El pacto, que se espera sea anunciado oficialmente a lo largo de la jornada, supone un giro relevante después de años de restricciones derivadas de las sanciones estadounidenses.
Según fuentes conocedoras del acuerdo, el nuevo marco permitirá a Repsol evitar los impagos que sufrió en el pasado y operar con mayor seguridad financiera junto a la estatal PDVSA. Aunque el convenio no contempla un compromiso específico para saldar los cerca de 4.550 millones de dólares que la compañía española asegura que Caracas le adeuda por suministros anteriores de gas y crudo, sí busca garantizar el cobro de la producción futura.
El entendimiento se produce tras la captura de Nicolás Maduro en enero y en el marco de los esfuerzos de Washington por reactivar la industria petrolera venezolana para aumentar la oferta global de crudo, presionada por la guerra en Oriente Medio. Desde entonces, Estados Unidos ha empezado a relajar las sanciones, incluida la concesión de licencias por parte de la OFAC.
De hecho, el lunes el Departamento de Estado anunció la suspensión de las sanciones que pesaban sobre el Banco Central de Venezuela, lo que facilitará los pagos y cobros de la empresa española en el país.
Triplicar la producción a partir del tercer año
En febrero, la Administración Trump autorizó a Repsol y a otras cuatro compañías –Shell, BP, Eni y Chevron– a explotar petróleo y gas en Venezuela. Cuatro de las cinco empresas son europeas, un dato que subraya el interés en el Viejo Continente por recuperar presencia en el país con las mayores reservas de crudo del mundo.
Repsol, uno de los principales inversores extranjeros en Venezuela desde 1993, posee un 40% del activo Petroquiriquire, que produce unos 45.000 barriles diarios. La compañía, prevé aumentar la producción un 50% en el primer año y triplicarla en tres. Además, participa junto a la italiana Eni en el yacimiento gasístico Perla, clave para el suministro interno venezolano.
El nuevo escenario político, liderado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, ha venido acompañado de reformas legales que reducen el control estatal y alivian la carga fiscal para atraer inversión extranjera, en un intento de devolver la actividad a un sector estratégico profundamente deteriorado.
