Aviones de combate furtivos F-35 del ejército israelí sobrevuelan en el espacio aéreo de los territorios ocupados.
El Tribunal de Apelaciones de La Haya ordena a los Países Bajos a detener todas las exportaciones de piezas de aviones F-35 a Israel en los próximos siete días.
El veredicto, emitido este lunes, aprueba una demanda civil que tres organizaciones pro derechos humanos presentaron contra el Gobierno neerlandés, argumentando que el suministro de dichas piezas contribuye a la violación del derecho internacional por parte de Israel y convierte a los Países Bajos en cómplice de los crímenes de guerra que comete en Gaza.
“Es innegable que existe un claro riesgo de que las piezas exportadas de los F-35 se utilicen en graves violaciones del derecho internacional humanitario”, ha declarado el juez Bas Boele mientras leía el fallo.
La sentencia, que podrá ser apelada, ha anulado el fallo de un tribunal regional inferior que afirmaba que el suministro de piezas era principalmente una decisión política en la que los jueces no deberían interferir y permitía a las autoridades neerlandesas continuar enviando los repuestos a Israel. Los funcionarios del país europeo, a su vez, adujeron que no se sabe si tenían el poder de intervenir en este asunto, como parte del plan de EE.UU. para suministrar piezas a los socios internacionales que participan en el programa del F-35, que son EE.UU., Reino Unido, Italia, Países Bajos, Australia, Noruega, Dinamarca y Canadá.
El movimiento HAMAS alerta de que el reciente ataque de Israel sobre Rafah, en el sur de Gaza, “profundiza el genocidio” contra los palestinos.
Según la agencia de noticias AFP, las piezas del F-35 de propiedad estadounidense se guardan en un almacén en la ciudad neerlandesa de Woensdrecht, y desde allí se envían a otros lugares, incluida los territorios ocupados palestinos por Israel.
Los abogados del Gobierno neerlandés opinan que impedir el envío de los repuestos desde los Países Bajos no tiene sentido, ya que EE.UU. podría hacerlo desde cualquier otro lugar.
A finales de enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (los Países Bajos), emitió un fallo provisional contra Israel en el que ordenó al régimen tomar “todas las medidas a su alcance” para impedir “actos de genocidio” en Gaza, aunque no le obligó a poner fin a las operaciones militares en el enclave palestino, sí le dio un mes para presentar un reporte sobre las medidas ordenadas.
No obstante, el régimen israelí no solo sigue bombardeando el norte y el centro de la Franja de Gaza, ha empezado a llevar a cabo severos ataques aéreos contra Rafah, en el sur del enclave palestino, una supuesta “zona segura” que alberga a más de 1,3 millones de personas, la mayoría de ellas, los desplazados de otras partes de Gaza.
