Alexis Polo González
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que los problemas a nivel macroeconómico acumulados en el país austral durante la pandemia “se han corregido en gran medida”. No obstante, el analista Álvaro Gallegos aseguró a Sputnik que dichos ajustes se hicieron a costo del “estancamiento económico y de la
persistencia del desempleo”.
El pasado 21 de noviembre, el FMI publicó los resultados de la evaluación económica de Chile en el marco del Artículo IV del Convenio Consultivo de la entidad con el país sudamericano.
En la declaración que recoge las opiniones del personal técnico del FMI, se señala que “los desequilibrios macroeconómicos que Chile acumuló durante la pandemia se han corregido en gran medida, pero la coyuntura externa sigue siendo complicada”.
El ingeniero comercial Álvaro Gallegos —exasesor del Ministerio de Hacienda y superintendente de pensiones durante la segunda administración de Michelle Bachelet (2014-2018)—, habló con Sputnik acerca del contenido del informe y cómo el país corrigió los desequilibrios que destaca el FMI.
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Respecto a la política monetaria chilena, el experto en materias de regulación financiera explicó que se subió la tasa de interés a niveles altamente contractivos para inhibir la actividad económica, sobre la base de un “diagnóstico controversial” del Banco Central de Chile (BCCh) que atribuyó a factores internos las presiones inflacionarias.
“El BBCh no ponderó el peso de los factores externos, como el efecto del alza del costo del transporte marítimo y de la disrupción de la cadena logística internacional, como tampoco de los mayores precios de energía, fertilizantes y alimentos derivados del conflicto en Ucrania”, puntualizó Gallegos.
En cuanto a la política fiscal llevada adelante por el Ejecutivo de Gabriel Boric, el entrevistado detalló que se contrajo el gasto público en más del 20% y se eliminaron los subsidios IFE y otros aplicados en pandemia, como el retiro de los fondos de pensiones, con lo que se llegó incluso a un superávit fiscal de 1,1%.
Los retiros de los fondos de pensiones y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a las familias más vulnerables, fueron políticas públicas desarrolladas bajo la segunda Administración del presidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) para combatir la crisis económica en medio de la pandemia e inyectar liquidez al mercado.
Gallegos detalló que con estas medidas se “corrigieron” los desequilibrios macro a costo de un “estancamiento económico y de la persistencia del desempleo. Así, se aplicó la receta ortodoxa de sacrificar crecimiento y empleo en aras de la estabilidad de precios”.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó el 29 de noviembre que la tasa de desocupación en Chile escaló a 8,9% durante el trimestre agosto-octubre de 2023. La cifra significó un aumento de 0,9 puntos porcentuales en doce meses, su duodécima variación positiva consecutiva.
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Tras los datos entregados por el INE, el ministro de Economía, Nicolás Grau, comentó que la tasa de desempleo en Chile “sigue en un nivel más alto del que nos gustaría (al Gobierno)”.
Grau comentó que el mercado laboral aún requiere de mayor creación de empleos, pese a los cerca de 30.000 puestos que se levantaron en el último trimestre. “No han sido suficientes para poder responder a todo el aumento en la fuerza laboral”.
Factores de riesgo
Pese a haber corregido los desequilibrios macroeconómicos, el FMI señaló que las principales amenazas externas para la economía chilena son “incertidumbres en torno a un periodo prolongado de tasas de interés altas en el mundo, la volatilidad de los precios de las materias primas debido a la desaceleración en China y la intensificación de los conflictos regionales en el mundo”.
Gallegos explicó que la coyuntura externa sigue siendo una fuente de riesgos, habida cuenta del problema de la deuda pública de EEUU y su continuo déficit fiscal. Además de la “política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, que puede llevar a un estancamiento económico y a riesgos de estabilidad financiera”.
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Para enfrentar esos desafíos, el FMI puntualizó que el país andino debe priorizar un economía “más inclusiva, dinámica y verde” y la reforma “del régimen tributario y de pensiones para financiar las necesidades sociales”, dos de las principales promesas del Gobierno de Gabriel Boric, las cuales no han avanzado en el Parlamento.
La entidad financiera advirtió que a nivel interno existen riesgos como la “polarización y fragmentación política podrían llevar a demoras adicionales en las reformas”. Además, el descontento social por la desigualdad y la situación de la seguridad “siguen estando presente”.
