Los gobiernos de México y Argentina informan que instruyeron a sus embajadores en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, a trasladarse a sus capitales para realizar consultas, preocupados por las acciones realizadas por el Gobierno nicaragüense contra líderes de la oposición arrestados.
La instrucción a los embajadores de ambos países es a “trasladarse a sus respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el Gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición [incluidos precandidatos presidenciales], activistas y empresarios nicaragüenses”, dice un comunicado conjunto emitido por las cancillerías de México y Argentina.
Ambos gobiernos anuncian que se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con el país centroamericano gobernado por Daniel Ortega.
México y Argentina “seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión”.
Reiteran además su disposición plena para “colaborar constructivamente en la promoción del diálogo” entre nicaragüense
El propósito del diálogo político es que sean los ciudadanos de esa nación quienes “superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al estado de Derecho y todos los derechos humanos”, indican ambos países en el comunicado.
Postura ante la OEA
Esta es la segunda postura conjunta de ambos países sobre la crisis en Nicaragua después de que el 16 de junio pasado se abstuvieron de apoyar la resolución que se votó en la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero expresaron su “preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua”.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 15 de junio la resolución La Situación en Nicaragua, con 26 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones.
Argentina y México expresaron en aquella ocasión su inquietud “por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados”.
Ambos países también se distanciaron durante el encuentro hemisférico de lo que consideran como una “pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”.
Hasta la fecha han sido detenidos cuatro precandidatos de la oposición a las elecciones presidenciales de noviembre próximo en Nicaragua y excomabtientes disidentes del actual Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en ese país.
América Latina
Oposición nicaragüense, sin unidad y bajo la espada de Damocles de la justicia
9 de junio, 21:10 GMT
Las detenciones de líderes opositores comenzaron el pasado 20 de mayo, cuando la policía allanó las oficinas de Confidencial, medio dirigido por el hermano de la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, Carlos Fernando Chamorro, antiguo director del periódico Barricada del FSLN.
Ambos son hijos de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) que derrotó a Daniel Ortega en aquella ocasión.
El Gobierno nicaragüense esgrime que los arrestos obedecen a una investigación por presunto lavado de dinero y activos, que incluye a la Fundación Violeta Chamorro y a medios críticos que reciben fondos desde el extranjero, que los acusados consideran imputaciones falsas.
