Mientras Trump calificó la firma de un paso histórico, las facciones palestinas han expresado serias reservas. Denuncian que el acuerdo se alcanzó sin la participación directa de representantes palestinos de Gaza y bajo un claro desequilibrio de poder, lo que podría traducirse en una mayor presión política sobre la población gazatí, sin garantías reales de protección, levantamiento del asedio, ni una reconstrucción integral.

El acuerdo plantea condicionar la ayuda internacional y la reconstrucción de Gaza a la creación de nuevas estructuras de gobernanza y a un sistema de supervisión internacional. Todo ello llega en un contexto marcado por la devastación total, el colapso humanitario y las continuas violaciones del alto el fuego sobre el terreno, una realidad que contrasta con el discurso oficial de avance hacia la paz.

Por ahora, la población de Gaza sigue esperando que cualquier iniciativa internacional se traduzca en hechos concretos: protección efectiva, fin del asedio y una reconstrucción que no esté supeditada a intereses políticos externos.

En resumen, la llamada Junta de Paz se presenta como una ruta hacia la estabilidad, pero sobre el terreno en Gaza persisten la destrucción, la inseguridad y la incertidumbre, mientras crecen las dudas sobre si este acuerdo traerá soluciones reales o nuevas condiciones impuestas a una población ya exhausta.