El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la entrada de su vivienda, donde estaba bajo arresto domiciliario, en Brasilia, 2 de septiembre de 2025. (Foto: AP)
El Tribunal Supremo de Brasil ordena prisión inmediata para el expresidente Jair Bolsonaro por trama golpista, tras agotar todas sus apelaciones.
El Tribunal Supremo de Brasil ordenó este martes el inicio del cumplimiento de la condena de más de 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar una trama para derrocar la democracia brasileña.
El juez Alexandre de Moraes determinó que todas las apelaciones de la defensa se habían agotado, declarando el veredicto de culpabilidad como definitivo. La sentencia incluye delitos como liderar una organización criminal armada y planear la abolición violenta del orden democrático, además de conspirar para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio juez de Moraes.
Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanecerá aislado de otros internos. Su celda de 12 metros cuadrados cuenta con cama, baño privado, aire acondicionado, televisión y escritorio. El expresidente había estado bajo arresto domiciliario desde agosto, hasta su detención el sábado, tras intentar romper la tobillera electrónica que llevaba puesta.
El expresidente brasileño sostiene que el uso de medicamentos le produjo “cierta paranoia” que lo llevó a intentar dañar su tobillera electrónica con un soldador.
Afuera de la sede policial, simpatizantes y detractores se congregaron mostrando tanto apoyo como rechazo, algunos exigiendo su liberación y otros celebrando su encarcelamiento.
La defensa de Bolsonaro asegura que seguirá presentando solicitudes de arresto domiciliario debido a su estado de salud, aunque el tribunal ya rechazó previamente esta opción. De Moraes enfatizó que “no existe posibilidad legal de ninguna otra apelación”.
El caso marca un punto histórico en Brasil, al sancionar al expresidente y a varios de sus aliados por intentar subvertir el orden democrático tras la derrota electoral de 2022 y por planear actos de violencia que amenazaban directamente la estabilidad del país.
