Durante años, los intentos de captura del sistema de justicia en el Perú fueron evidentes, toscos, difíciles de defender incluso para sus promotores. Vacancias exprés, destituciones groseras, atropellos sin pudor. Hoy el método ha cambiado. El objetivo sigue siendo el mismo, pero ahora se ejecuta con un manto de legalidad.
El caso de la fiscal suprema Delia Espinoza marca un punto de inflexión. No estamos ante una evaluación técnica aislada, sino frente a una operación política cuidadosamente administrada, envuelta en procedimientos disciplinarios, audiencias públicas y lenguaje jurídico que buscan legitimar una decisión ya tomada.
La JNJ como actor político
La Junta Nacional de Justicia, llamada a ser garante de la independencia judicial, ha cruzado una línea peligrosa. En el proceso contra Delia Espinoza, la imparcialidad ha quedado seriamente comprometida.
La participación activa de su presidenta, María Teresa Cabrera, quien no solo suscribió el informe acusatorio sino que además dirigió la audiencia, cuestionó a la investigada e interrumpió su defensa, constituye una vulneración evidente del principio de juez imparcial. Nadie puede ser, al mismo tiempo, parte acusadora y autoridad decisora.
Esto no es una cuestión de forma. Es una ruptura sustantiva del debido proceso.
El trasfondo real
Formalmente, se acusa a Espinoza de no haber cumplido una resolución que ordenaba la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Sin embargo, el fondo del conflicto es otro.
Delia Espinoza optó por no ejecutar una orden que consideró ilegal e inconstitucional. Ejerció criterio jurídico. No obedeció mecánicamente. Y en el actual escenario político, eso equivale a una falta imperdonable.
No se castiga una omisión administrativa.
Se castiga la autonomía.
Un mensaje disciplinador al sistema
Este proceso excede largamente la situación personal de una fiscal suprema. Es un mensaje dirigido a todo el Ministerio Público y al Poder Judicial:
quien no se alinee, quien cuestione, quien no se someta, será removido.
Antes fue Pablo Sánchez.
Hoy es Delia Espinoza.
Mañana puede ser cualquier magistrado incómodo.
Así se construye una justicia obediente.
Así se vacían las instituciones sin necesidad de cerrar el Congreso ni disolver tribunales.
Legalidad sin justicia
Lo más grave de este proceso no es la destitución en sí, sino la simulación de legalidad.
Expedientes prolijos.
Audiencias transmitidas.
Comunicados institucionales impecables.
Todo luce correcto en la superficie. Pero cuando la legalidad se utiliza como herramienta de disciplinamiento político, deja de ser garantía y se convierte en arma.
Antes el abuso era burdo.
Hoy es sofisticado.
Y por eso mismo, más peligroso.
Conclusión
La democracia no siempre muere con tanques en las calles. A veces se apaga lentamente, cuando la justicia pierde independencia y la legalidad se vacía de contenido.
Lo que hoy ocurre con la Junta Nacional de Justicia no es un episodio aislado. Es parte de un proceso mayor de captura institucional, ejecutado con eficacia, paciencia y cálculo.
Y frente a eso, callar no es prudencia.
Es complicidad.
