“Garantizamos un acto democrático transparente y enmarcado en las más altas medidas de bioseguridad, que la ciudadanía y los candidatos estén seguros de que los resultados reflejarán cabalmente la voluntad expresada en las urnas”, aseguró el presidente del Tribunal Electoral (TSE), Salvador Romero.

El jefe electoral declaró a la prensa luego de recibir a misiones observadoras de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que por su parte expresaron confianza por el éxito de los comicios, que se realizarán solo cuatro meses después de elecciones generales.

La votación del 7 de marzo cerrará un ciclo prolongado de elecciones en Bolivia, en las que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ha aparecido invariablemente como el partido más grande y exitoso del país.

El ciclo electoral se inició en enero de 2019 con los primeros comicios primarios de la democracia local, paso previo a los comicios generales de octubre de ese año, ganados por el MAS del entonces presidente Evo Morales y luego anulados entre denuncias de fraude y el golpe que instaló al gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

La restitución del orden constitucional arrancó con las elecciones de octubre de 2020, ganadas de nuevo por el MAS llevando a la Presidencia a Luis Arce, y culminará con la renovación de los gobiernos de departamentos y municipios.

Las actuales autoridades regionales gobiernan desde 2015 y sus mandatos, que debieron concluir hace un año, fueron ampliados a causa de la crisis política.

El voto en Bolivia es obligatorio y el TSE anunció que el padrón de electores tiene registrados a 7,1 millones de ciudadanos, un 5% o menos que en las elecciones nacionales de octubre pasado, cuando sufragaron también los bolivianos residentes en el extranjero.

La oficina local de Naciones Unidas y la Iglesia Católica hicieron sendos llamados a la participación ciudadana, instando a que se repita o incluso se supere el índice de asistencia de 88 por ciento de los inscritos en los pasados comicios.

Pero la experiencia ha mostrado que, pese a la obligatoriedad del voto, la concurrencia a las votaciones regionales es menor que la que se registra en elecciones nacionales.

El TSE señaló que la bioseguridad de la votación era tan importante como la seguridad del sistema de escrutinio y conteo de votos, insistiendo en que no había posibilidades de fraude por el carácter transparente de todo el proceso.

Todos deben llevar barbijo y su propia lapicera para marcar su voto, cuidándose de no tocar las ánforas para evitar contagios del COVID-19, dijo el TSE en los últimos días, en una insistente campaña por los medios.

El órgano electoral descartó el funcionamiento de un sistema oficial de resultados preliminares, lo que dejaba en manos de medios y encuestadoras privadas la responsabilidad de revelar, en la noche del 7 de marzo, los primeros resultados.

Los datos oficiales finales se conocerían a partir del 8 de marzo, según las previsiones del TSE.

Entre gobernadores y asambleístas de departamentos, alcaldes, concejales y otras autoridades, suman 4.962 las autoridades a ser electas y que deberían asumir sus cargos a fines de marzo, si no es necesaria alguna segunda vuelta de votación.

Las autoridades que surgirán del voto son los gobernadores y autoridades menores de los nueve departamentos, junto con los 568 miembros de las asambleas legislativas departamentales, incluidos representantes indígenas designados según normas propias.

En los municipios, serán elegidos los 336 alcaldes y los 4.016 miembros de los concejos municipales.

Las nuevas autoridades regionales tendrán un mandato quinquenal, hasta 2025, año en el que Bolivia celebrará el bicentenario de su fundación como república independiente.

Hasta ese año no habría otras elecciones el país, aparte de eventuales referendos.