Las declaraciones de César Acuña, gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), en torno a la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, revelan una postura que, bajo el discurso de la “estabilidad” y la “gobernabilidad”, oculta una actitud complaciente con el desorden y la falta de transparencia que caracterizan al actual gobierno.
Acuña afirmó que su partido no promueve “censuras ni interpelaciones” porque buscan la estabilidad. Sin embargo, esta postura parece más una estrategia para evitar conflictos con el Ejecutivo que un verdadero compromiso con la gobernabilidad. En un contexto donde el Ministerio del Interior ha sido señalado por su ineficacia y posibles vínculos con intereses oscuros, la negativa de APP a cuestionar al ministro Santiváñez plantea serias dudas sobre su independencia y su voluntad de actuar como un verdadero contrapeso.
Reuniones opacas y falta de rendición de cuentas
Uno de los puntos más preocupantes es la evasiva respuesta de Acuña al ser consultado sobre las reuniones que congresistas de APP habrían mantenido con el ministro del Interior. El gobernador alegó desconocimiento y delegó la responsabilidad al vocero de la bancada, una actitud que refleja una falta de control sobre su propio partido.
Si el líder de APP no tiene conocimiento de las acciones de sus congresistas, ¿qué garantías hay de que no están actuando en beneficio de intereses particulares o grupos de poder? Esta falta de supervisión no solo debilita la credibilidad de Acuña, sino que también alimenta la percepción de que APP forma parte de una red de complicidades que beneficia a economías ilegales, grupos delictivos y organizaciones criminales.
El rol del Congreso y el debilitamiento de las instituciones
La actitud de APP en el Congreso también es motivo de preocupación. En lugar de ejercer un rol de control y equilibrio, los congresistas de este partido parecen actuar en connivencia con el Ejecutivo, contribuyendo al copamiento de instituciones autónomas y al debilitamiento del Estado de derecho. Esta dinámica no solo beneficia a intereses particulares, sino que también socava la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Indignación selectiva y doble discurso
Acuña mostró indignación por el manejo del incidente en el Real Plaza Trujillo, criticando a la empresa por su falta de acción. Sin embargo, esta indignación contrasta con su aparente indiferencia ante los problemas estructurales que afectan al país, como la corrupción, la inseguridad ciudadana y el desgobierno. Mientras exige responsabilidad a una empresa privada, parece evadir su propia responsabilidad como líder político en un escenario nacional marcado por la crisis institucional.
Las declaraciones de César Acuña y la actitud de APP reflejan una postura cómoda y evasiva, que prioriza la estabilidad aparente sobre la verdadera gobernabilidad. En lugar de asumir un rol activo en la supervisión del Ejecutivo y la defensa de las instituciones, Acuña y su partido parecen más interesados en mantener su posición de poder, incluso si eso significa tolerar el caos y el desgobierno.
Esta actitud no solo debilita la democracia, sino que también beneficia a aquellos que operan en las sombras: desde economías ilegales hasta grupos de poder que buscan aprovecharse de un Estado debilitado. La ciudadanía merece respuestas claras y acciones concretas, no evasivas ni dobles discursos.
