La tarde de este lunes, la Cámara de Diputados de Chile finalmente aprobó y despachó la ley corta de Isapres (Instituciones de Salud Previsional), dando cierre a año y medio de debate sobre cómo las aseguradoras cumplirán con el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, es decir, con la forma en que deberán devolver los dineros extras cobrados a sus afiliados durante años y que motivaron el fallo de la Corte Suprema. Horas antes esta norma también había sido aprobada por la Cámara Alta.
El proyecto de ley busca asegurar el cumplimiento de la sentencia judicial que insta a las aseguradoras a ajustar las tablas de factores y a reembolsar los cobros excesivos a sus afiliados.
A pesar de que se requerían 78 votos para alcanzar el quorum calificado, la ley fue aprobada con una amplia mayoría de 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones. Este resultado guarda similitud con lo ocurrido en la Cámara del Senado, donde también se necesitaban 25 votos para el quorum calificado y se obtuvieron 39 votos a favor.
Con esto, la ley corta de Isapres queda lista para ser promulgada. Asimismo, esta normativa habilita a las isapres a pagar la deuda -que asciende a US$ 1.500 millones, aproximadamente- en un plazo máximo de 13 años a los afiliados menores de 65 años, en cinco años a las personas entre 65 y 80 años y en dos para los mayores de 80 años. En tanto, existe la opción pronto pago, en el que el pago es inmediato al afectado, pero del 35% de la deuda.
De esta forma, el gobierno de Gabriel Boric logró el rescate del sistema privado de salud, cuya deuda, según la Superintendencia de Salud, representa tres veces el patrimonio de las aseguradoras y hubiese significado el colapso financiero de las empresas de este sector y empujado a millones de chilenos al Fonasa, el sistema público de salud, sin capacidad de absorber a 3,3 millones de personas en el corto plazo.
“Yo no tengo motivo para celebrar hoy. Podrá haber habido una mayoría que producto de una presión política se vio compelida a tener que darle el visto bueno al proyecto de ley sabiendo que en la práctica el costo de esos US$ 1.200 millones que le adeudan las isapres a las personas es un costo que va a salir de sus propios bolsillos”, dijo en contraste el senador Juan Luis Castro. “Todos los analistas y expertos han señalado que el verdadero perdón es para ganar tiempo y crear fragilidad en el sistema, lo que llevará al mismo riesgo de quiebra que enfrenta en la actualidad”.
“Lamentablemente, se observa un desperdicio del valioso trabajo realizado por los expertos, cuyas propuestas ofrecían soluciones más viables”, concordaron los analistas del sector consultados.
Y es que les preocupa la decisión del gobierno de descartar un acuerdo que contaba con el respaldo de una amplia gama de fuerzas políticas, desde la UDI (Unión Demócrata Independiente) hasta el Frente Amplio.
También les resulta “interesante” el impacto que esto tendrá en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), dado que se anticipa un aumento en las listas de espera debido al creciente número de usuarios que no podrán hacer frente a los incrementos en los planes de las isapres.