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COLOMBIA: LA PROTESTA SOCIAL PONE A PRUEBA AL NUEVO GOBIERNO DE DE LA ESPRIELLA

El ajuste fiscal, el repliegue de las políticas sociales y la apuesta por la confrontación armada abren un escenario de tensión política. La polarización amenaza con convertirse en un conflicto permanente entre el Gobierno y una sociedad que reclama respuestas económicas y sociales.

Colombia comienza a experimentar las primeras consecuencias políticas y sociales del rumbo que ha decidido imprimirle el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Apenas tres meses después de asumir la Presidencia, el mandatario enfrenta una nueva jornada de movilizaciones nacionales, convocadas por sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y fuerzas políticas de oposición. El motivo inmediato es la reforma tributaria promovida por su administración, pero el descontento tiene raíces mucho más profundas.

Lo que está ocurriendo no puede reducirse a una disputa sobre impuestos. Se trata de una confrontación alrededor del modelo de país que pretende construir el nuevo Ejecutivo y de quiénes terminarán pagando el costo de sus decisiones económicas.

La reforma fiscal, denominada Ley de Rescate Económico, propone ampliar el universo de contribuyentes del impuesto a la renta, elevar determinadas cotizaciones sanitarias y reducir la tributación empresarial. Una combinación que ha despertado cuestionamientos porque desplaza parte de la carga fiscal hacia sectores de ingresos medios y trabajadores, mientras plantea beneficios tributarios para las empresas.

La controversia adquirió mayor dimensión cuando el Gobierno tuvo que retirar su propuesta de incrementar el IVA sobre alimentos y productos de la canasta familiar, ante el rechazo social y político que generó. Sin embargo, el retroceso no ha desactivado las protestas.

Una victoria electoral estrecha y un gobierno que necesita construir legitimidad

Hay otro elemento que merece atención: el contexto político en el que De la Espriella llegó al poder.

Su victoria electoral frente a Iván Cepeda fue extremadamente ajustada. Según el informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, De la Espriella obtuvo el 49,7 % de los votos frente al 48,7 % de su adversario. Además, contó con el respaldo público de Donald Trump, quien había expresado su apoyo a su candidatura.

Este antecedente permite entender por qué el alineamiento internacional del nuevo mandatario y su relación con Washington forman parte de la discusión política colombiana.

No obstante, es necesario distinguir entre el respaldo político de Estados Unidos, que está documentado, y cualquier eventual cuestionamiento sobre la limpieza del proceso electoral. Una elección estrecha, por sí misma, no constituye prueba de fraude ni de manipulación de los resultados.

Lo que sí está en discusión es la naturaleza del proyecto político que ha llegado al poder y la capacidad del nuevo presidente para convertir su victoria electoral en una mayoría social capaz de respaldar sus decisiones.

En ese sentido, Colombia comparte con Ecuador algunas preocupaciones regionales: gobiernos que construyen buena parte de su discurso alrededor de la seguridad, el combate a la criminalidad y la promesa de recuperar el orden, mientras sus decisiones económicas y sociales generan controversias. Las experiencias nacionales no son idénticas, pero permiten examinar una tendencia regional: el peso que adquieren el temor a la inseguridad y la demanda de autoridad en las decisiones electorales.

El costo social del ajuste y el debilitamiento de las políticas públicas

El problema de fondo es que la reforma fiscal no aparece aislada de otras decisiones gubernamentales.

La discusión sobre los impuestos se conecta con el futuro de los programas sociales, el financiamiento de la educación, la salud, la vivienda, el desarrollo agrario y las oportunidades para los jóvenes. Cuando un Gobierno plantea reducir el gasto público, reorganizar instituciones y modificar los mecanismos de tributación, la pregunta fundamental es quién asume el costo de ese ajuste y quiénes reciben sus beneficios.

Los sindicatos y sectores de oposición han advertido que la propuesta podría trasladar una parte importante de la carga a los trabajadores y a la clase media, mientras reduce la tributación empresarial. También han expresado preocupación por las facultades que el proyecto podría otorgar al Ejecutivo para fusionar o eliminar entidades públicas.

Aquí aparece una contradicción que merece un debate nacional: ¿puede un país superar sus dificultades fiscales debilitando precisamente los instrumentos públicos que permiten reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades?

La estabilidad presupuestaria es una necesidad de cualquier Estado. Pero no puede convertirse en una justificación automática para trasladar los sacrificios a quienes tienen menos capacidad económica.

La política fiscal no es solamente una operación contable. Es también una decisión sobre la distribución de los ingresos, las oportunidades y las responsabilidades dentro de una sociedad.

La seguridad como respuesta y el riesgo de cerrar los caminos de la paz

Otro componente de la orientación gubernamental es el cambio de estrategia frente al conflicto armado.

De la Espriella ha anunciado el cierre de varios procesos de diálogo heredados de la política de paz total y ha respaldado el fortalecimiento de las operaciones ofensivas de las Fuerzas Armadas contra las organizaciones armadas ilegales. Su Gobierno sostiene que los procesos anteriores no ofrecieron resultados verificables y que el Estado debe recuperar el control territorial.

Es legítimo que el Estado enfrente a las organizaciones criminales, proteja a la población y recupere territorios sometidos a la violencia. Ningún proyecto de paz puede ignorar la expansión del narcotráfico, las extorsiones, los asesinatos y el control armado de las comunidades.

Pero una cosa es combatir las estructuras criminales y otra muy distinta es asumir que la solución del conflicto colombiano puede descansar fundamentalmente en la respuesta militar.

Colombia tiene una larga experiencia de confrontación armada. Sabe cuánto cuestan las guerras internas, cuántas generaciones han quedado atrapadas en ellas y cuánto dinero público se ha destinado a operaciones militares sin conseguir una paz duradera.

La terminación de los diálogos puede significar un cambio de estrategia, pero también implica riesgos: una mayor confrontación en los territorios, desplazamientos de población, afectación de comunidades campesinas y nuevas dificultades para implementar los compromisos de paz.

La pregunta no es si el Estado debe tener autoridad para combatir el crimen. La pregunta es si esa autoridad estará acompañada de justicia, desarrollo rural, inversión social, protección de los derechos humanos y presencia institucional.

Sin esos componentes, la recuperación del territorio puede terminar siendo solamente una recuperación militar, sin resolver las condiciones que permiten reproducir la violencia.

La polarización como forma de gobernar

Hay un aspecto adicional que puede resultar determinante: la relación del presidente con sus adversarios y con los sectores que cuestionan sus decisiones.

Cuando un mandatario responde a las protestas enfatizando las amenazas de bloqueo, el orden público y la intervención de las fuerzas de seguridad, el debate corre el riesgo de desplazarse desde las razones de la protesta hacia la legitimidad de quienes protestan.

El Gobierno ha advertido que no permitirá bloqueos de vías ni acciones que califique como terrorismo urbano. Al mismo tiempo, ha impulsado una nueva legislación sobre protesta social que ha generado cuestionamientos de la oposición por sus posibles restricciones al derecho de manifestación.

Este escenario merece especial vigilancia. La protesta social es un derecho democrático, no una concesión del gobernante. Naturalmente, debe ejercerse respetando los derechos de los demás, pero tampoco puede convertirse en sinónimo de amenaza contra el Estado.

La dimensión de los problemas de seguridad también debe observarse con datos. El informe de los primeros cien días del Gobierno elaborado por Indepaz contabiliza 45 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos entre el 7 de agosto y el 14 de noviembre, además de 26 masacres. Son cifras de un observatorio independiente que deben ser examinadas junto con los registros oficiales, pero que revelan la gravedad del escenario de violencia que enfrenta el país.

Cuando las diferencias políticas se procesan mediante la confrontación permanente, las instituciones pierden capacidad para construir acuerdos. Y cuando el Gobierno identifica a sus críticos como adversarios de su proyecto de autoridad, se debilitan los espacios necesarios para resolver los conflictos democráticamente.

No se trata de anticipar inevitablemente una crisis institucional, sino de advertir que la acumulación de tensiones económicas, sociales y políticas puede generar una situación de difícil administración.

América Latina frente a una nueva encrucijada

Lo que sucede en Colombia interesa a toda América Latina.

La región atraviesa una etapa de redefinición política en la que las demandas de seguridad, la frustración económica, la desconfianza hacia los partidos tradicionales y el desgaste de las instituciones están modificando las relaciones entre ciudadanía y poder.

El caso colombiano permite observar una cuestión fundamental: ganar una elección no significa obtener un cheque en blanco para transformar unilateralmente el país.

La legitimidad electoral necesita renovarse mediante resultados, diálogo, respeto a los derechos y capacidad para responder a las necesidades de la población.

El respaldo internacional puede proporcionar recursos, cooperación y reconocimiento diplomático, pero no reemplaza la legitimidad que se construye dentro de las propias sociedades.

De la Espriella tiene por delante el desafío de demostrar que su propuesta económica puede resolver los problemas fiscales sin profundizar las desigualdades; que su estrategia de seguridad puede recuperar territorios sin multiplicar el sufrimiento de la población; y que su autoridad presidencial puede convivir con una oposición política que tiene pleno derecho a cuestionarlo.

Las movilizaciones del 19 de noviembre no representan por sí solas un rechazo mayoritario al Gobierno. Incluso, las primeras evaluaciones periodísticas señalan que la convocatoria no consiguió ampliar significativamente la participación respecto de la jornada anterior. Pero su importancia reside en que expresan un conflicto político que va más allá de una reforma tributaria.

Colombia no necesita reemplazar una polarización por otra. Necesita recuperar la capacidad de construir acuerdos alrededor de sus problemas fundamentales.

Si el Gobierno insiste en responder a cada cuestionamiento con más confrontación, mientras avanza con un programa de ajuste económico y endurecimiento de la política de seguridad, podría terminar alimentando una estructura de choque permanente, con consecuencias difíciles de prever.

La historia colombiana debería servir de advertencia. La autoridad del Estado no se mide solamente por su capacidad de imponer decisiones o desplegar fuerzas militares, sino también por su capacidad para garantizar derechos, reducir desigualdades y construir condiciones de convivencia.

La paz no puede ser entendida como debilidad, ni la protesta como una amenaza, ni el ajuste económico como un sacrificio que deban asumir siempre los mismos.

El verdadero desafío de Colombia no es derrotar a sus adversarios políticos. Es evitar que las diferencias sobre el rumbo del país terminen convirtiéndose nuevamente en una fractura que comprometa su convivencia democrática.

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