La Alta Comisionada en Derechos Humanos alerta de salarios de dos dólares al mes para los funcionario
La Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet ha alertado sobre los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de los funcionarios públicos en Venezuela, especialmente en el sector de la educación y la salud. En su actualización sobre la situación en el país ha hecho énfasis en los derechos económicos y sociales, tras las evaluaciones que ha hecho su equipo, instalado en el país en 2019, cuando el chavismo autorizó su acceso después de más de una década de impedir la visita de misiones de monitoreo de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. Bachelet ha exhortado, además, al levantamiento de las sanciones internacionales porque, asegura, contribuyen a profundizar la crisis en el país.
El informe presentado esta semana en Ginebra destaca la alta dependencia de la mayoría de los venezolanos del financiamiento estatal. Para 2020, según cifras oficiales, el 56,1% de las personas con trabajo tenían un empleo formal, pero dos tercios trabajaban en el sector público, donde el ingreso mensual medio osciló entre los dos y los cinco dólares y la remuneración mínima y las pensiones no llegaba a dos dólares mensuales, sin ser indexadas regularmente en un país en hiperinflación.
El mayor número de protestas que se producen en el país son por la exigencia de mejores salarios. El informe señala que en al menos ocho manifestaciones, del centenar que ocurren cada mes en el país por la exigencia de derechos económicos y sociales, se registraron detenciones arbitrarias, hubo uso de la violencia y una ejecución extrajudicial. Este martes, trabajadores de la estatal PDVSA en diversas regiones se movilizaron hasta Caracas para reclamar deudas que mantiene la empresa con los jubilados, que se han quedado sin pensión de vejez. La manifestación fue disuelta por la policía sin que recibiera respuesta de las autoridades.
El Gobierno ha venido haciendo compensaciones en bonos hasta el punto de que el 80% de la población dependía de ellas para vivir en 2019, pero también era asignadas con criterios discriminatorios. “Para hacer frente a estos desafíos en los últimos años, el Gobierno ha aumentado el gasto social, sobre todo a través de transferencias monetarias directas. Informes indican que la política salarial no era inclusiva, y que en ocasiones excluía a miembros de sindicatos percibidos como críticos al Gobierno”, refiere el informe.
Estas transferencias directas, sin embargo, no representaron ingresos superiores a los 20 dólares al mes “dramáticamente bajos e insuficientes para tener un nivel de vida adecuada” y costear los 300 dólares que ronda la canasta alimentaria básica, señala el informe. El documento denuncia también la falta de cumplimiento de los convenios colectivos de los funcionarios públicos, así como disposiciones del Ministerio del Trabajo aprobadas en 2018 que permiten la revisión unilateral de salarios, beneficios y condiciones de trabajo.
“Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas”, dijo Bachelet durante la presentación.
Bachelet destacó el crecimiento de inscritos —hasta 21 millones de venezolanos, según el Gobierno— en el llamado carnet de la patria, la plataforma digital a través del cual se reparten las bonificaciones y que también se usa como mecanismo de control político en elecciones. La Alta Comisionada destacó que el sistema resulta excluyente frente a la amplia brecha digital que hay en Venezuela, donde persisten los cortes de energía y la cobertura de internet alcanza a menos de la mitad del país. “El ACNUDH siguió recibiendo informes de algunas personas a las que supuestamente se les denegó la asistencia alimentaria por motivos políticos, por criticar al Gobierno. El acceso a las prestaciones sociales no debe estar condicionado a la afiliación política real o percibida, y la transparencia en los criterios utilizados para determinar la elegibilidad para los programas de protección social es esencial para evitar cualquier discriminación en la práctica”.
Levantamiento de sanciones
La suspensión o el levantamiento de las sanciones internacionales es uno de los exhortos que Bachelet ha hecho en su informe a los países miembros. Una llamada reiterada que se suma a la agenda de las negociaciones en México y también a los informes de la relatora especial de la ONU para analizar el tema, que visitó el país en febrero.
“Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables”, destaca el informe, que agrega que las organizaciones de la sociedad civil que distribuyen ayuda humanitaria y alimentos tienen una carga adicional para manejar donaciones por la excesiva información financiera que se exige para pasar el cumplimiento de los bancos con transacciones asociadas a Venezuela. También añade como dificultades la grave escasez de combustible que afecta el país desde hace más de un año por la caída de la producción nacional, tras el colapso de la industria petrolera por la corrupción y los malos manejos.
“El informe demuestra como la represión del Estado venezolano no se limita a los derechos políticos y civiles, sino que tiene una terrible manifestación en los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales”, señala Alí Daniel, de la ONG Acceso a la Justicia. “La represión no está limitada a los opositores al régimen sino a todo el que exija servicios de calidad, salud y a quien defienda estos derechos”. El abogado destaca que en este informe se documentaron 17 casos de violaciones de derechos humanos relacionados con la defensa de estos derechos en los que hubo intimidación y 12 detenciones arbitrarias.
Bachelet también ha hecho una exigencia de transparencia al Gobierno y ha destacado las grandes dificultades que hay en Venezuela para acceder a información pública. Por ello, exige al Gobierno que publique el presupuesto nacional y las memorias y cuentas de los ministerios, así como el marco normativo de cada una de las entidades y políticas públicas, datos sobre la ejecución, compras y contrataciones, mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, auditorías y procedimientos judiciales y administrativos iniciados. El informe recoge que al menos 60 peticiones de información de organizaciones de la sociedad civil han sido ignoradas por el Gobierno y que información estadística fundamental para el manejo de epidemias, como el boletín epidemiológico y el anuario de mortalidad, no se han publicado desde 2016 y 2014, respectivamente.
