Esta semana, todo el Perú alzó su voz tras conocer el caso de la niña de 3 años que fue secuestrada y ultrajada por Juan Antonio Enríquez García, en Chiclayo. Asimismo, salió a la luz la situación que vivió una menor de 6 años en San Juan de Lurigancho, luego de que un sujeto abusara sexualmente de ella.
Estos hechos han generado indignación y rechazo a nivel nacional, por lo que ha surgido la idea de que entre en vigencia la aplicación de la castración química obligatoria para violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, medida que fue respaldada por el presidente Pedro Castillo.
En tal sentido, es importante preguntarse qué tan viable es la castración química para violadores en el Perú. Hay que tener en cuenta que, en mayo del 2018, el Congreso ya había propuesto y aprobado por unanimidad (en primera votación) el dictamen que proponía modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos de violación sexual contra menores de edad en el país.
No obstante, unas semanas más tarde, la medida complementaria de la castración química fue sacada del texto aprobado por la Comisión Permanente, por lo que la propuesta no llegó a aplicarse. En ese entonces se indicó que lo que se necesita es el aumento de penas o la aplicación de castigos más drásticos.
Es muy costosa
Para el abogado Juan Manuel Gutierrez Donayre, uno de los puntos por los que esta posible implementación sería inviable es por el alto costo que generaría.
“Principalmente (no es factible) por lo oneroso que significaría para el Estado su implementación y ejecución en el tiempo. Recordemos que esa fue una de las razones por las que el anterior Congreso reculó en su aprobación. Un costo que el Estado no tiene y que, en este contexto aún de pandemia, resulta muy difícil poder entender que se puede destinar del presupuesto una parte para la implementación de esta medida que demanda un gran gasto”, aclaró.
Asimismo, agregó que es una propuesta que puede calmar la indignación de las personas, pero precisó que no es la respuesta, ya que este planteamiento no ha generado mayor reducción en las cifras de agresiones sexuales.
“Si bien es comprensible y razonable la indignación y frustración por estos condenables actos criminales, tampoco resulta sensato implementar la castración química como si fueran la solución real solo por el clamor y para aliciente de la población. Pues esto no haría sino evidenciar el nulo análisis y reflexión del Estado sobre las causas y el problema nuclear a tratar para evitar la comisión de esta clase de delitos”, acotó.
Políticas de prevención
“Esta medida no está directamente relacionada con brindar una ayuda a la víctima, sino en tratar con el agresor sexual, buscando reconducir su conducta y evitando las reincidencias en estos actos delictivos sexuales”, sostuvo a La República la licenciada Angélica Paucar Peña, psicóloga clínica con formación en terapia familiar sistémica.
Ella agregó que es necesario implementar otros tipos de tratamiento como, por ejemplo, el psicológico, ya que diversos estudios han podido comprobar que trabajar a través de terapias cognitivas conductuales podrían ayudar a modificar los pensamientos agresivos.
Asimismo, la especialista resaltó que “es importante entender que la castración química es la administración de medicamentos”. “Por lo tanto, al interrumpir el tratamiento va a ser reversible”, apuntó. Entonces, ¿estamos trabajando realmente en la erradicación de esta problemática o solo se esta trabajado en un castigo populista?
“Hay que entender que la violencia se previene”, sostuvo Gutiérrez, quien agregó que lamentablemente en el Perú existe por parte del Estado una conducta “reactiva” y no “preventiva”. El especialista expuso que por más que se implementen medidas como la castración química u otras mas grávidas como la pena de muerte, estas agresiones y, en general, los crímenes seguirán cometiéndose porque el criminal o agresor sexual buscará los modos (…).
“Resulta necesario que el Estado trabaje de inmediato en la salud mental, con tareas, planes y actividades dirigidas a monitorear la salud mental de la población en general para así identificar, tratar, controlar y suprimir tendencias o desórdenes psiquiátricos que puedan hallarse en determinados individuos y que, de no atenderse, pueden desencadenar la comisión de crímenes, en este caso en particular de agresiones sexuales”, precisó.
Estas posturas las comparte el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), quien exige al Gobierno tomar acciones basadas en resultados y con presupuesto suficiente para implementarlas.
“La prevención debe ser materializada en políticas de igualdad de género e intervenciones articuladas, fundamentalmente desde el sector Salud y Educación. Así como garantizar el acceso a Educación Sexual Integral (ESI) y la articulación, desde un enfoque territorial, con Gobiernos regionales, locales y sociedad civil para cambios de sentidos comunes que normalizan la violencia”, señaló la organización a través de su cuenta de Twitter.
En el 2021, más de 12.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que 12.828 casos de violencia sexual se registraron en niños, niñas y adolescentes entre enero y octubre de 2021. Además, sostuvo que 5.728 personas de 0 a 17 años fueron violados sexualmente.
Canales de ayuda
Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).
Por: María de los Ángeles Serrano Vargas
Fuente: La República
