En este periodo, el Partido Socialista participa activamente en el gobierno del Presidente Boric, colaboración que le significa una gravitante responsabilidad en las tareas del Estado, la economía y la vida social del país, este esfuerzo apunta a afianzar la estabilidad democrática y llevar a cabo transformaciones largamente pendientes, en especial, en el sistema de pensiones a fin de garantizar la dignidad que le corresponde a las personas mayores. Esa tarea exige una justicia tributaria capaz de reunir los recursos necesarios para financiar ese propósito. Por eso, respaldamos decididamente la aprobación de una reforma tributaria que así lo permita.

Asimismo, es vital derrotar al crimen organizado que desafía la seguridad pública en los principales centros urbanos. Las narcomafias deben ser desarticuladas con una acción firme y constante del Estado democrático que asegure la gobernabilidad democrática, piedra angular de la estabilidad nacional. Esta es una misión esencial, no puede ser que cada vez que el país está frente a decisiones trascendentes se produzca el sorpresivo y vil asesinato de un carabinero.

El Presidente Boric ha debido dar cuenta de hechos y circunstancias que afectan el respaldo social con que inició su tarea, una parte de ellas está en el gobierno, se ha usado el concepto “errores no forzados” para nombrarlos, la otra parte está en una posición ultraconservadora, cuyo afán primordial es hacer fracasar su labor de gobernante. Hay un recelo en distintos personeros que actúan ofuscados pensando que los actuales gobernantes “subieron demasiado rápido”.

Sin embargo, es válida la crítica hacia quienes se desmarcan de sus obligaciones políticas como partidos de gobierno. No se puede pedir el aplauso de quienes lo apoyan y de los críticos de su labor al mismo tiempo. Esa contorsión anula cualquier política. En la conducción del Estado el gobierno no puede tener una doble conducta. Ante ese errado dilema, el socialismo chileno respalda al Presidente cuya labor es decisiva para la estabilidad democrática de Chile.

En una perspectiva más amplia, como parte de la apreciación general de la situación que vivimos, los vertiginosos cambios sucedidos en las últimas décadas han tenido un gran impacto en los hábitos sociales, el intercambio económico y el régimen democrático que ha llevado a una conmoción desconcertante al sistema de democracia representativa que no ha logrado responder a las exigencias de más participación ciudadana, mayor integración y justicia social que se reclaman por doquier.

Es un fenómeno global. La velocidad en las comunicaciones, el traslado de la información y el volumen inaudito de hechos y antecedentes que circulan en los medios electrónicos hacen imposible que se pueda gobernar con la centralización enraizada desde hace mucho tiempo y con el lento ritmo en la toma de decisiones prevaleciente hace también muchos años. El Estado es lento y los centros financieros lo aprovechan a raudales.

Así, las megacorporaciones dominan la escena, creciendo la desigualdad social y económica, prolongándose los hábitos burocráticos, los lentos procedimientos administrativos no cambian como es necesario y siguen atados a una inercia desesperante para una ciudadanía ansiosa de respuestas a sus requerimientos en las nuevas condiciones globales y nacionales.

Los sueños de un país más justo son mayoritarios, pero las vías de avance hacia allá se ven bloqueadas por el poder enorme de los grupos oligárquicos ultraconservadores, el crimen organizado y la dispersión de las fuerzas transformadoras.

En ese contexto, el Estado se ve superado por hechos de la contingencia que prontamente generan impopularidad y reprobación mediática, hay grupos sociales que se han activado por cambios que se desencantan con rapidez. Hay una tensión en que gobernar se complejiza y los resortes de la democracia representativa no logran responder al reto planteado. Ante ello, es urgente crear espacios de participación ciudadana y descentralizar el poder, así como que las fuerzas políticas se superen a sí mismas y proyecten su rol en la gobernabilidad democrática con un grado mayor de responsabilidad y eficacia que el logrado hasta hoy.

El régimen democrático es la alternativa y el punto de partida hacia una nueva sociedad en que impere la dignidad y la justicia, capaz de superar esta crisis civilizacional, pero los partidos de avanzada social y sus representaciones en los diferentes foros parlamentarios no han logrado actuar con la consistencia y firmeza necesaria para frenar un orden social injusto que genera un individualismo galopante, un consumismo aplastante y una plutocracia soberbia e insaciable.

El sistema en su evolución configuró una hegemonía, cuyo centro activador es la preponderancia mediática que crea poderosos estímulos hacia innumerables protagonismos individuales que fomentan la dispersión en la izquierda y la centroizquierda, así, en lugar de luchar unidas las fuerzas populares se dividen y rivalizan entre sí. Hay muchos personalismos. Se reproducen expresiones desarticuladas que afectan severamente la tarea de las fuerzas políticas de orientarse hacia metas y objetivos del conjunto social.

En esta compleja situación, hay sectores sociales que se alejan de los partidos que promueven el cambio social, así surgen las expresiones populistas de ultraderecha, con una respuesta fácil pero inaplicable, son solo frases resonantes que agravarán las dificultades, aun así crecen, porque las mega corporaciones que orientan la difusión de ideas y el debate político respaldan esas consignas por panfletarias o extravagantes que sean, las prefieren a la alternativa de más democracia y justicia social que se promueven por la izquierda y las fuerzas populares y progresistas.

Las organizaciones políticas y sociales que aspiran a una respuesta que no se conforme sólo con retoques al neoliberalismo es mucho lo que aún deben madurar y crecer, en el corto plazo, no pueden enarbolar sólo aspiraciones sino que abrir la vía a reformas estructurales que logren mejorar sustancialmente la calidad de vida de una ciudadanía renuente a creer después de muchos desengaños. Esas son las transformaciones comprometidas por el Presidente Boric y su gobierno, en especial, el logro de un nuevo sistema de pensiones que entregue dignidad a millones de personas mayores que viven en una pobreza amarga y desoladora.

No hay un “modelo” perfecto. Cada país debe encontrar su propio camino. Una vía original en cada nación, como insistió tantas veces el Presidente Allende. Por eso, el socialismo chileno propuso la ruta hacia un Estado social y democrático de derechos, idea que hemos impulsado desde hace décadas. Los “ideólogos” que llaman a copiar modelos ajenos no son más que actores incapaces de entender en toda su complejidad la realidad en que deben actuar.

Ese esfuerzo está planteado en Chile, lograr que una nueva Constitución, nacida en democracia, sea capaz de abrir paso a la formación de un Estado social y democrático de derechos, en que se materialicen las garantías y derechos sociales fundamentales que el desarrollo de la civilización está en condiciones de garantizar a cada persona.

Por eso, en todo el país, los y las socialistas se movilizan apoyando sus diversas candidaturas al futuro Consejo Constitucional en la lista Unidad para Chile. Se trata de tener una representación amplia que permita lograr una nueva Constitución, a la altura de lo que Chile requiere. Es la gran tarea del 90° aniversario.

Fuente: Otra Mirada