En el perfil dictatorial del Congreso actual, la reciente destitución e inhabilitación por cinco años de la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la supuesta omisión funcional de investigar a Pedro Castillo, obedece en realidad a tres razones subalternas:
I) Venganza política por las más de 40 denuncias constitucionales que Ávalos planteó en su oportunidad contra numerosos congresistas, entre ellos los denominados “Niños”, y a quienes la actual Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, les habría archivado las denuncias recientemente a cambio de que voten por la inhabilitación;
II) Intervenir el Ministerio Público dándole todo el poder a Patricia Benavides, ya que Ávalos era llamada a reemplazarla en caso la Junta Nacional de Justicia (JNJ) procediera a suspenderla ante la gravedad de los cargos por los que la viene investigando (entre ellos haber cambiado a la fiscal que investigaba a su hermanita Emma Benavides por haber recibido dinero para liberar a narcotraficantes, así como a los fiscales que investigaban a los “Cuellos blancos”); y
III) Amedrentar a todo el sistema de justicia enviando el mensaje de que los magistrados que se atrevan a investigar o sancionar a la corrupción en el poder serán pasados por las horcas caudinas de una implacable destitución.
Hay informes periodísticos que dan cuenta de las visitas que habrían efectuado los asesores de confianza de Patricia Benavides a los congresistas José Balcázar (investigado en un expediente) y Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; así como a Gladys Echaíz (quien jugó papel determinante en la denuncia contra Zoraida Ávalos).
Por la intención, la forma en que la destitución ha sido orquestada y los intereses de impunidad en juego, es evidente que este Congreso ya tocó el fondo de la degradación institucional y mostró el fascistoide garrote dictatorial que lo pone al nivel del Congreso gansteril los 90 en que defenestraron a los magistrados del Tribunal Constitucional de entonces, Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, por asumir con firmeza el criterio de que la reelección del dictador Alberto Fujimori era inconstitucional.
Pues, del mismo modo, en que los referidos magistrados fueron repuestos luego por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tenemos la menor duda en que Zoraida Ávalos será también repuesta por la misma Corte en su momento y oportunidad.
Pero también observen que, si bien es verdad, este Congreso se ha mostrado muy preocupado por la supuesta omisión de Zoraida Ávalos para investigar a Pedro Castillo (cuando en realidad ella inició la investigación fiscal y la suspendió temporalmente, siguiendo el criterio jurídico de toda la historia del Ministerio Público y de nuestra vida republicana de no investigar a los presidentes en ejercicio y hasta que culminen su mandato), también es muy cierto que ha hecho gala de usar todo su potencial político para encubrir los más escandalosos delitos, como el blindaje a Luciana León en la acusación por organización criminal y la impunidad a los “mochasueldos”; así como para hacer de condenable cómplice de los más grandes crímenes que han conmovido al país: más de 60 asesinados a balazos en las protestas de hace unos meses y no han realizado ninguna investigación congresal, contraviniendo el artículo 97 de la Constitución, pese a tratarse de un asunto del mayor interés público, como es el de la vida, la sangre y el dolor de los peruanos masacrados durante este gobierno, todo lo cual le importa un bledo.
Muy por el contrario, este Congreso ha premiado el crimen otorgando hace varios meses el voto de confianza a Alberto Otárola, y apuntalando así al gobierno sanguinario de Dina Boluarte. Si de omisiones se trata, habría que preguntar a la ciudadanía: ¿quiénes deberían ser los primeros en ser destituidos del poder?
La diferencia entre el Congreso de los 90 y el actual, es que aquél era el instrumento al servicio del dictador Alberto Fujimori, en tanto que éste último es en sí mismo una feroz y cogotera dictadura (donde el instrumento a su servicio para pretender llegar, y tal vez pasar el 2026, es Boluarte), y como tal, está dispuesta a cercenar la cabeza a todos los que considera enemigos de sus designios. ¿Quiénes serán las próximas víctimas? En la JNJ, JNE, ONPE y el RENIEC ya sienten el escalofriante chirriar de la guillotina. Tal vez ya sea la hora de salvar al Perú.
