La detención de Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, constituye un nuevo episodio de una preocupante escalada de confrontación política en Ecuador. La democracia no puede convertirse en un instrumento para excluir adversarios ni la justicia en un mecanismo de intimidación contra quienes ejercen oposición al gobierno.
Lo que viene ocurriendo en Ecuador resulta cada vez más grosero y preocupante. La prepotencia y el abuso de poder parecen haberse instalado como una forma de actuación política frente a quienes cuestionan al gobierno de Daniel Noboa. Y lo más grave es que esta conducta viene desarrollándose en medio de un silencio mediático que no se corresponde con la magnitud de los acontecimientos.
No podemos olvidar las circunstancias en las que Noboa llegó al poder. Su victoria electoral estuvo acompañada de serias controversias y cuestionamientos que merecían una revisión y un debate público mucho más profundo. Sin embargo, el respaldo abrumador de los principales medios de comunicación y de los grupos de poder ecuatorianos contribuyó a colocar esas dudas en un segundo plano. Los seguidores de Luisa González terminaron aceptando los resultados electorales, aunque mantuvieron sus cuestionamientos sobre el proceso.
Pero la historia no terminó allí. Lo que estamos presenciando es una sucesión de acontecimientos que apuntan al debilitamiento de la oposición correísta. Primero, las restricciones que han afectado la participación electoral de Revolución Ciudadana; después, los obstáculos que impidieron a Luisa González postular a la Prefectura de Manabí; y ahora, su detención en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
Que quede claro: toda denuncia debe investigarse y cualquier persona, independientemente de su posición política, debe responder ante la justicia si existen pruebas de la comisión de un delito. Pero precisamente por eso exigimos garantías, independencia judicial, transparencia y respeto al debido proceso. Una investigación no es una condena y una orden de detención no puede convertirse en una sentencia política anticipada.
El problema de fondo es otro: ¿qué está sucediendo con la democracia ecuatoriana cuando una de las principales fuerzas políticas del país encuentra cada vez más dificultades para participar en la competencia electoral y sus principales dirigentes terminan enfrentados a procedimientos judiciales en medio de una confrontación abierta con el gobierno?
¿Estamos ante una justicia que actúa con absoluta independencia o frente a instituciones cuya actuación debe ser examinada rigurosamente para descartar cualquier utilización política del poder?
Estas preguntas no pueden ser silenciadas.
También preocupa el comportamiento de una parte importante de la prensa internacional y regional. Los grandes medios que suelen presentarse como defensores de la democracia y las libertades parecen mostrar una enorme cautela cuando los acontecimientos comprometen a determinados gobiernos. Se informa, se reproduce el comunicado oficial y se pasa rápidamente a otra noticia. Pero la democracia no se defiende con informaciones a media voz ni con silencios convenientes.
La libertad de prensa también supone investigar, cuestionar al poder y poner bajo escrutinio las actuaciones de quienes gobiernan. No basta con informar que Luisa González fue detenida. Hay que explicar el contexto político, las restricciones que enfrenta su organización y las consecuencias que estos acontecimientos pueden tener sobre el pluralismo y la competencia democrática.
Las fuerzas democráticas de América Latina tampoco pueden permanecer indiferentes. No se trata de defender al correísmo, compartir sus posiciones ideológicas ni otorgarle impunidad a ninguno de sus dirigentes. Se trata de defender principios que deben estar por encima de cualquier diferencia política: el derecho a la oposición, la presunción de inocencia, el debido proceso, la independencia de los poderes públicos y la libertad de organización política.
Hoy es Luisa González y Revolución Ciudadana. Mañana puede ser cualquier otra organización o dirigente que resulte incómodo para quienes ejercen el poder.
La democracia no consiste solamente en ganar elecciones. También exige respetar a quienes pierden, garantizar que puedan seguir participando, reconocer la legitimidad de la oposición y aceptar que el poder está sometido a límites institucionales.
Ecuador no puede caminar por la senda de la intolerancia política, la exclusión electoral y la intimidación judicial. Los gobiernos pasan, pero las instituciones democráticas deben permanecer.
El silencio frente a los abusos del poder termina convirtiéndose en complicidad. América Latina no puede acostumbrarse a que la persecución política, la exclusión de adversarios y la utilización de las instituciones se presenten como prácticas normales de gobierno. La democracia ecuatoriana merece una defensa firme, sin doble rasero y sin silencios interesados.
