La ministra interina de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.
El Gobierno colombiano rechaza tajantemente toda amenaza o intento de uso de la fuerza en su territorio por un Estado extranjero, incluido Estados Unidos.
La ministra interina de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, destacó el viernes que ninguna nación tiene la potestad de ejecutar operaciones armadas dentro de otro Estado sin su consentimiento explícito.
“Tal acción violaría de forma directa la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales que sostienen la paz y la estabilidad internacionales”, indicó en un comunicado oficial.
La ministra colombiana manifestó, además “profunda preocupación” por las operaciones extraterritoriales de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico.
Según la nota, estos hechos no solo contravienen el derecho internacional, sino que “erosionan el orden jurídico” y sientan un “precedente sumamente peligroso en una región que se reconoce como zona de paz”.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, advierte a Donald Trump que cualquier acción que viole la soberanía del país será considerada una declaración de guerra.
En otro fragmento del documento, Mapy recordó la obligatoriedad jurídica que vincula a todas las naciones y enfatizó que no existen excepciones a estas normas. “Ignorarlas significa debilitar las bases mismas del sistema internacional y poner en riesgo la convivencia hemisférica”, sentenció en un llamado a Washington a respetar la soberanía y los tratados fundamentales que rigen las relaciones entre países.
La declaración de la titular colombiana se suscitó, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuara desde la Casa Blanca que Colombia también podría ser incluida en las operaciones antidrogas con las que amenazó a Venezuela, al precisar que cualquier nación que produzca cocaína y la envíe a EE.UU. podría ser blanco de ataques.
Desde el pasado agosto, Washington ha desplegado una serie de buques de guerra, así como un submarino nuclear y más de 10 000 militares en el Caribe, so pretexto de luchar contra “narcoterrorismo”.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha negado vínculos con los carteles de narcotráficos, acusando a EE.UU. de impulsar un cambio de régimen en Venezuela. Caracas califica estas acciones de “agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.
