De camino a Huánuco para participar en el festival de música urbana organizado por Gigantes y Molinos, un derrumbe frente al cual no existía ninguna medida de contingencia, interrumpió la carretera a la altura de Huaracaya por más de 5 horas. Esta ya era la tercera vez que se interrumpía la vía en dicho tramo.
Esto no es un hecho aislado. Lo hemos visto con mucho dramatismo en Arequipa, en Ica y en Huaytará; lo presenciamos en la costa norte y, frecuentemente, en las rutas Huánuco-Tingo María y Huánuco-San Rafael. Lo increíble es que existe una partida presupuestal específica, el Programa Presupuestal 68 (PREVAED), destinada a la prevención y atención de desastres, cuyos fondos suelen gastarse el cuarto trimestre del año sin ningún resultado tangible.
¿Por qué sucede esto a pesar del dinero asignado? Entre las causas tenemos que no existe la obligación de los gobiernos locales, regionales y del gobierno nacional, de mejorar continuamente la ejecución presupuestal, evaluando la efectividad y los problemas en los años anteriores. Esto lleva a que la información esté dispersa en diversas unidades que no se comunican entre sí, impidiendo una visión clara del riesgo y las medidas necesarias para mitigarloo.
Asimismo, no existe ningún mecanismo eficaz de responsabilizar a titulares de ministerios, gobiernos regionales, o alcaldías, por su imprevisión o displicencia para las medidas de prevew
Para solucionar esta situación, en el nivel constitucional debe establecerse la obligación, para todos los niveles de gobierno, de planificar estratégicamente sus intervenciones. Debemos terminar con los gobiernos meramente reactivos.
Asimismo, es vital expandir el derecho a la participación política hacia un principio de supervisión ciudadana de las obras y contrataciones públicas. Esto implica exigir audiencias periódicas de rendición de cuentas, especialmente cada vez que un contratista solicita una adenda para aumentar los costos o el tiempo previsto.
En el nivel legal ha de modificarse la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), para establecer con claridad las responsabilidades específicas de cada autoridad en la prevención y reducción del riesgo de desastres, así como en la respuesta y atención oportuna a los que no pudieron evitarse.
De la mano con esto, se debe establecer un Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, que integrar en una plataforma única los datos sobre riesgos, vulnerabilidades, proyectos en ejecución, presupuestos asignados y estado de las emergencias. De esta manera se facilitará la toma de decisiones basada en evidencia, así como el seguimiento efectivo de las intervenciones.
Cabe recordar que ni el dinero ni la legalidad solucionan problemas públicos si no hay quien los gestione bien. Por ende, deben fijarse requisitos de capacidad institucional para que los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar recursos del Programa Presupuestal 68. Con la obligación de recibir asistencia técnica antes de poder disponer de los recursos. Esto evitaría la transferencia de fondos a entidades sin capacidad de ejecución, asegurando que el presupuesto se traduzca en carreteras transitables y no en expedientes copiados de otras entidades.
Estas medidas bien podrían ser parte de la agenda legislativa de quiénes aspiran a representarnos en el proceso electoral, que así se convertiría en oportunidad de mejora de nuestra vida social.
Pier Paolo Marzo R.
