Cuatro legisladores de bancadas aliadas del gobierno e investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción y organización criminal han pedido que los gastos de su defensa legal sean asumidos por el Estado. Se trata de Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso), Luis Kamiche Morante (Alianza Para el Progreso), Óscar Zea Choquechambi (Bloque Magisterial) y César Revilla Villanueva (Fuerza Popular). El dinero destinado a estos servicios es de S/189.710, de acuerdo al Departamento de Abastecimiento del Congreso.
En tres años de gestión, los parlamentarios acumulan un historial de investigaciones fiscales y los gastos de su defensa son asumidos por el mismo Congreso. OjoPúblico identificó que esta entidad ha accedido a pagar la remuneración de la defensa legal de cuatro congresistas –que forman parte de bancadas aliadas del gobierno– investigados por presuntos delitos de corrupción y organización criminal.
Se trata de los parlamentarios Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso), César Revilla Villanueva (Fuerza Popular), Luis Roberto Kamiche Morante (Alianza Para el Progreso) y Óscar Zea Choquechambi (Bloque Magisterial).
El monto asignado asciende a S/189.710, de acuerdo a la información del Departamento de Abastecimiento del Congreso, a la que accedió OjoPúblico como parte de un información.
El Congreso asumió los honorarios de las defensas de cuatro congresistas investigados por corrupción”.
El expresidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, solicitó S/70.000 para el pago de su abogado, Luis Bramont Arias Torres. El parlamentario de APP fue incluido en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder, donde se le investiga por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico.
Por su parte, el congresista fujimorista César Revilla Villanueva, solicitó S/40.710 para su defensa. El legislador es investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, cohecho activo específico y tráfico de influencias, en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. Su representante es Giulliana Loza Ávalos, del estudio Loza Ávalos. La abogada también defiende a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el caso Cócteles.
Óscar Zea Choquechambi, congresista del Bloque Magisterial y exministro de Agricultura del gobierno de Pedro Castillo, solicitó S/39.000 para cubrir los honorarios del abogado Carlos Alberto Príncipe Gonzales.
El congresista es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en el marco del caso Los Niños, una presunta organización criminal que negociaba votos en contra de la vacancia del expresidente Pedro Castillo a cambio de puestos claves en entidades públicas.
INFORME. Congreso confirmó que cuatro congresistas solicitaron que el Parlamento asuma el pago de los servicios de sus abogados.
Documento: Congreso de la República
Por último, Luis Roberto Kamiche Morante, recientemente incorporado a la bancada de Alianza Para el Progreso, solicitó S/40.000 para los gastos de su defensa. El congresista es defendido por Sergio Antonio Antay Zaplana en un proceso en el que es investigado por presuntos delitos contra la administración pública, patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.
A este último, la Fiscalía le imputa haber presentado proyectos de ley, que habrían sido elaborados por la Sociedad Peruana de Energía Renovables, socia de la empresa Huawei. El Ministerio Público sostiene que el parlamentario buscaba favorecer a entidades privadas.
A la fecha, el Parlamento ha pagado el 50% de los honorarios de cada abogado de los cuatro congresistas”.
El jefe del Departamento de Abastecimiento del Congreso, Erick Moncada Horna, informó que a la fecha se ha entregado la mitad de cada monto a los abogados de los parlamentarios y que el otro 50% será proporcionado al finalizar la etapa de investigación preparatoria.
En conversación con OjoPúblico, el abogado Eduardo Herrera Velarde, sostuvo que la norma no debería ser carta abierta para beneficiar a todos los congresistas y políticos, sobre todo a los que están investigados en graves casos de corrupción.
“Aceptaría casos en los cuales un congresista es denunciado por delitos relacionados al ejercicio de la función, pero lo que estamos viendo es un abuso de la norma para defender personas seriamente cuestionadas por hechos criminales. Al final, la norma permite que personajes vinculados a economías criminales o con conductas evidentemente corruptas se beneficien del dinero del Estado”, señaló.
La Fiscal y su Cúpula de Poder
Alejandro Soto Reyes, expresidente del Congreso, y el congresista fujimorista César Revilla Villanueva son investigados en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. Es decir, una presunta organización criminal liderada por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas.
La tesis fiscal sostiene que la presunta red tenía nexos con al menos 14 congresistas para lograr la designación del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De acuerdo a los documentos fiscales, el congresista Alejandro Soto Reyes ayudó a agendar la moción de la congresista Patricia Chirinos Venegas N°7565, que buscaba la remoción de todos los miembros de la JNJ. La parlamentaria sostenía que la junta había mantenido, irregularmente, a la abogada Inés Tello de Ñecco en el cargo, tras superar los 75 años.
El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, es investigado en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder”.
El expediente fiscal, al que accedió OjoPúblico, recoge las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides Vargas, Jaime Villanueva Barreto. En su relato, Villanueva Barreto indicó que el fiscal Marco Huamán Muñoz, también investigado en este caso, lo ayudó a contactar a Alejandro Soto Reyes para que, en su condición de presidente del Congreso, incluya la moción en el Pleno más próximo.
Villanueva Barreto también narró a la Fiscalía que se reunió con Soto Reyes en las instalaciones del Parlamento. En dicha reunión, según la versión del exasesor de Benavides Vargas, el congresista ofreció incluir el tema en la agenda del Pleno, si la entonces fiscal de la nación se comprometía a archivar una investigación que tenía en su contra, conocida como Fábrica de Trolls. En la misma se indaga el financiamiento de cuentas falsas en redes sociales por parte de los trabajadores del despacho de Soto Reyes.
De acuerdo a las declaraciones de Villanueva Barreto, Patricia Benavides aceptó acceder al acuerdo y, con ello, Alejandro Soto les confirmó que lograría que la moción N° 7565 sea votada en el Pleno del 7 de setiembre de 2023. Este hecho ocurrió, efectivamente, ese día.
La Fiscalía investiga al expresidente del Legislativo por la comisión de los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico. En este caso, es representado por el estudio Bramont – Arias Torres, de Luis Bramont Arias, exabogado de Jorge Barata.
INVESTIGADO. La Fiscalía sostiene que Alejandro Soto Reyes favoreció a la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, agendando la moción Nº 7565 en el Pleno.
Foto: Andina
A César Revilla Villanueva, en tanto, la Fiscalía le imputa haber captado parlamentarios para que voten a favor de la inhabilitación de la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos Rivera.
El expediente fiscal, que recoge las declaraciones de Jaime Villanueva Barreto, indica que la exjueza superior Enma Benavides Vargas fue el enlace entre el congresista fujimorista y la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas.
Jaime Villanueva Barreto también contó a la Fiscalía que se reunió con Revilla Villanueva porque este le había dicho que conocía a varios congresistas que también estaban dispuestos a votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos Rivera.
A la reunión, según la narración del exasesor, llegaron los congresistas José Enrique Jerí Oré (Somos Perú), Luis Gustavo Cordero Jon Tay (Somos Perú) y Jorge Luis Flores Ancachi (Podemos Perú).
El primero de ellos, según el expediente, ofreció su voto a cambio de que se levante una medida de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa. El segundo pidió que se archive el caso conocido como El Español y que la investigación contra su hermana, la excongresista María Cordero Jon Tay, se alargue lo máximo posible. Flores Ancachi, por su parte, solicitó el archivo del caso Los Niños.
La Fiscalía sostiene que César Revilla captó parlamentarios para que voten a favor de la inhabilitación a Zoraida Ávalos”.
De acuerdo al acta de votaciones del Pleno del Congreso, los congresistas mencionados votaron a favor de la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos en la sesión del 21 de junio de 2023. Al parlamentario fujimorista se le acusa de haber cometido cohecho pasivo impropio, cohecho activo específico y tráfico de influencias. La abogada Giulliana Loza Ávalos, del Estudio Loza Ávalos, ejerce su defensa.
Hasta la fecha, la Fiscalía solo ha citado una vez a estos congresistas para que den su versión de los hechos. Los parlamentarios acudieron a las citas en compañía de sus abogados, según fuentes del Ministerio Público.
En conversación con este medio, Revilla Villanueva reconoció que solicitó el beneficio porque consideró que la investigación es inconstitucional y que él no debería verse perjudicado económicamente por ese proceso. Además, confirmó que la Fiscalía solo lo ha citado una sola vez.
Alejandro Soto Reyes indicó, por medio de WhatsApp, que su pedido es un derecho legal que le asiste como parlamentario. No obstante, aseguró que, en caso se demuestre su culpabilidad, devolverá todo el dinero.
Favores políticos
El congresista del Bloque Magisterial y exministro de Agricultura Óscar Zea Choquechambi es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, en el marco del caso Los Niños.
De acuerdo a la Fiscalía, este grupo de parlamentarios cumplía la labor de brazo congresal de una presunta organización criminal, liderada por el expresidente Pedro Castillo. Específicamente se les imputa haber negociado sus votos en contra de la vacancia presidencial, a cambio de favores como el direccionamiento de obras para sus regiones y la designación de personas cercanas en ministerios u otras entidades públicas.
Inicialmente, el caso, abierto en el 2022, comprendió a seis congresistas: Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Elvis Vergara Mendoza, Darwin Espinoza Vargas e Ilich López Ureña.
LOS NIÑOS. El congresista Óscar Zea Choquechambi fue ministro de agricultura en el gobierno del expresidente, Pedro Castillo.
Foto: Andina
Posteriormente, ya en el 2023, la indagación se extendió a 17 parlamentarios más: Wilson Soto Palacios, Silvia María Monteza Facho, José Alberto Arriola Tueros, Pedro Edwin Martínez Talavera, Luis Ángel Aragón Carreño, Hilda Marleny Portero López, Carlos Zeballos Madariana, Carlos Enrique Alva Rojas y Américo Gonza Castillo.
A ellos se suman Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Pasión Neomias Dávila Atanacio, Francis Jhasmina Paredes Castro, Óscar Zea Choquechambi, Katy Ugarte Mamani, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Segundo Quiroz Barboza y Edgar Tello Montes.
Por último, el congresista Luis Kamiche Morante (Alianza Para el Progreso) es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. La Fiscalía le imputa haber legislado en favor de empresas privadas.
Congresistas, conocidos como Los Niños, son investigados por negociar favores a cambio de sus votos”.
De acuerdo a información revelada por el semanario Hildebrandt en sus treces, el parlamentario hizo suyos proyectos de ley elaborados por la Sociedad Peruana de Energía Renovables, que buscaban beneficiar a una de sus socias, la empresa asiática Huawei.
En el caso también están comprendidos los congresistas Luis Aragón Carreño y Jorge Luis Flores Ancachi, ambos beneficiados con viajes financiados por la misma empresa china.
OjoPúblico se comunicó con ambos parlamentarios. El congresista Óscar Zea Choquechambi confirmó haber solicitado dicho beneficio tras considerar que la investigación por el caso Los Niños carece de sustento. “El hecho de que una persona se reúna con el presidente no significa que sea delito”, afirmó. Mientras que el congresista Luis Kamiche Morante, por medio de WhatsApp, señaló que se encontraba de viaje y que no brindaría entrevista antes de la publicación del informe.
Fuente: Ojo Público
