Javier Milei llegó al poder como un personaje excéntrico, polémico y de lenguaje agresivo, pero eficaz en el terreno electoral. Su discurso de acabar con la corrupción y de destruir a la “casta política” conectó con una sociedad cansada de privilegios y abusos. Sin embargo, hoy la realidad lo golpea: su propio gobierno empieza a reflejar las mismas sombras que juró erradicar.
Las denuncias de corrupción alcanzan incluso a su entorno más íntimo, como a su hermana Karina, mientras varios de sus ministros no son nuevos libertarios, sino viejos rostros reciclados de gobiernos anteriores. La supuesta “casta” que Milei prometió castigar parece haberse atornillado a su lado.
Frente a estos cuestionamientos, el oficialismo ha optado por una receta conocida y peligrosa: la del poder autoritario. En lugar de transparentar o responder con hechos, se está atacando a la prensa, hostigando a medios críticos y ahora incluso prohibiendo la difusión de audios que comprometen a familiares del presidente.
Lo que vive hoy Argentina no es una anécdota local. Es un grave precedente para toda América Latina: un gobierno que comenzó con la bandera de la libertad termina coqueteando con la censura y la persecución mediática. Los países de la región no deben mirar de costado.
La historia enseña que cada vez que la prensa es silenciada, lo que viene después es más corrupción, más arbitrariedad y menos democracia. Argentina está probando lo que significa la censura en carne propia, y ese retroceso no puede pasar inadvertido.
