las empresas privadas a expensas de PetroPerú.
En resumen, este proyecto de ley entreguista pretende prorrogar los contratos de hidrocarburos próximos a su vencimiento por 70 años más, abonar 5 % como tasa de regalías según lo dispuesto por el DS 017-2003 y ofrecer a PetroPerú como una “gracia y merced” una participación del 25 % en el capital.
En verdad en el actual Congreso de la República los intereses contrarios al interés público deben ser denunciados, y sus proyectos de ley debatidos y mandados al archivo, pues se ha demostrado que en sector de hidrocarburos la privatización ha sido un fracaso, de allí los altos precios que pagamos los sufridos consumidores por los combustibles.
