Los Estados de la Unión Europea (UE) han acordado crear una serie de normas para proteger a periodistas y activistas cuando se enfrenten a procesos judiciales “abusivos” o “basados en demandas infundadas”, con el objetivo de silenciar su participación en el debate público.
Los Veintisiete han pactado que, cuando se identifique uno de estos casos, el tribunal pueda obligar al demandante a asumir las costas del procedimiento, e incluso contemplar en ellos los gastos realizados por la víctima para pagar a su abogado, ya que uno de los objetivos de estas demandas es generarle desgaste económico.
Como otra medida de protección los Estados miembros también han aprobado un procedimiento de “desestimación anticipada” mediante el cual un juez pueda denegar “en la fase más temprana posible del procedimiento” una demanda que sea manifiestamente infundada.
Estos consensos han sido alcanzados en una reunión celebrada este viernes en Luxemburgo entre los ministros de Justicia de los Veintisiete, que fijaron así la posición del Consejo de la UE (el órgano que representa a los gobiernos) sobre la Directiva propuesta por la Comisión Europea para combatir las demandas abusivas.
Suecia, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha expresado por boca de su ministro de Justicia, Gunnar Strommer, que el acuerdo alcanzado por los Estados miembros es un paso hacia “la protección de la libertad de prensa y el pluralismo”.
Strommer ha asegurado que el texto consensuado ha encontrado un “equilibrio” entre la protección a las personas afectadas por demandas abusivas y el derecho del acceso a la justicia, de modo que, según él, las medidas incluidas “no impiden que las demandas legítimas sean procesadas por los tribunales”.
Por parte de España, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha argumentado que esta iniciativa legislativa “pretende proteger uno de los pilares básicos del Estado de Derecho y de las democracias”, y ha defendido que la protección para los periodistas o activistas afectados se aplique también “en ámbitos transnacionales”.
En el acuerdo alcanzado este viernes los ministros de Justicia han avalado que se deniegue el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada fuera de la UE contra un residente en un Estado miembro, si el país en cuestión la considera “manifiestamente infundada o abusiva”.
Ahora, basándose en la posición común adoptada este viernes, el Consejo de la UE deberá negociar con el Parlamento Europeo para fijar un texto definitivo para esta iniciativa legislativa.
