Asuntos principales de la gente, que la política tiene que atender y el Gobierno resolver, son la salud personal y familiar, incluyendo la salud mental; la seguridad ciudadana, especialmente de mujeres y niñas; el empleo con derechos; el transporte y la vivienda; la neutralización de la corrupción que frena todas las acciones para afrontar los problemas en esos ámbitos, y la educación como medio de formación de ciudadanos y ciudadanas que mejoren la comunidad política. El mensaje presidencial de 28 de julio debe dar cuenta de las acciones que deberían mejorar es un informe anual a la ciudadanía que lo eligió, vía sus representantes, de los avances del Gobierno sector por sector, con anuncios. A continuación, algunas observaciones.
Primera.Tanto la exposición de logros como de los anuncios debe tener como marco la Política General de Gobierno (aquí unas notas sobre ella: https://onx.la/4e4c1). Sin embargo, a pesar de haber sido aludida, no parece haberse tomado como guía para exponer los resultados de la acción gubernamental.
Segunda. Del conjunto del mensaje se aprecian avances en algunos sectores; pero antes que por un decidido impulso político, por inercia de las administraciones públicas a cargo de implementar las políticas y acciones correspondientes. El presidente de la República, al momento de leer el discurso que se le preparó consolidando los informes de cada sector, debería valorar el servicio de miles de servidores públicos que a pesar de la falta de estabilidad en la dirección política presidencial y ministerial y a veces incluso a pesar del desmantelamiento de equipos, han seguido cumpliendo sus objetivos sectoriales.
Tercera. Una notable omisión del mensaje se encuentra en el sector Justicia, donde no hubo una sóla palabra respecto del sistema de defensa jurídica de intereses del Estado, que tiene a la Procuraduría General del Estado como ente rector. La omisión coincide con los cuestionamientos que la titular de esta entidad viene recibiendo; así que además de las responsabilidades funcionales que deben hacerse efectivas, nos alerta sobre la urgencia de un cambio en la titularidad de dicha entidad, para retomar el paralizado reforzamiento de las capacidades éticas y jurídicas de las procuradurías de las entidades públicas. Así como la generación de una procuraduría contra el crimen organizado, en el sector Interior.
Cuarta. El sector Interior es el responsable de la seguridad ciudadana, es decir, de que el patrimonio, la libertad y la vida de las personas en cada ciudad, se encuentren garantizados. Hoy, las amenazas a esos bienes fundamentales, vienen de un lado, de la descomposición social y familiar y el consecuente deterioro de la salud mental, y de otro, de la actuación de organizaciones criminales en zonas urbanas y rurales. Un ejemplo trágico de esto fue el asesinato en estas fiestas patrias de Deysi Nelvith Carhua Cántaro, joven empresaria dueña de El encanto de la laguna de Los Milagros (Pueblo Nuevo, Leoncio Prado). Sin embargo, se dijo muy poco de medidas para afrontar esos males. Como logro se indicó que se desarticularon 211 organizaciones criminales y 10 mil bandas criminales, sin mayor detalle sobre lo que estas cifras significan en concreto para la seguridad de las personas y las comunidades. Y como anuncios se dijo que se crearán brigadas especiales en los 4 distritos con más incidencia delictiva en Lima, así como la unión de la estrategia vecindario seguro con la política barrio seguro, en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Acciones importantes; pero insuficientes en relación con los males expuestos.
Esta orfandad de resultados y de proyecciones es consecuencia de la carencia de liderazgo político del sector Interior, con la excepción del breve paso del ministro Avelino Guillén, quien no fue respaldado contra la mafia de venta de ascensos y colocaciones policiales.
¿Es posible revertir esto? Sí, con un nuevo Gabinete que se comprometa con el cumplimiento de las líneas de gobierno mencionadas en el mensaje presidencial de inicio de gobierno y delineadas en la Política General de Gobierno aprobada en octubre de 2021. Si esto no ocurre, difícilmente mejorará la seguridad de nuestra vida ciudadana.
