Un tribunal de El Salvador condenó el lunes a 14 años de cárcel al expresidente Mauricio Funes, quien vive en Nicaragua, y a 18 años al exministro de Seguridad David Munguía, por haber concertado en el pasado una “tregua” con pandillas criminales.
El exgobernante (2009-2014) recibió la nacionalidad nicaragüense en 2019, después de asilarse en ese país, cuya Constitución no contempla la figura de extradición para sus ciudadanos, mientras que Munguía fue detenido en El Salvador en 2020.
“Logramos comprobar que estos 2 ex funcionarios, quienes tenían la obligación de proteger a los salvadoreños, negociaron sus vidas a cambio de favores electorales, actuando como pandilleros”, dijo en su cuenta de Twitter (NYSE:TWTR) el fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado.
Funes fue declarado culpable de los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, mientras que Munguía fue sentenciado por las mismas figuras penales, más la de actos arbitrarios. Al final de la audiencia, el exministro dijo a periodistas que se considera un “condenado político”.
“Solo por el hecho de haber servido como ministro de Justicia y Seguridad en la administración de Mauricio Funes, me imputan una serie de acusaciones que no tienen fundamento”, agregó Munguía, quien anunció que su defensa apelará el fallo judicial.
Reuters no obtuvo respuesta de inmediato a una solicitud de comentarios del expresidente ni de sus abogados.
De acuerdo con el ministerio público, las exautoridades avalaron en 2012 negociaciones entre las pandillas Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18 para reducir el número de homicidios en el país a cambio de beneficios económicos y carcelarios.
El actual ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, celebró las condenas en su cuenta de Twitter. “Este Gobierno y Estado ya no es débil. Ahora, tiene la voluntad y la firmeza suficientes para impartir Justicia”, afirmó.
El gobierno del presidente Nayib Bukele, que según una acusación fiscal en Estados Unidos revelada en febrero también habría mantenido negociaciones clandestinas con esos grupos, impuso hace más de un año un estado de emergencia, del que ha resultado la detención de más de 68,000 supuestos pandilleros.
Según datos oficiales, 5,000 de ellos fueron liberados al descubrirse que no tenían lazos con las maras. Surgidas originalmente en Estados Unidos, estas bandas se extendieron en El Salvador en la década de 1990 y fueron declaradas “grupos terroristas” en 2015 por la Suprema Corte del país.
