“Hay extremismos que promueven tomas de aeropuertos, quema de fiscalías, destrucción y saqueo de entidades comerciales, frente a lo cual la autoridad debe ser enérgica…”.
La trágica explosión social que se inició en diciembre tiene el telón de fondo de un Estado inepto, secularmente incapaz de estar presente con políticas públicas efectivas en zonas como las que están hoy en conflicto.
También tiene explicaciones políticas que no pueden ser simplificadas a “obra de terroristas”. El historiador Antonio Zapata resaltó en una entrevista a este diario la autopercepción popular de que con la caída de Castillo, el sector que votó mayoritariamente por él siente que ha perdido una oportunidad histórica. No es dato irrelevante, añadiría yo, que en Puno cerca del 90% votó por Castillo.
Cierto que en la percepción social de quienes protestan no ocupa espacio la inoperancia del gobierno de Castillo ni sus severos indicios de corrupción. Pero sí es muy claro para sus votantes lo ocurrido desde las elecciones del 2021: un grupo de extremistas de derecha y sus medios de comunicación usaron todos los recursos, primero, para que ese gobierno no se instalara, y, luego, desde el día 1 para que cayera. Cierto que fue el propio Castillo con su intento de golpe quien hizo la vacancia inevitable y constitucional. Pero la forma antidemocrática en que algunos extremistas actuaron antes de ese día ha hecho que cale en muchos el mensaje de que fue a él a quien le dieron un golpe.
Un grave telón de fondo es la prevalencia de un análisis simplista y polarizante sobre lo que está ocurriendo. Todo tendría explicaciones bajo este simplismo, solo en hechos recientes; como si no hubiera historia. Desconoce que en los últimos años el centralismo limeño ha contribuido a que se desarrollen fuertes identidades regionales, especialmente en el sur del país. Este factor es el caldo de cultivo de una creciente y cada vez más aguda polarización.
Si a ese contexto se le añade la muerte por bala de más de 40 compatriotas por obra de las fuerzas del orden, se tiene un ingrediente que humanamente, jurídicamente y políticamente es insostenible. También lo es el asesinato de un policía en el patrullero incendiado en Juliaca, y los más de 70 policías heridos. Salta una grave interrogante: si la orden gubernamental era no disparar a los manifestantes, ¿por qué hay más de 40 muertos?
Cierto, hay extremismos que promueven tomas de aeropuertos, quema de fiscalías, destrucción y saqueo de entidades comerciales, frente a lo cual la autoridad debe ser enérgica. Hace bien el gobierno en reforzar su seguridad, asunto que no es fácil dado el estado en el que el ineficiente gobierno de Castillo dejó a las instituciones policiales.
Pero esta respuesta enérgica debe darse dentro del marco de la ley. Deben darse órdenes efectivas de no disparar más balazos a los manifestantes. No se deben oír las exigencias públicas de extremistas, incluso de un congresista, de que se ordene disparar a los manifestantes (en directa promoción contra la ley penal).
La fiscal de la nación, tan afecta a los medios, más que una sonora inquisición sobre “genocidio”, tendría que estar disponiendo investigar en el terreno con inmediatez cada una de las muertes, buscar explicaciones, haber citado a quienes pudieran ser responsables y actuar sobre quienes llaman desde el Congreso a balear manifestantes.
Preocupa mucho la incapacidad de abrir canales de diálogo y la prevalencia de una inercia en la que esa posibilidad se reduce día a día. Así, mientras, de un lado, unos persisten en los radicales reclamos ya conocidos, la dinámica de protestas es considerada, por radicales del otro lado, como conducida por el “terrorismo” o por el detenido expresidente Castillo, cuyas capacidades operacionales eran casi nulas incluso estando libre.
La situación no da para que las elecciones generales se den recién el 2024 o luego de inviables reformas por congresistas concentrados en ver cómo se pueden reelegir, cómo pueden liquidar la independencia de los órganos electorales o cómo darle impunidad a un colega sindicado de violador sexual. Es indispensable un inmediato y radical reajuste en los calendarios políticos apuntando a las reformas mínimas indispensables para que se lleven a cabo este 2023.
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.
