La motosierra del presidente argentino, Javier Milei, ha impactado finalmente de lleno sobre los trabajadores del Estado. Ha ocurrido a puertas del fin de semana largo y feriado de Pascuas, con el despido de cerca de 11.000 empleados de diferentes instituciones nacionales situadas en la capital, Buenos Aires, así como en sus oficinas en las diferentes provincias del país.
Las notificaciones de no renovación de contratos o despidos ocurrieron sin preaviso, por mails, mensajes de WhatsApp, de día o de noche. Miles de personas se han quedado repentinamente desempleados en medio de la recesión económica que vive el país, tanto trabajadores que habían ingresado al Estado durante el anterior gobierno, como otros con más de 20 años de antigüedad.
La información del Gobierno al respecto ha sido, como suele ocurrir, imprecisa. Milei primero ha afirmado que ya echaron a “50.000 empleados públicos“, sin indicar dónde ni cuándo, y ha anticipado que “caerían” 70.000 contratos más. Es decir, que el objetivo serían 120.000 despidos, más de un tercio del total de trabajadores del Estado nacional.
El portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, ha apuntado luego que “70.000 es el universo completo susceptible de darse de baja, hasta ahora lo que va a ocurrir el 31 de marzo es la baja de cerca de 15.000 contratos“.
El Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Catalano, ha destacado a Público que se han producido unos 11.000 despidos. A esa cifra deben agregarse los 7.000 contabilizados por ATE desde que Milei asumió la presidencia, por lo que el total de despedidos en el Estado alcanzaría los 18.000 trabajadores en tres meses y medio.
“Las áreas que están desapareciendo son del sistema previsional, ciencia y tecnología, cultura, desarrollo social en las áreas de contención a los sectores de vulnerabilidad, o el sistema agropecuario en particular para pequeños productores y pueblos originarios”, ha explicado Catalano. Uno de los ministerios más afectados ha sido el de Capital Humano, encargado de áreas sensibles como la ayuda social, donde han despedido a cerca de 3.6000 trabajadores.
“El objetivo del gobierno con los despidos masivos es correr el rol del Estado de sus funciones, y privatizar todas aquellas tareas que se puedan privatizar, dejando a la mínima expresión una figura decorativa del Estado que sostenga el traspaso del dinero que recauda el Gobierno a las manos privadas”, ha denunciado el también Secretario Adjunto de la Central de Trabajadores de Argentina.
Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno es que quienes han perdido su empleo serían “ñoquis”, como se refiere en Argentina a quienes cobran un sueldo en el Estado pero no trabajan.
Catalano ha subrayado que “lo que estamos teniendo son miles de trabajadores con una antigüedad de hasta 25 años en funciones estratégicas y funciones claves, el gobierno no ha demostrado un solo despido que esté relacionado con alguien que no trabajaba, por lo que se cae el relato que están construyendo”.
Carolina —quien prefiere no decir su apellido— ha sido unas de las 11.000 despedidas esta semana. Llevaba 12 años como empleada en la Agencia Nacional de Discapacidad de la cual fueron echadas entre febrero y marzo 320 personas de las 1.200 que allí trabajaban, es decir, un cuarto de un organismo en el que, ha señalado, ya “faltaban trabajadores”.
El área donde trabajaba Carolina se dedica a “tramitar las pensiones no contributivas”, es decir, a otorgar pensiones a personas con discapacidad. El año pasado daban cerca de 300 nuevas pensiones diarias, y desde que llegó Milei unas diez: “esta gestión no cambió los criterios de evaluación pero pasó a dar diez altas al día, por eso sospechamos que el interés de ellos es eliminar todo el sistema de pensiones y con ello eliminar a los trabajadores“, ha lamentado.
El despido repentino la ha puesto frente a una crisis económica: “quedarme sin trabajo implica quedarme sin seguro social, yo tengo un hijo con discapacidad que tiene que hacer tratamientos y tiene un bebé que también necesita un seguro social”.
Los despidos, según ha subrayado Carolina a este diario, han afectado también a trabajadores con discapacidad o una mujer embarazada, que se han quedado desempleados de un día para otro.
El Gobierno, al entrar en el poder, puso en marcha contratos públicos de 90 días que, al llegar a término, pueden ser renovados o no. Los despidos masivos de fin de marzo corresponden con ese fin de trimestre, y muchos de quienes se han mantenido en sus puestos laborales esta semana deberán esperar tres meses más para saber si seguirán o engrosarán la lista de desempleados.
A los despidos en las instituciones se suma el freno de la obra pública, el intento anunciado de privatizar empresas estatales, y el fuerte ajuste sobre los jubilados que han denunciado la oposición y organismos internacionales como Amnistía Internacional.
La justificación de Milei para esta pauperización del Estado, que califica de “organización criminal”, es que además de los presuntos “ñoquis”, se debe reducir el gasto estatal para alcanzar el déficit cero que sería el punto central para resolver la crisis económica.
ATE ya anunció que llevará adelante “medidas de fuerza hasta que se recuperen los puestos de trabajo” como ha advertido Catalano. El próximo miércoles realizarán un ingreso a las instituciones con los despedidos y cortes de calle. El viernes también encabezarán un paro con movilización, junto con otras medidas previstas para las semanas siguientes.
El Ejecutivo argentino se ha mostrado hasta el momento, no solamente inflexible en su plan de ajuste, sino que lo ha celebrado en redes sociales como parte del cambio prometido por Milei en su combate contra “la casta”.
Su promesa es que habrá luz al final del túnel como repite, algo que por el momento no se percibe en medio del empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más pobres, trabajadores asalariados, clases medias o pequeñas y medianas empresas, afectados por la combinación de inflación con recesión.
