Campesinos e indígenas reclaman justicia por las masacres de 2019 en Bolivia | Fotos

El Gobierno de Luis Arce Catacora dio una demostración de fuerza en las calles del país, con movilizaciones multitudinarias y pacíficas en las principales ciudades. La más grande transcurrió en la ciudad de La Paz, donde cientos de miles de indígenas y campesinos desfilaron por el centro con el reclamo unánime de justicia para las víctimas del golpe de Estado de 2019, cuando fue derrocado Evo Morales (2006-2019).

Con este despliegue masivo de sus bases, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretenden desalentar los cabildos que en los últimos días las agrupaciones pititas opositoras realizaron en ciudades como Cochabamba (centro) y Santa Cruz de la Sierra (este).

Incluso en la metrópoli del oriente una asociación de militares retirados convocó a rebelarse contra las detenciones que realiza la justicia boliviana, en el marco de las investigaciones encaradas por los diversos delitos cometidos durante el golpe y el posterior Gobierno de facto, encabezado por la exsenadora Jeanine Áñez (2019-2020), quien ya está presa.

Desde temprano, miles de integrantes de organizaciones sociales de todo el país comenzaron a reunirse en la avenida Montes, en el centro paceño. La lluvia incisiva no redujo la convocatoria, que se extendía hasta donde llegaba la vista por las calles sinuosas de esta ciudad. Miles de campesinos, campesinas y familias indígenas se hicieron ver en esta urbe que nunca le fue favorable al MAS, tampoco a sus organizaciones sociales aliadas.

Salvo algunos casos de personas exaltadas, los citadinos toleraron la concurrida manifestación, que hizo retumbar entre los edificios su pedido de justicia para los asesinados en las masacres cometidas durante el Gobierno de facto.

Entre tambores, zampoñas y otros instrumentos musicales andinos marchaban ordenadamente cientos de indígenas y campesinos. Hacían ondear sus wiphalas, lucían sus ponchos y aguayos de todos los colores, que contrastaban con el gris lluvioso imperante en la ciudad. Algunas señoras cubrieron sus sombreros en bolsas plásticas, para que no se les mojen.

“Estamos aquí las naciones originarias y pueblos indígenas de todo el país para exigirle a la justicia que actúe. Tienen que aclararse tantas humillaciones que hemos tenido durante el Gobierno golpista de Jeanine Áñez y que ustedes, como medios de comunicación, han atestiguado”, dijo Idelfonso Canasa, dirigente del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ), organización presente en toda la región andina del país.

También lideraba la marcha el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, quien aseguró a Sputnik: “Estamos movilizados para decir a la derecha, a los pititas, a todos los que han participado del golpe de Estado, que acá está el pueblo boliviano que va a defender la democracia“.

“Queremos decirle a la derecha, que se ha estado reactivando en Santa Cruz, que este es el pueblo boliviano y somos más del 50% que hemos ganado las elecciones. Ahí se demostró que ellos no son mayoría”, sostuvo Condori.

Agustín Cahuana, del suyu Jach’a Karangas, del departamento de Oruro (oeste), dijo a Sputnik que “la comunidad internacional de los derechos humanos debería pronunciarse sobre esta humillación y este insulto que hemos sufrido”.

Esta masiva movilización tuvo su esmirriada contraparte en la ciudad de Santa Cruz. Allí, los dirigentes del Comité Cívico anunciaron que viajarán a Trinidad, capital de la amazónica Beni, para participar de un cabildo.

Los cívicos cruceños habían preparado una reunión para el 25 de marzo con todos los líderes opositores que en mayo próximo asumirán funciones como gobernadores o alcaldes, o alcaldesa, en el caso la exsenadora del MAS Eva Copa, quien se enemistó con su partido y compitió por otra sigla para convertirse en la máxima autoridad alteña.

El desaire de Copa a los cívicos fue épico. “No puedo asistir a una reunión donde está el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien dice ‘animales’ y ‘bestias’ a mi gente, a la cual yo represento. Sería irracional ir a ese lugar. Tenemos diferencias ideológicas abismales y diferencias políticas”, dijo en una entrevista al canal Radio Televisión Popular (RTP).

Y agregó: “No puede quedar impune tanta persecución, tiene que haber castigo por los fallecidos de Senkata. Es imperdonable lo que ha sufrido el pueblo alteño. No podemos permitir que eso vuelva a pasar en nuestro país. Vamos a reclamar justicia”.

El posicionamiento de Copa da un giro interesante a la vida política boliviana. Los cívicos habían festejado como una victoria propia el arrasador 67% de apoyo que el pueblo alteño brindó a la exsenadora en las elecciones subnacionales del 7 de marzo pasado.

El movimiento cívico, integrado mayormente por políticos de derecha y empresarios, había quedado desordenado luego de la victoria sorprendente del MAS, con el 55,1%, en las elecciones de octubre de 2020. Las últimas semanas, luego de la detención de Áñez, intentaba reorganizarse para protestar contra lo que consideraron una “persecución” a sus así llamados “luchadores de la democracia”, investigados por su participación en el golpe de Estado.

Las palabras de la alcaldesa electa de El Alto fueron un duro golpe para los cívicos cruceños, que de esta manera fueron obligados a poner otra vez los pies sobre la tierra. Y no solamente Copa rechazó la invitación. También Iván Arias, quien fue elegido alcalde de La Paz y durante el Gobierno de facto fungió como ministro de Obras Públicas de Áñez, optó por deplorar la convocatoria.

Arias tiene problemas más grandes de qué ocuparse. Porque no está eximido de que también los detengan, por su participación en la gestión golpista, por investigaciones de irregularidades durante su gestión y por denuncias de acoso sexual a las trabajadoras de su ministerio.

El alcalde electo de Cochabamba, el exmilitar Manfred Reyes Villa, también se excusó de participar en la reunión convocada para el jueves 25. Él ya había dicho que quiere tener buenas relaciones con el MAS, ganador de la gobernación del departamento. Eso quedó de manifiesto en el desayuno que compartió con el gobernador elegido, Humberto Sánchez.

Hasta en Beni, donde los cívicos piensan reunirse, tampoco tienen apoyo del gobernador electo, Alejandro Unzueta; ni del próximo alcalde de Trinidad, Christian Cámara. Ambos son del Movimiento Tercer Sistema (MTS), un partido creado por Félix Patzi, ex ministro de Educación de Morales que se alejó del MAS, fundó su propia sigla y así ganó la gobernación de La Paz, cuyo mandato está por terminar.

Pero en las elecciones del 7 de marzo pasado, el MTS quedó como la segunda fuerza política en dominio territorial. Primera está el MAS, que ganó 240 municipios sobre un total de 336 que tiene el país, lo cual representa 13 alcaldías más que en las últimas elecciones, de 2015.

Con este panorama, la oposición solamente irradia su influjo sobre el departamento de Santa Cruz, donde gobernará el empresario Luis Fernando Camacho, también vinculado al golpe de 2019, por lo cual fue llamado a declarar.

Tal es la efervescencia opositora cruceña, que incluso la Unión de Militares en Servicio Pasivo (UMSP) de Santa Cruz en un comunicado —de léxico setentista— anunció que se sumará a las protestas cívicas.

“Rechazamos enérgicamente los planes de la ideología progresista foránea que lleva adelante en nuestro país una facción política brutal y reaccionaria, que atenta contra la unidad, la democracia, la identidad y la libertad, para destruir toda la vida espiritual y cultural de la nación”, escribieron los militares retirados.

Sin mencionarlos, instaron a los funcionarios del Gobierno “a que desistan de sus acciones inconstitucionales y de vulneración de los derechos humanos y se dediquen por entero al servicio de la patria”.