El Ejecutivo confirmó la disponibilidad de S/ 600 millones para dar inicio a la construcción de la Nueva Carretera Central, una obra considerada clave para mejorar la articulación vial del país. De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos iniciales del componente Túnel Pariachi se pondrían en marcha en junio, marcando el arranque de la fase constructiva.
La garantía financiera del proyecto fue ratificada tras una reunión de coordinación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas. En dicho encuentro se definieron los mecanismos presupuestales que permitirán avanzar sin interrupciones en la ejecución de esta infraestructura estratégica.
Financiamiento y etapas iniciales
Según la información oficial, el componente del Túnel Pariachi y sus accesos dispone de un presupuesto optimizado de S/ 2.537 millones. Para el ejercicio fiscal 2026 se requiere un desembolso de S/ 600 millones, de los cuales S/ 190 millones ya figuran en la Ley de Presupuesto vigente. Con estos recursos se prevé comenzar las labores preliminares, que contemplan la demolición de estructuras existentes y la adecuación del terreno para la posterior construcción.
Asimismo, el sector Transportes anunció que la Nueva Carretera Central será incorporada como proyecto prioritario en la programación presupuestal multianual correspondiente al periodo 2027-2029. Esta medida busca asegurar la continuidad de la inversión pública y evitar eventuales retrasos en el desarrollo de la obra.
De acuerdo con datos oficiales, el componente Túnel Pariachi y las vías de acceso asociadas cuentan con un presupuesto actualizado de S/ 2.537 millones. Foto: DPL NewsImpacto en conectividad y desarrollo
La nueva vía tiene como objetivo optimizar la conexión entre Lima y la sierra central, lo que permitiría acortar los tiempos de desplazamiento y elevar los estándares de seguridad en el transporte terrestre. Además, se espera que facilite el traslado de productos agrícolas, comerciales e industriales, impulsando la actividad económica en las regiones vinculadas a este corredor logístico.
Con la ejecución de este proyecto, el Gobierno apunta a fortalecer la infraestructura vial nacional y responder a la creciente demanda de movilidad y comercio entre la capital y el interior del país. La puesta en marcha de las primeras intervenciones será determinante para medir el ritmo de avance y consolidar los beneficios proyectados.
Aprueban interpelar al ministro de Transportes por el contrato de la Carretera Central
El Pleno del Congreso dio luz verde a la interpelación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barreto, quien deberá acudir al hemiciclo para absolver una serie de consultas vinculadas al contrato de la nueva Carretera Central y otros asuntos de su sector.
El anuncio fue realizado por el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, al informar que se admitió la moción de orden del día N.° 21430. Esta medida exige la presencia del ministro para que brinde explicaciones sobre el proyecto de inversión de la vía. Según lo establecido, el funcionario tendrá que presentarse ante el Pleno el jueves 19 de marzo a las 15:00 horas.
El Pleno del Congreso aprobó la moción para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barreto, por la Nueva Carretera Central. Foto: AndinaEntre los puntos que deberá aclarar figura la decisión adoptada el 3 de febrero de 2026 de poner fin al acuerdo de asistencia técnica con la firma francesa EGIS, el cual formaba parte del convenio de Gobierno a Gobierno suscrito con Francia.
La separación de dicha empresa se sustentó en reportes de la Defensoría del Pueblo que advierten que compañías asociadas a este grupo han sido sancionadas por el Banco Mundial y el BID debido a antecedentes de presuntas prácticas irregulares en el extranjero.
No obstante, desde el Parlamento se cuestionó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no haya comunicado oportunamente esta situación a las autoridades regionales, lo que —según señalaron— podría generar incertidumbre y abrir la puerta a eventuales controversias legales contra el Estado.
