Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos construyó un prestigio moral que trascendía su poder económico y militar. Se erigió como referente de una sociedad democrática en la que el individuo —el ciudadano— ocupaba un lugar central, protegido por un sólido marco de derechos y libertades. Ese liderazgo moral, basado en la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el respeto al Estado de derecho, hoy parece profundamente erosionado.
Resulta paradójico que el país que se presentó durante décadas como “la nación de las libertades” atraviese ahora una etapa en la que el ejercicio de derechos fundamentales es reprimido por el propio Estado. Bajo el actual gobierno, el derecho de los ciudadanos a protestar y defender sus demandas sociales está siendo cuestionado, limitado y, en muchos casos, violentamente reprimido. En este contexto, el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se ha convertido en uno de los símbolos más preocupantes de esta deriva autoritaria.
El ICE ha pasado de ser una agencia administrativa a convertirse, para amplios sectores de la sociedad, en una figura temida, contradictoria y ajena a la tradición democrática estadounidense. Su actuación reciente en protestas sociales ha despertado fuertes críticas, no solo de organizaciones de derechos humanos, sino también de autoridades policiales locales, algo poco habitual en el sistema estadounidense.
Un ejemplo contundente es el pronunciamiento del jefe de policía de Portland, Craig Dobson, quien calificó las tácticas empleadas por agentes federales del ICE como “excesivas y desproporcionadas”. En una declaración jurada difundida por medios estadounidenses, Dobson expresó su profunda preocupación por el uso de gases lacrimógenos y otras armas químicas contra manifestantes, advirtiendo que estas prácticas ponen en riesgo tanto a los ciudadanos como a los propios agentes del orden.
Según el testimonio del jefe policial, durante una protesta realizada el 31 de enero frente a una oficina del ICE en Portland —que congregó a miles de trabajadores— los agentes federales utilizaron gas lacrimógeno de manera injustificada. La respuesta, afirmó, no guardó proporción alguna con la amenaza real que representaban los manifestantes y terminó afectando a cientos de personas que se encontraban fuera de la propiedad federal, muchas de ellas manifestantes pacíficos.
Estas denuncias no son aisladas. Otros mandos policiales, como el comandante Franz Schoening y el capitán de la policía estatal de Oregón, Cameron Bailey, coincidieron en señalar que las tácticas del ICE durante el control de multitudes son impredecibles y peligrosas. Bailey incluso afirmó que, en varias ocasiones, los agentes federales lanzaron gases lacrimógenos y balas de pimienta sin advertencias previas, obligando a la policía estatal a retirarse de sus posiciones para proteger su propia seguridad.
A estas críticas se suman las advertencias de expertos de las Naciones Unidas, quienes han señalado que el uso de fuerza letal por parte del ICE en algunas ciudades podría constituir ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos. Que este tipo de señalamientos recaigan sobre una agencia estadounidense resulta particularmente grave si se considera el rol histórico de Estados Unidos como promotor del orden internacional basado en derechos y libertades.
La brutalidad policial no es un fenómeno nuevo en la historia estadounidense, pero su normalización y justificación desde el poder político actual agravan el problema. Lo que está en juego no es solo el manejo de protestas o el control migratorio, sino la credibilidad moral de un país que durante décadas se presentó como modelo democrático ante el mundo.
La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿puede Estados Unidos seguir reclamando un liderazgo moral global mientras permite que sus propias instituciones repriman derechos fundamentales? La respuesta no depende solo de discursos, sino de la capacidad de la sociedad estadounidense para exigir coherencia entre sus valores históricos y las prácticas actuales del Estado.
