El acoso a la Junta Nacional de Justicia no ha terminado, conociendo a los personajes sin escrúpulos, ni talante democrático en el Congreso, estamos seguros que se vienen cocinando más acciones tendientes a copar los principales instituciones de la estructura jurídica del país.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), pilar fundamental del sistema judicial peruano, se encuentra en medio de una profunda crisis desencadenada por los intereses de los grupos hoy dominantes en el actual Congreso. Este asedio, que ha cobrado fuerza en los últimos años, amenaza con socavar la independencia y la integridad de las instituciones autónomas clave para la vida institucional del país.
Desde su creación en 2019, la JNJ ha sido objeto de constantes intentos de influencia por parte de los poderes políticos que buscan someterla a sus intereses particulares. La designación de sus miembros, encargados de seleccionar y ratificar jueces y fiscales, ha sido el blanco de ataques y presiones destinadas a minar su imparcialidad y neutralidad.
La estrategia de los grupos dominantes en el Congreso ha sido clara: socavar la independencia de las instituciones autónomas para consolidar su control sobre el sistema de justicia y otros órganos fundamentales del Estado. Ya han logrado influir en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, utilizando su mayoría parlamentaria para designar a personas afines a sus intereses.
Ahora, su mirada está puesta en la JNJ, cuyo papel es crucial para garantizar la idoneidad y la independencia de los jueces y fiscales en el país. Si logran someterla a su voluntad, tendrán el control absoluto sobre la administración de justicia, lo que les permitirá perpetuar su dominio y garantizar resultados electorales acordes con sus intereses.
Pero el asedio no terminará con la JNJ. Los grupos dominantes ya han anunciado su intención de dirigir sus ataques hacia otras instituciones autónomas, como la Reniec y la ONPE, y eventualmente sellarán su dominio con el manejo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), garantizando así resultados electorales que refuercen su poder político.
Ante esta situación, es crucial que la sociedad peruana se mantenga vigilante y defienda la independencia de las instituciones autónomas. Solo a través de la preservación de un sistema judicial y electoral imparcial y transparente se podrá proteger la democracia y el Estado de derecho en el Perú. La lucha por la defensa de la institucionalidad y la separación de poderes es fundamental para garantizar un futuro democrático del Perú.
