El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece inaugurar cada día un nuevo frente discursivo. Sin embargo, hay una obsesión que se repite con insistencia: el cambio de régimen en Venezuela, una línea política empujada con fuerza por su secretario de Estado, Marco Rubio.
Esa fijación ha llevado a Trump a cometer una serie de desatinos que evocan prácticas imperialistas que no se veían con tanta crudeza desde hace más de cuatro décadas. No se trata solo del fondo, sino de la forma: una política exterior grosera, prepotente y abiertamente despreciativa de la opinión pública, tanto interna como internacional.
Estados Unidos no puede, sin consecuencias, apropiarse de bienes que no le pertenecen, bloquear la entrada y salida de barcos de un país soberano o ejercer la fuerza naval como si se tratara de una advertencia mafiosa. Estas son actitudes propias de matones geopolíticos. Y si bien Washington ha actuado así en el pasado, lo hacía de manera más subliminal, discreta y encubierta, disfrazando sus acciones bajo eufemismos diplomáticos o narrativas humanitarias.
Hoy, en cambio, asistimos al abuso y la prepotencia descarnada, sin maquillaje ni pudor.
El bloqueo petrolero como detonante
La tensión escaló esta semana cuando Trump afirmó, en una entrevista con NBC News, que no descarta una confrontación armada con Venezuela. Sus declaraciones se producen tras meses de operaciones militares estadounidenses destinadas a destruir embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en aguas cercanas al país sudamericano.
La escalada verbal coincide con una orden ejecutiva que instruye a las fuerzas navales estadounidenses a bloquear la entrada y salida de todos los petroleros venezolanos sancionados por Washington. La medida llegó apenas una semana después de la incautación de un buque cargado con crudo cerca de costas venezolanas.
Trump fue explícito:
“Habrá más incautaciones. Si son tan insensatos como para seguir navegando, sus barcos serán llevados a uno de nuestros puertos”.
El objetivo es claro: asfixiar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, una imputación que Caracas rechaza categóricamente.
Una campaña naval con muertos y silencio
La política de hechos consumados ya ha dejado consecuencias graves. Hasta ahora, las operaciones estadounidenses habrían incluido 28 ataques contra embarcaciones, con un saldo de más de 100 personas muertas. El propio Congreso de Estados Unidos investiga uno de estos episodios por el uso de la táctica conocida como double tap: un segundo ataque sobre el mismo objetivo tras el primer impacto, una práctica extremadamente letal y jurídicamente cuestionada.
El ambiguo vínculo Trump–Maduro
Pese a la agresividad del discurso, Trump evita declarar abiertamente que su objetivo sea el derrocamiento de Maduro. “Él sabe exactamente lo que quiero, lo sabe mejor que nadie”, dijo, en referencia a una llamada telefónica sostenida entre ambos en noviembre pasado.
No obstante, el presidente estadounidense ha reiterado que “pronto” comenzarán ataques selectivos contra supuestos objetivos vinculados al narcotráfico dentro del territorio venezolano. Este giro intervencionista contradice frontalmente su promesa de campaña, en la que aseguró que sacaría a Estados Unidos de guerras extranjeras para concentrarse en problemas internos como la inflación o el desarrollo tecnológico.
El límite legal y la fractura interna
Más allá de la retórica, el ordenamiento legal estadounidense impone límites claros: una declaración formal de guerra requiere autorización del Congreso. Desde el Partido Demócrata ya se ha advertido que cualquier ataque contra territorio o embarcaciones venezolanas debe contar con aval legislativo, anticipando una confrontación política intensa.
Incluso dentro de las bases de Trump comienzan a aparecer fisuras. Muchos de sus seguidores cuestionan que el presidente concentre recursos y atención en aventuras exteriores mientras el costo de vida sigue siendo la principal preocupación doméstica.
Mientras tanto, el Caribe se militariza. Y bajo la lógica de esta administración, la posibilidad de un conflicto armado ya no se disimula ni se niega: se exhibe como una amenaza abierta, arrogante y peligrosa.
