Entre el viernes 19 y el sábado 20 de abril la vida y la muerte coincidieron alrededor de nuestros bosques, que son fuente de agua y de la vida, además de reguladores del clima: por parte de la muerte, destructores de los bosques de la reserva comunal Amarakaeri asesinaron al guardaparque Victorio Dariquebe del pueblo Harakbut, en el extremo de Cusco de dicha reserva. De otro lado, las fuerzas de la vida volvieron a movilizarse por la derogatoria de la Ley 31973, llamada Ley Antiforestal, en varias ciudades, con muchas y muchos jóvenes de coprotagonistas, evidenciando la emergencia de una nueva generación en la lucha por un nuevo orden social basado en valorar la vida en relación armónica con la Naturaleza.
El asesinato del defensor ambiental Victorio Dariquebe, habría tenido como autores a agentes del narcotráfico que buscan expandir sus cultivos ilícitos hacia la reserva comunal. Cabe resaltar que no estamos ante un caso aislado, sino ante la expresión más cruda de años de devastación forestal por actividades ilegales, agravadas ahora por la mencionada ley, que legaliza la deforestación.
Si bien los sectores Justicia, Ambiente, Interior y Cultura han condenado el asesinato y anunciado medidas, estas no cambiarán la actual situación de riesgo a las personas defensoras ambientales sino no se enfocan en la prevención integral, con miras a revertir de raíz la destructiva amalgama de tala ilegal, minería y narcotráfico en la Amazonía. Por ello, hemos de tomarle la palabra al ministro de Ambiente, al declarar que “estamos trabajando en una estrategia, en una política integral para la Amazonía. Esto implica comenzar a mirar a la Amazonía desde otra perspectiva, solucionar los problemas que hay en la Amazonía, pero en una lucha frontal contra las actividades ilícitas: tala ilegal, narcotráfico y minería ilegal.” Palabras que bien podrían acompañarse de una propuesta de Ley derogatoria de la Ley Antiforestal y del pedido de un crédito suplementario en favor del Mecanismo intersectorial de protección de personas defensoras de derechos humanos, con rectoría en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por su parte, los y las jóvenes la tienen claro: “esta es una lucha que es bastante fuerte para proteger nuestros bosques, la Amazonía no puede ser un juego para el Congreso”, afirmó una al cierre de la movilización en Lima. Siendo conscientes de que la lucha iniciada va más allá de lo legal: “La única forma de desarrollarnos es cambiar la forma de producir y consumir”, apuntó otra de las lideresas.
¿Tendrá fuerza la movilización ciudadana para revertir la Ley Antiforestal? Depende de nosotros y nosotras. De si aceptamos el camino de la deforestación, el crimen y la muerte que ella legaliza o si nos sumamos a proteger la vida y los bosques derogando dicha norma, como hito de un camino en el que las voces de las calles nos marcan la ruta: los bosques y la Amazonía no están en venta.
