El caso Roger Mariaca abre una peligrosa pregunta para América Latina: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación internacional sin cruzar la línea de la autonomía institucional?
Hay hechos que trascienden a las personas involucradas y terminan convirtiéndose en señales para toda una región.
La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, ocurrida en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, y las posteriores intervenciones policiales en instalaciones del Ministerio Público han abierto una controversia que va mucho más allá de las acusaciones de narcotráfico y corrupción que pesan sobre el funcionario.
El Ministerio Público boliviano calificó inicialmente la aprehensión como ilegal y llegó a denunciarla públicamente como un «secuestro». También denunció intervenciones policiales en sus instalaciones de Sucre. Posteriormente, el Gobierno de Rodrigo Paz sostuvo que Mariaca encabezaba una organización criminal vinculada con la protección del narcotráfico y que existían investigaciones previas que sustentaban el operativo.
Hay, por tanto, dos cuestiones diferentes que no deberían confundirse.
Una es determinar si las acusaciones contra Mariaca son verdaderas y deben ser sancionadas.
La otra es determinar si el procedimiento utilizado para detenerlo y para intervenir las instalaciones del Ministerio Público respetó plenamente las garantías legales y la autonomía institucional.
La primera corresponde probarla ante la justicia.
La segunda también debe ser examinada por la justicia.
Y precisamente por eso el caso resulta tan delicado.
Nadie está por encima de la ley
Si un fiscal general, un ministro, un juez, un empresario o cualquier ciudadano está involucrado en una organización criminal, debe ser investigado.
Y si las pruebas demuestran responsabilidad penal, debe responder ante los tribunales.
No existe cargo público que convierta a una persona en intocable.
El Gobierno boliviano sostiene que la investigación contra Mariaca se venía realizando desde hace aproximadamente diez meses y lo acusa de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. También afirma que el operativo permitió detener a 14 personas y desarticular una estructura que habría operado dentro del Ministerio Público.
Son acusaciones graves.
Pero siguen siendo acusaciones hasta que sean demostradas en un proceso con las garantías correspondientes.
La lucha contra el narcotráfico no puede convertirse en una excepción al Estado de derecho.
Porque precisamente quienes combaten al crimen organizado deben demostrar que lo hacen dentro de la ley.
La coincidencia que nadie puede ignorar
Aquí aparece uno de los elementos que hacen particularmente sensible el caso.
Dos días antes de la detención, Estados Unidos había revocado la visa de Mariaca, junto con la de otros funcionarios latinoamericanos, alegando corrupción y vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico. Mariaca rechazó las acusaciones y las calificó como una forma de presión política.
Posteriormente se produjo su detención.
Y el Gobierno boliviano ha reconocido cooperación e intercambio de información con agencias estadounidenses en el contexto de la investigación contra redes de narcotráfico.
La coincidencia temporal no demuestra que Estados Unidos haya ordenado la detención.
Eso sería una conclusión que los hechos disponibles no permiten sostener.
Pero tampoco debería impedir que la sociedad formule una pregunta legítima:
¿Cuál fue exactamente el papel de la cooperación extranjera en la investigación y dónde comienza y termina la responsabilidad soberana de las instituciones bolivianas?
Es una pregunta válida.
Y es una pregunta que no debería ser considerada una defensa de un fiscal acusado de delitos.
Cooperación sí. Sustitución institucional, no.
Los países necesitan cooperar para combatir delitos que ya no conocen fronteras.
El narcotráfico es uno de ellos.
El crimen organizado utiliza sistemas financieros internacionales, rutas transnacionales, empresas de fachada, comunicaciones digitales y redes que atraviesan varios países.
Ningún Estado puede combatirlo completamente solo.
Por eso la cooperación internacional es necesaria.
Pero una cosa es cooperar y otra muy diferente sería permitir que una potencia extranjera termine determinando quién debe ser investigado, quién debe ser detenido o quién debe permanecer al frente de una institución fundamental.
La diferencia entre ambas cosas debería estar perfectamente clara.
La información puede cruzar fronteras.
La inteligencia puede compartirse.
Los investigadores pueden cooperar.
Pero la decisión de detener, procesar y juzgar debe corresponder a las instituciones competentes del país donde se ejerce la jurisdicción.
Ese debería ser el principio.
El «Escudo de las Américas» agrega otra dimensión
El caso ocurre, además, en un contexto regional particular.
Bolivia forma parte del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación hemisférica impulsada por Estados Unidos alrededor de seguridad, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.
En junio, los países participantes habían expresado su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz frente a acciones que, según ellos, buscaban desestabilizarlo. Y después de las recientes detenciones, los gobiernos participantes difundieron una declaración conjunta respaldando las acciones de Bolivia contra el narcotráfico y la corrupción.
Este contexto no prueba que exista una dirección extranjera sobre la justicia boliviana.
Pero sí demuestra que existe una coordinación política y de seguridad internacional mucho más estrecha.
Y justamente por eso los estándares institucionales deben ser todavía más claros.
Porque cuanto mayor sea la cooperación internacional en materia de seguridad, mayor debe ser también la transparencia sobre sus límites.
La justicia no puede convertirse en un brazo político
Este es probablemente el punto central.
Los órganos encargados de perseguir el delito deben ser independientes de los intereses partidarios.
No importa quién sea el presidente.
No importa quién controle el Parlamento.
No importa qué ideología tenga el Gobierno.
No importa si el acusado pertenece a la izquierda o a la derecha.
No importa si mantiene buenas relaciones o malas relaciones con Washington.
La justicia tiene que responder a la ley y a las pruebas.
Ese principio es mucho más importante que la suerte de cualquier funcionario.
Porque si un fiscal puede ser detenido arbitrariamente por un Gobierno, mañana podría ocurrir lo mismo con un juez.
Y después con un procurador.
Y después con un funcionario electoral.
Y finalmente con cualquier autoridad que resulte incómoda para quien ejerce el poder.
Ese es el precedente que debe evitarse.
Pero tampoco puede existir impunidad en nombre de la autonomía
Ahora bien, defender la autonomía del Ministerio Público tampoco puede convertirse en una excusa para proteger a funcionarios sospechosos de delitos.
Sería igualmente peligroso.
Una institución independiente no significa una institución sin controles.
Los fiscales también deben responder por sus actos.
Si existen pruebas de que una autoridad utilizó su cargo para proteger organizaciones criminales, corresponde investigar.
Si existen pruebas de corrupción, corresponde investigar.
Si existen pruebas de encubrimiento del narcotráfico, corresponde investigar.
Pero la investigación debe realizarse mediante procedimientos legales, jueces competentes y garantías de defensa.
La autonomía institucional no significa impunidad.
El debido proceso tampoco significa impunidad.
Significa que el Estado debe demostrar la responsabilidad de una persona utilizando las reglas que él mismo se ha comprometido a respetar.
El verdadero peligro es que la excepción se vuelva costumbre
América Latina conoce demasiado bien los efectos de la politización de la justicia.
Gobiernos que utilizan fiscales para perseguir opositores.
Oposiciones que utilizan investigaciones para desestabilizar gobiernos.
Fiscales convertidos en protagonistas políticos.
Jueces sometidos a presiones.
Fuerzas de seguridad utilizadas para resolver disputas institucionales.
Y, finalmente, ciudadanos que terminan perdiendo confianza en todos.
Por eso el caso boliviano merece atención.
No porque Mariaca deba ser defendido de las acusaciones que pesan sobre él.
Ni porque el Gobierno boliviano deba ser condenado anticipadamente.
Sino porque el procedimiento importa tanto como el resultado.
Si hay pruebas, que hablen las pruebas
El Gobierno boliviano ha presentado acusaciones graves y ha señalado que cuenta con antecedentes acumulados durante meses, además de material audiovisual y otras evidencias relacionadas con supuestos vínculos con el narcotráfico. Parte de ese material, según reportes locales, todavía debe ser verificado judicialmente.
La respuesta correcta debería ser sencilla:
que las pruebas sean presentadas, examinadas y discutidas ante la justicia.
Si son sólidas, deberán producir consecuencias.
Si son insuficientes, deberán ser descartadas.
Si existen irregularidades en la investigación, deberán corregirse.
Eso es lo que diferencia a un Estado de derecho de una decisión política.
Bolivia tiene una responsabilidad adicional
Bolivia no solamente debe demostrar que está combatiendo el narcotráfico.
Debe demostrar que lo está haciendo sin sacrificar la independencia de sus instituciones.
El Gobierno de Rodrigo Paz ha buscado estrechar nuevamente sus relaciones con Estados Unidos y fortalecer la cooperación contra el crimen organizado. Esa estrategia puede generar beneficios en materia de seguridad, inteligencia y persecución del narcotráfico.
Pero también exige reglas claras.
La cooperación internacional no puede significar subordinación institucional.
Y la lucha contra el narcotráfico no puede transformarse en una puerta de entrada para la interferencia política.
Una advertencia para toda América Latina
Este caso debería interesar también al Perú.
No porque nuestro país tenga que tomar partido por Mariaca o por el Gobierno boliviano.
Sino porque nuestras propias instituciones enfrentan desafíos similares.
El Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, los organismos electorales y otras instituciones del Estado necesitan cooperación internacional.
Pero también necesitan preservar su autonomía.
Si una agencia extranjera proporciona información que ayuda a descubrir una red criminal, bienvenida sea la cooperación.
Si proporciona tecnología, capacitación o inteligencia, puede ser útil.
Si comparte información sobre narcotráfico internacional, puede resultar indispensable.
Pero cuando se cruza la línea y una institución extranjera empieza a determinar qué autoridad nacional debe ser removida, detenida o procesada, la discusión deja de ser solamente de seguridad y pasa a ser una cuestión de soberanía e institucionalidad.
Y esa frontera debe permanecer perfectamente definida.
El Estado debe demostrar que no está actuando políticamente
Quizá esta sea la mejor manera de despejar las dudas.
El Gobierno boliviano tiene ahora una oportunidad para demostrar que la operación contra Mariaca no fue una decisión política disfrazada de persecución penal.
¿Cómo?
Presentando las pruebas.
Explicando el procedimiento utilizado.
Identificando las órdenes judiciales correspondientes, cuando sean exigibles.
Explicando las circunstancias jurídicas de la aprehensión.
Garantizando la defensa del acusado.
Permitiendo el control judicial.
Y respetando la autonomía del Ministerio Público durante el desarrollo del proceso.
Si todo ello ocurre, las acusaciones tendrán que ser juzgadas por su contenido.
Si no ocurre, las dudas institucionales crecerán.
La lucha contra el crimen necesita instituciones fuertes
Hay una conclusión que debería ser evidente.
El narcotráfico no se combate debilitando las instituciones.
Se combate fortaleciéndolas.
No se combate reemplazando a la justicia por decisiones políticas.
Se combate haciendo que fiscales, jueces y policías puedan investigar sin miedo y sin sometimiento.
No se combate permitiendo que los gobiernos hagan lo que quieran en nombre de la seguridad.
Se combate dotando al Estado de herramientas eficaces, pero sometidas a la ley.
Y tampoco se combate cerrando las puertas a la cooperación internacional.
Se combate cooperando con otros países sin entregar la autonomía de las instituciones nacionales.
La línea roja
Lo ocurrido en Bolivia plantea una pregunta que debería quedar sobre la mesa:
¿Dónde termina la cooperación internacional contra el crimen y dónde empieza la interferencia en las instituciones de un Estado?
La respuesta debería ser clara.
Los gobiernos pueden cooperar.
Las agencias pueden intercambiar información.
Los países pueden compartir inteligencia.
Los organismos internacionales pueden apoyar investigaciones.
Pero la justicia debe permanecer en manos de las instituciones que la Constitución y las leyes de cada país han creado para ejercerla.
Si Roger Mariaca cometió delitos, deberá responder por ellos.
Si las acusaciones son falsas, deberá ser reivindicado.
Pero ninguna de las dos cosas puede resolverse mediante presiones políticas, decisiones extranjeras o procedimientos ajenos a la ley.
Porque mañana podría ser Mariaca.
Pasado mañana podría ser otro fiscal.
Después un juez.
Después un organismo electoral.
Y finalmente cualquier institución que se atreva a ejercer un contrapeso frente al poder.
La democracia no se defiende solamente derrotando al narcotráfico. También se defiende evitando que, en nombre de combatirlo, se termine debilitando aquello que justamente se pretende proteger: el Estado de derecho.
Bolivia tiene ahora la responsabilidad de demostrar que puede combatir la corrupción y el narcotráfico con firmeza, pero también con legalidad.
Y América Latina tiene la responsabilidad de mirar.
No para intervenir.
No para tomar partido.
Sino para aprender de lo que ocurra.
Porque cuando las instituciones encargadas de perseguir el delito empiezan a ser utilizadas como instrumentos de la disputa política, la frontera entre justicia y poder comienza a desaparecer.
Y cuando esa frontera desaparece, los ciudadanos quedan indefensos frente a cualquiera que tenga el poder suficiente para imponer su voluntad.
