La gestión de las revueltas de Kazajistán pone de relieve la voluntad de Putin de recuperar el papel hegemónico que tuvo en la era soviética
Los acontecimientos en Kazajistán marcan el inicio de una nueva etapa tanto en la política interior del rico país centroasiático como en el ámbito del espacio pos-soviético. Las nuevas realidades surgen al margen de las incógnitas existentes sobre las responsabilidades en las revueltas que han sacudido Kazajistán (según la versión oficial, un “intento de golpe de Estado” de “extremistas” y “terroristas”, coordinado desde el extranjero y nutrido desde el interior del país por la incompetencia y corrupción de entidades kazajas). Hasta ahora, el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, no ha identificado a los líderes, entidades o países supuestamente instigadores de la agresión que atribuye al “terrorismo internacional”.
En el interior del país, Tokáyev acusa a los órganos de seguridad de pasividad, deserción y traición ante las revueltas y, en consecuencia, ha destituido y encarcelado a Karim Masímov, jefe del Comité de Seguridad Nacional. Esa entidad, a su vez, era supervisada por el primer presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev. El discurso de Tokáyev al Parlamento del 11 de enero expuso la intención de aprovechar las revueltas para reformar el sistema fundado por su predecesor, al que sigue familiarmente vinculado. El presidente pidió propuestas para reformar radicalmente el conglomerado de empresas estatales Samruk Kazyna, responsables del grueso del PIB, y condenó el “oligopolio” y la casta de privilegiados intocables en un sistema de abismales desigualdades y repartos cerrados de la riqueza. Sin nombrarlos, pero de forma clara, aludió a Dinara, hija de Nazarbáyev, y a su esposo Timur Kulibáyev.
En el ámbito internacional, por primera vez la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), formada por Rusia y cinco países (Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán, Armenia y Bielorrusia), envió tropas para satisfacer la demanda de auxilio de uno de sus miembros en virtud del tratado que los obliga a prestar ayuda en caso de agresión contra la seguridad, la estabilidad, la integridad y la soberanía del país solicitante. La breve operación de la OTSC en Kazajistán permite a Moscú exhibir un mecanismo de intervención militar y policial en un momento muy delicado en Asia Central. La retirada de EE UU y sus aliados de Afganistán ha agudizado el sentimiento de vulnerabilidad de los regímenes represivos y cleptómanos de la zona ante una brecha potencialmente desestabilizadora en sus fronteras. Rusia tiende una mano a líderes y ciudadanos de los países solicitantes a cambio de un precio, aún por definir, en términos de lealtades y prioridades.
Putin suele usar la expresión “revoluciones de colores” para igualar las supuestas amenazas en los escenarios asiáticos de la OTSC (terrorismo con rasgos radicales islamistas y delincuencia organizada) y en los europeos (expansionismo de la OTAN). Para Rusia, lo que cuenta es ejercer un papel dirigente en materia de seguridad en ambas dimensiones del entorno pos-soviético y, en cierto modo, resucitar el papel histórico que la Unión Soviética tuvo en los países del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría.
