El miércoles 20 de marzo, acontecieron dos hechos de relevancia nacional. De un lado, en la ciudad de Huánuco, la ciudadanía movilizada en contra de la Ley Antiforestal 31973 logró que una congresista huanuqueña, impulsora de dicha normativa, cancelara una audiencia donde presuntamente explicaría su contenido, pero que en realidad buscaba difundir supuestos e inexistentes beneficios para los agricultores que han migrado a zonas originalmente boscosas y vienen desarrollando actividades agrícolas. La trascendencia de este acontecimiento radica en que mostró cómo sectores ciudadanos con objetivos claros – la “derogatoria ahora” de la Ley Antiforestal – y argumentos sólidos, pueden hacer retroceder a representantes políticos que, capturados por grandes intereses económicos, traicionan a sus electores al promover leyes que los perjudican.
De otro lado, se promulgó el texto de la Ley 31988, que cambia la Constitución al modificar 53 artículos, incluir dos nuevos (con 17 incisos en total) y derogar uno, la prohibición de reelección de congresistas. El conjunto de los nuevos artículos aprobados ha llevado a decir a muchos de entre quienes hemos revisado las nuevas normas, que en la práctica estamos ante una nueva Constitución. Aunque también hay quienes dicen que sólo es una reforma parcial de la actual. Por lo trascendental de los cambios injertados en el texto constitucional, sin debate y sin información de la mayoría de las personas, conviene recordar cómo los cambios aprobados influirán en nuestras vidas, en especial de quienes tienen menos recursos económicos para protegerse o huir ante desastres.
Así pues, debemos saber que el nuevo Senado será quien nombre a 3 directores del Banco Central de Reserva, ratifique a su presidente y eventualmente los remueva por falta grave, solo con 31 votos. Es decir, 31 personas decidirán sobre los encargados del manejo y la defensa del valor de nuestra moneda. Si decidieran como lo hace la mayoría de los actuales congresistas, para su beneficio personal, el precio de todos los productos podría subir al disminuir el valor del sol peruano. Con la misma mayoría ratificarán al presidente de la Superintendencia de Banca y Seguros, encargado de la regulación de bancos y aseguradoras. Y en cuanto a la prevención de la corrupción, con ese mismo número o quizá menos (el texto aprobado no lo precisa), el Senado nombrará y cesará al contralor general de la República. Lo mismo se regula para inhabilitar, suspender o destituir al presidente de la República, ministros, a ellos mismos, diputados; miembros de la Junta Nacional de Justicia; jueces de la Corte Suprema; fiscales supremos; magistrados del Tribunal Constitucional y al defensor del pueblo, “por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones”. También nombrará a los dos últimos mencionados, con 40 votos (dos tercios). En suma, los titulares de todas las entidades del Estado estarán bajo el poder de entre 31 y 41 senadores o senadoras, que podrán reelegirse indefinidamente y que, como ocurre con los congresistas de ahora, no tendrán ningún mecanismo de control ciudadano o de rendición de cuentas a sus electores. Además de confirmar, modificar o rechazar las leyes que apruebe la cámara de diputados. En una columna anterior detallé cómo se los elegirá: 1 por departamento, más 1 por Lima provincia y 1 por Callao, y 34 de entre las listas nacionales de las organizaciones políticas.
En consecuencia, podemos apreciar que estamos ante un nuevo orden constitucional, al margen de si se opina si es la misma Constitución de 1993 o una nueva. En cualquier caso, no olvidemos que este orden ha sido impulsado por organizaciones políticas con líderes y lideresas investigadas por pertenecer a presuntas organizaciones criminales y por congresistas sobre quiénes recaen imputaciones de diversos delitos relacionados con el uso de su poder para su beneficio personal.
Ante ello, así como se viene actuando en defensa de nuestros bosques, biodiversidad y ambiente al rechazar la Ley antiforestal y a quiénes la promueven, nos corresponde actuar para construir un nuevo orden constituyente de una sociedad y un país en donde podamos vivir con la tranquilidad de que las normas constitucionales dan el marco de una política para el servicio y el desarrollo.
