Israel es un país en constante estado de alerta. Rodeado por naciones árabes, su Ejército es una de las instituciones más importantes y más respetadas. En realidad, todos los israelíes contribuyen a la defensa del país porque el servicio militar es obligatorio tanto para hombres como para mujeres. O casi, porque los ultraortodoxos estaban exentos… hasta ahora.
A partir de los 18 años de edad, en Israel todos los ciudadanos judíos, drusos o circasianos tienen que hacer el servicio militar, incluidos aquellos que tienen doble nacionalidad. Para las mujeres, el período mínimo de servicio es de 24 meses y de 36 para los hombres. Acabada esa formación militar, pueden continuar de forma voluntaria. En ese caso, pueden quedar como reservistas hasta los 51 años o llegar a ser miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Hay sin embargo algunas excepciones. Además de para los no aptos por motivos médicos, el servicio militar es voluntario, esto es, no supone una obligación, para los ciudadanos árabes, cristianos, musulmanes y ultraortodoxos, además de para las mujeres religiosas, jóvenes israelíes de menos de 16 años que residen en el extranjero.
Y es en esta lista de excepciones donde hay cambios. Una sentencia del Tribunal Supremo de Israel, el más alto tribunal del país, ha cambiado el trato recibido por los ultraortodoxos y de paso ha amenazado la ya de por si frágil situación de Benjamin Netanyahu como primer ministro. La sentencia es provisional, pero en principio pone fin a la financiación estatal de los estudiantes ultraortodoxos que ni trabajan ni sirven en el Ejército.
La sentencia se escribió en realidad en 2017. Aquel año, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó que las exenciones generales del servicio militar para los estudiantes ultraortodoxos eran discriminatorias e ilegales. Los magistrados dieron al Estado hasta el 31 de marzo de 2024 para encontrar una manera de cumplir con la sentencia.
El asunto, un debate permanente en la sociedad israelí desde hace décadas, tuvo que ver con las manifestaciones que en 2023 protestaron contra varios proyectos del Gobierno tachados de antidemocráticos. Y es que la ley que iba a permitir a la Knesset (el parlamento) eludir las sentencias del Supremo, tenía que servir, entre otras cosas, para obviar la sentencia judicial. De ese modo, los ultraortodoxos habrían seguido estando exentos del servicio militar obligatorio.
